La Unión Europea alerta de los problemas de corrupción en España y de la excesiva duración de los procesos judiciales

El borrador del Informe sobre el Estado de Derecho de la Unión Europea de 2026, al que ha tenido acceso Agenda Pública, reconoce los avances impulsados por el Gobierno en materia de lucha contra la corrupción, pero mantiene sus advertencias sobre varias debilidades estructurales del sistema. Bruselas valora medidas como el Plan Estatal Anticorrupción y las reformas orientadas a reforzar la transparencia, aunque considera que todavía existen retos pendientes para mejorar la prevención, detección y sanción de conductas irregulares.

El documento, que será publicado el próximo 17 de julio, sitúa entre sus principales preocupaciones la excesiva duración de los grandes procedimientos judiciales, la limitada capacidad de los organismos de control sobre los conflictos de interés, los riesgos en la contratación pública y la necesidad de seguir avanzando en las garantías de independencia judicial. El análisis llega en un momento marcado por varios casos de corrupción de gran impacto político y judicial.

Bruselas destaca que el Ejecutivo español ha puesto en marcha nuevas herramientas para reforzar la prevención y la transparencia, entre ellas el Plan Estatal Anticorrupción anunciado en 2025. La estrategia contempla medidas en cinco ámbitos: la prevención de irregularidades, el refuerzo de los controles, la protección de quienes denuncien prácticas corruptas, la recuperación de activos y el impulso de una mayor cultura de integridad pública.

Sin embargo, la Comisión considera que la aplicación efectiva de estas medidas continúa siendo el principal desafío. El informe incide especialmente en la duración de los procedimientos judiciales vinculados a la corrupción de alto nivel, que pueden prolongarse durante años debido a la complejidad de las investigaciones, el elevado número de personas implicadas, los recursos presentados y la falta de especialistas.

Bruselas señala la lentitud de los grandes casos

Aunque reconoce algunos progresos, la Comisión Europea considera que los procedimientos por corrupción de alto nivel siguen prolongándose durante demasiado tiempo. Casos como Gürtel, Púnica o Kitchen, que comenzaron a investigarse hace más de una década, continúan generando actuaciones judiciales y evidencian las dificultades del sistema para resolver causas complejas con numerosos implicados.

Para Bruselas, el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal podría contribuir a agilizar estos procedimientos al atribuir la dirección de la investigación penal al Ministerio Fiscal, un modelo similar al de la mayoría de países europeos. La Comisión considera que este cambio permitiría acortar la fase de instrucción y hacer más eficaces los procesos penales frente a grandes tramas de corrupción.

Además de la duración de las causas, ponen el foco en la capacidad de las instituciones para prevenir posibles irregularidades antes de que lleguen a los tribunales. En este ámbito, Bruselas valora como un avance el proyecto de Ley de Administración Abierta aprobado por el Gobierno, que pretende reforzar el papel del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y dotarlo de una mayor capacidad de actuación frente a administraciones y organismos que incumplan sus obligaciones de información.

Conflictos de interés y contratación pública, entre los principales riesgos

El informe mantiene sus advertencias sobre la gestión de los conflictos de interés de los altos cargos. La Comisión Europea señala que la Oficina de Conflictos de Interés tiene una capacidad limitada para detectar y sancionar posibles conductas inadecuadas, y reclama reforzar las normas sobre incompatibilidades y declaraciones de bienes. Además, valora el proyecto de Ley de Integridad Pública, que contempla la creación de una agencia estatal que agrupe distintos organismos de control.

El documento también vuelve a señalar la falta de avances en la regulación de los grupos de interés y en la transparencia de la financiación de los partidos políticos. Además, sitúa la contratación pública como uno de los ámbitos con mayor riesgo de corrupción: el 40% de las empresas españolas considera que estas prácticas les han impedido ganar algún contrato en los últimos tres años, frente al 30% de media europea. El informe alerta también de que un 34% de las adjudicaciones se realizan con una única oferta, por encima del promedio comunitario.

El informe definitivo, que se publicará el 17 de julio, permitirá comprobar si la Comisión mantiene estas recomendaciones y si incorpora nuevas valoraciones sobre la evolución de la lucha contra la corrupción en España.