Más de 517.000 “empresas fantasma” siguen inscritas en España sin presentar sus cuentas: 1 de cada 5 está en la Comunidad de Madrid

Un total de 517.189 sociedades mercantiles inscritas en España pueden considerarse “empresas fantasma” al carecer de actividad aparente y no presentar sus cuentas en el Registro Mercantil durante los últimos dos años, según el último estudio de Informa D&B. Esta cifra implica que cerca de una de cada cuatro sociedades españolas oficialmente registradas no cumple con la obligación legal de entregar su información financiera, a pesar de las sanciones previstas y del riesgo a ser utilizadas con fines fraudulentos.

Cabe destacar que el informe aclara que estas entidades no deben confundirse con las denominadas “empresas zombis”, que a pesar de su baja rentabilidad sí presentan cuentas y por tanto pueden ser objeto de análisis económico y financiero.

Madrid, Andalucía y Cataluña concentran la quinta parte

Según los datos del estudio, la Comunidad de Madrid reúne el 19,18% de todas las sociedades fantasma de España, lo que equivale a 99.185 compañías sin actividad detectable. Le sigue Andalucía con el 18,47% (95.530) y Cataluña acumula el 17,26% (89.263). Estas tres comunidades autónomas reúnen más de la mitad del total nacional, ya que en ellas se concentra la mayor parte de las sedes sociales tanto de grandes como de pequeñas empresas.

Otras comunidades con cifras relevantes son la Comunidad Valenciana (9,63%) y el País Vasco (6,10%), aunque notablemente lejos de Madrid, Andalucía y Cataluña. En el otro extremo, regiones como La Rioja, Ceuta y Melilla muestran tasas residuales que apenas pasan del 0,1%.

Los sectores con mayor presencia

En cuanto a la actividad declarada en el momento de su creación, las sociedades fantasma destacan principalmente en la construcción y las actividades inmobiliarias (24,73%), seguidas del comercio (21,43%). Los servicios empresariales suponen un 13,89% del total, mientras que la industria apenas representa el 6,21% de estas sociedades inactivas.

Otros sectores, como hostelería (8,21%), agricultura (2,07%), transportes (3,14%) y comunicaciones (3,30%), presentan una proporción mucho menor respecto al conjunto.

Empresas de poca antigüedad, aunque también históricas

El perfil temporal de constitución de estas entidades abarca desde empresas fundadas a lo largo del siglo pasado hasta sociedades de reciente creación. El 44,06% de todas las sociedades fantasma se constituyeron entre 1975 y 2000, mientras que el 19,2% corresponden al periodo de 2011 a 2020. Un llamativo 7,10% nació entre 2021 y 2025.

Al cruzar los datos, se observa que muchas empresas permanecen en situación de inactividad o sin regularización formal durante décadas, lo que apunta a una problemática estructural que ninguna reforma administrativa ha conseguido corregir de manera definitiva.

Escasa dotación de capital y riesgo de usos fraudulentos

Respecto al capital social, el informe muestra que cerca del 65% de las sociedades fantasma se constituyeron con menos de 5.000 euros de capital inicial. Este dato evidencia la facilidad para crear nuevas empresas con recursos mínimos, lo que favorece la proliferación y el mantenimiento de un elevado número de sociedades inactivas en los registros oficiales.

El mantenimiento de estas sociedades inscritas, pero sin actividad ni depósito de cuentas, representa un riesgo para el buen funcionamiento económico nacional, ya que pueden utilizarse como vehículo para actividades opacas o fraudulentas. Los autores del informe advierten sobre la necesidad de impulsar la liquidación formal y efectiva de este tipo de sociedades en vez de dejar que persistan sin control administrativo.

Existen sanciones, pero son insuficientes

A pesar de la existencia de sanciones por la falta de presentación de cuentas, el número de empresas fantasma permanece alto y estable. La persistencia del fenómeno indica que las medidas disuasorias resultan insuficientes y que, por tanto, sería necesario revisar los procedimientos para forzar la baja o liquidación de estas estructuras vacías.

La falta de control eficaz sobre las empresas fantasma sitúa a España entre los países con mayor riesgo de uso de sociedades opacas para fines no transparentes, según concluye Informa D&B en su estudio.