
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) atribuye a José Luis Rodríguez Zapatero un mensaje enviado a uno de los principales investigados del ‘caso Plus Ultra’, Julio Martínez, tras una gestión realizada “al más alto nivel” con autoridades venezolanas en favor de la aerolínea. “En tiempo y forma. Exitosa gestión”, escribió supuestamente el expresidente del Gobierno el 31 de julio de 2021 a Martínez, considerado por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama como “lugarteniente y figura visible” de la presunta trama de influencias investigada.
El mensaje aparece recogido en uno de los nuevos informes policiales incorporados a la causa a los que ha tenido acceso Infobae sobre el rescate público de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra durante la pandemia. La Policía sitúa el intercambio dentro de una serie de gestiones realizadas para desbloquear autorizaciones de vuelos entre Caracas y Madrid, uno de los frentes abiertos que mantenía entonces la compañía aérea con las autoridades venezolanas.
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Los investigadores identifican al remitente del mensaje como Zapatero a partir de un contacto guardado en el teléfono móvil de Julio Martínez bajo la letra “Z”. Para la UDEF, la conversación encaja con la tesis de que la red de contactos políticos y empresariales investigada siguió operando incluso después de aprobarse el rescate de la SEPI, actuando también en asuntos internacionales vinculados a la actividad de la aerolínea.
El episodio tiene especial relevancia dentro de la investigación porque refuerza el papel que la Audiencia Nacional atribuye tanto a Zapatero como a Julio Martínez en las gestiones relacionadas con Plus Ultra. El juez sostiene que Martínez desempeñaba funciones de intermediación política y empresarial dentro de la estructura investigada y le vincula directamente con la consultora Análisis Relevante, una de las sociedades centrales de toda la causa.
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Las conversaciones sobre Venezuela
Los informes de la UDEF reconstruyen cómo se desarrollaron las gestiones relacionadas con las autorizaciones de vuelos entre España y Venezuela durante el verano de 2021.
En las conversaciones intervenidas aparece Juan Manuel Teixeira, entonces presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC), mostrando su malestar por la comercialización de vuelos sin autorización previa y por las críticas que estaban llegando desde Madrid. “La culpa es de la aerolínea por comercializar vuelos sin contar con la autorización del país de destino”, trasladó Teixeira en uno de los mensajes recogidos por los investigadores.
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Según la Policía, Plus Ultra recurrió entonces a Julio Martínez para intentar desbloquear la situación mediante contactos institucionales en Venezuela. La UDEF sostiene que el empresario realizó actuaciones “al más alto nivel” para conseguir la autorización de vuelos y resolver el conflicto operativo de la compañía.
Es justo después de esas conversaciones cuando aparece el mensaje atribuido a Zapatero felicitando a Martínez por la “exitosa gestión”. Para los investigadores, el intercambio demuestra que el entorno investigado seguía interviniendo activamente en favor de la aerolínea mucho después de haberse aprobado el rescate público.
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La UDEF sostiene además que la relación entre Plus Ultra, Julio Martínez y el entorno de Zapatero no fue puntual ni limitada únicamente al rescate de la SEPI, sino una colaboración estable basada en contactos políticos e institucionales.
“Delcy que llame a Ábalos”
Los nuevos informes policiales también reconstruyen cómo comenzaron las gestiones para acceder a ayudas públicas en los primeros meses de la pandemia.
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Las conversaciones intervenidas reflejan la preocupación de accionistas y directivos de Plus Ultra por la situación económica de la compañía y muestran cómo empezaron a buscar apoyos políticos tanto en España como en Venezuela.
Uno de los mensajes más relevantes aparece fechado el 30 de marzo de 2020. Rodolfo Reyes, accionista vinculado a la aerolínea, planteó directamente activar contactos políticos venezolanos para facilitar el acceso a ayudas públicas españolas. “Delcy que llame a Ábalos. O alguien con Zapatero”, escribió Reyes, en referencia a la dirigente venezolana Delcy Rodríguez y al entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos. La respuesta llegó inmediatamente después: “El fin justifica los medios”.
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Para la UDEF, esas conversaciones muestran cómo Plus Ultra empezó a activar desde el inicio de la crisis sanitaria distintas “vías políticas” para intentar acceder a financiación pública. Los investigadores describen dos canales paralelos: uno vinculado al entorno de Ábalos y otro conectado con Zapatero a través de Julio Martínez y otros colaboradores.
La Policía sostiene que esas gestiones fueron escalando progresivamente desde intentos iniciales de obtener financiación ICO hasta los contactos relacionados directamente con el fondo de rescate gestionado por la SEPI.
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Ostras, champán y el “1%”
Los informes incorporan también conversaciones posteriores a la aprobación del rescate de 53 millones de euros en marzo de 2021. Según la UDEF, varios implicados manejaban información privilegiada sobre el avance favorable del expediente antes incluso de que el Consejo de Ministros aprobara oficialmente la ayuda pública. Los investigadores hablan de un supuesto “conocimiento previo y extra procedimental” sobre las decisiones internas de la SEPI.
En ese contexto aparece uno de los chats más llamativos de toda la causa. Tras conocer que la ayuda pública seguía adelante, directivos de Plus Ultra compartieron fotografías de una comida con ostras y champán en un grupo de mensajería donde participaba Julio Martínez. “Aviso para navegantes. La SEPI no aprueba esos gastos”, escribió Martínez en tono irónico. La respuesta fue inmediata: “Tranquilo, eso sale del 1%”.
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Ese “1%” ocupa ahora una posición central dentro de la investigación de la Audiencia Nacional. Según el juez Calama, la empresa Idella Consulenza Strategica, vinculada a Julio Martínez, firmó un contrato con Plus Ultra para percibir una comisión equivalente al 1% del rescate concedido por la SEPI, alrededor de 530.000 euros.
La investigación sospecha que parte de esos fondos pudieron canalizarse posteriormente a través de sociedades relacionadas con el entramado investigado. El auto judicial sostiene además que pocos días después de firmarse ese contrato se impulsó la creación de una sociedad offshore en Dubái destinada presuntamente a recibir pagos vinculados a esa operativa.
Los nuevos informes de la UDEF dibujan así una red de relaciones políticas, empresariales y financieras que, según la investigación, operó durante meses alrededor de Plus Ultra mezclando contactos institucionales, operaciones internacionales y movimientos económicos ahora bajo la lupa de la Audiencia Nacional.
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