La Unión Europea pone deberes a España contra la corrupción: control de los ‘lobbies’, frenar el atasco judicial y proteger a los denunciantes

A más del 90% de los españoles le preocupa la corrupción y considera que las prácticas irregulares están generalizadas en el sector público. Así lo refleja el informe sobre el Estado de Derecho de 2026 publicado este viernes por la Comisión Europea, un documento con el que Bruselas vuelve a leer la cartilla a España al advertir que las buenas intenciones sobre el papel, como el reciente Plan Estatal Anticorrupción, no bastan si las reformas clave siguen paralizadas.

Los datos del Eurobarómetro incluidos en el documento reflejan que ese 92% de los ciudadanos españoles sostiene que las prácticas corruptas están extendidas en el sector público, una percepción que supera con creces la media de la Unión Europea, situada en el 68%. En el sector empresarial, la cifra se sitúa en el 85%, mientras que el 53% de los encuestados afirma sentirse afectado directamente por este problema en su vida diaria y solo el 34% confía en la eficacia disuasoria de las investigaciones judiciales.

El eterno laberinto de las macrocausas

En el ámbito de la persecución penal, la Comisión Europea otorga la calificación de “cierto progreso” a los esfuerzos para agilizar las causas por corrupción de alto nivel, como el ‘caso Koldo’ o el ‘caso Villarejo’. El informe valora positivamente medidas como la creación de nuevas plazas judiciales y fiscales, los refuerzos específicos en la Audiencia Nacional y el avance técnico en el diseño de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

Sin embargo, el documento advierte que la instrucción de estas grandes causas continúa sufriendo retrasos cronificados. Bruselas identifica tres motivos principales para este atasco: la extrema complejidad de los procesos con múltiples investigados, las demoras al solicitar asistencia judicial internacional y la lentitud en la emisión de los informes periciales financieros. Por ello, la UE urge a acelerar la reforma procesal penal con el objetivo de acortar de forma drástica la duración de estas investigaciones complejas.

Un supervisor sin capacidad de sanción y la parálisis de los ‘lobbies’

En el apartado de la prevención de la corrupción en la administración, la calificación de España desciende a “progreso limitado”. La Comisión Europea denuncia que la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) carece de las competencias y recursos necesarios para verificar de manera autónoma las declaraciones de bienes o sancionar de forma efectiva las incompatibilidades de los altos cargos del Gobierno. Para solucionarlo, anima a tramitar la Ley Orgánica de Integridad Pública que dote de autonomía real a este organismo.

La misma parálisis afecta a la regulación de los grupos de presión (lobbies). El informe vincula la falta de un registro obligatorio de lobbistas con el riesgo de tráfico de influencias y de “captura” del interés público por intereses privados. Bruselas critica que el proyecto de ley correspondiente acumule decenas de prórrogas en su periodo de enmiendas en las Cortes y exige la aprobación inmediata de una normativa integral y obligatoria para los grupos de interés.

Por otra parte, la Unión Europea señala que el Tribunal de Cuentas sigue detectando deficiencias en la transparencia de las fundaciones de los partidos políticos y en la fiscalización de las cuentas electorales. Asimismo, califica de “muy limitada” la persecución del cohecho internacional por parte de empresas españolas en transacciones comerciales extranjeras, registrándose un número mínimo de condenas en la última década.

De los contratos a dedo a los ‘whistleblowers’

El mercado de las licitaciones estatales aparece en el informe como una de las áreas más expuestas al riesgo de corrupción. Los medidores de la Comisión Europea reflejan que el 40% de las empresas españolas considera que el favoritismo les ha impedido adjudicarse un concurso público en los últimos tres años. Además, el informe revela que el 34% de las adjudicaciones se resolvieron mediante el procedimiento de “oferta única” (un solo licitador), un formato sin competencia que limita la transparencia y afecta de lleno a los contratos de servicios públicos esenciales.

Frente a estas irregularidades en los contratos, el documento analiza la situación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AAI), el organismo público creado precisamente para proteger a los llamados whistleblowers, aquellos empleados o ciudadanos que se atreven a “tirar de la manta” y denunciar casos de fraude de forma anónima.

Aunque la Comisión Europea valora que esta oficina ya esté operativa para garantizar que los denunciantes no sufran despidos ni represalias, denuncia que su despliegue real está paralizado por el contexto político. Al estar los presupuestos generales del Estado prorrogados, este “escudo” legal sufre severas restricciones económicas y no ha podido contratar al personal necesario. Como consecuencia, el organismo está desbordado y carece de recursos para investigar las más de 400 alertas ciudadanas de fraude que ya se acumulan sobre su mesa.

Los deberes que Bruselas impone a España en materia anticorrupción

Para tapar estos agujeros, la Unión Europea ha lanzado cuatro recomendaciones clave orientadas a arreglar los puntos más débiles. En primer lugar, urge desatascar los tribunales aprobando la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Bruselas pide que se acabe con los retrasos y se saque adelante esta nueva norma para recortar drásticamente los plazos de investigación en los grandes casos de corrupción, evitando que los procesos se alarguen durante años.

De forma paralela, el informe insta a reforzar el estatuto y la capacidad de sanción de la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI); para ello, demanda blindar por ley su plena autonomía, dotarla de los recursos financieros necesarios y otorgarle competencias reales de supervisión con capacidad de castigo vinculante sobre las declaraciones de bienes e incompatibilidades de los altos cargos.

La tercera de las exigencias se enfoca en la transparencia política, reclamando la aprobación inmediata de una legislación integral sobre los grupos de presión que ponga fin al bloqueo parlamentario y cree un registro público y obligatorio para regular la actividad de los lobbies y sus reuniones con los legisladores.

Por último, la Comisión Europea aborda la vulnerabilidad de los informantes, solicitando al Estado español asegurar de forma inmediata la dotación presupuestaria, material y de personal necesaria para que la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AAI) pueda completar su plantilla y tramitar la avalancha de alertas ciudadanas con plenas garantías de seguridad.