El juez Calama autoriza a la UDEF a investigar las cuentas de la secretaria de Zapatero tras detectar que compró una vivienda sin hipoteca por más de 132.000 euros

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha autorizado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a ampliar la investigación patrimonial sobre Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, después de que los investigadores detectaran que adquirió una vivienda en Velilla de San Antonio (Madrid) sin recurrir a financiación hipotecaria y concluyeran que, con la información recabada hasta el momento, no han localizado operaciones que justifiquen la capacidad económica necesaria para afrontar el pago del inmueble.

La decisión forma parte del auto, al que ha tenido acceso Infobae, por el que el magistrado acuerda una amplia batería de diligencias para investigar las cuentas bancarias del expresidente, de sus hijas, de Julio Martínez Martínez y de varias sociedades vinculadas al entramado objeto de la investigación.

La resolución, fechada el 29 de julio, da respuesta a una petición formulada por la UDEF, que reclamaba acceder a la información bancaria y patrimonial de los principales investigados para verificar el origen y destino de los fondos analizados durante la instrucción. En el caso de Alcázar, los agentes sostienen que, aunque hasta ahora no han detectado ingresos procedentes del entramado societario investigado, su papel dentro de la estructura descrita en la causa hace necesario profundizar en el examen de su patrimonio.

Según recoge el auto que ha podido consultar este diario, la secretaria del expresidente “tendría un papel relevante en la operativa de la organización”, al intervenir en la gestión de comunicaciones, el intercambio de documentación y el control de la agenda relacionados con las actividades que investiga la Audiencia Nacional. La propia UDEF precisa, no obstante, que “hasta la fecha” no tiene constancia de que haya recibido fondos “procedentes, directa o indirectamente, del entramado societario investigado”. Aun así, considera conveniente realizar “consultas básicas relativas a su patrimonio” debido a la función que le atribuye dentro de la supuesta organización.

La compra de una vivienda sin financiación hipotecaria

El principal elemento que ha llevado a la UDEF a solicitar la ampliación de las pesquisas sobre Gertrudis Alcázar es la adquisición de una vivienda situada en el municipio madrileño de Velilla de San Antonio, de donde es, por cierto, alcaldesa su hermana Antonia Alcázar.

De acuerdo con el informe incorporado al auto, el inmueble fue adquirido mediante escritura pública el 12 de junio de 2023 y Alcázar ostenta el 100% de la propiedad. Los investigadores sostienen que la operación se realizó sin recurrir a un préstamo hipotecario y que el importe fue abonado mediante pagos periódicos por transferencia o domiciliación bancaria efectuados durante algo más de dos años, entre marzo de 2021 y junio de 2023, hasta completar un desembolso de 132.055 euros.

La UDEF añade que, tras revisar la información de la que dispone hasta ahora, no ha observado “otras operaciones que de alguna manera compensen esta transacción inmobiliaria o que aporten ingresos de efectivo, tales como herencias o ventas recientes de otras propiedades, que justifiquen la capacidad económica mostrada”. Ese extremo es el que lleva a los investigadores a solicitar autorización judicial para acceder a su información bancaria y patrimonial con el fin de comprobar el origen de los fondos empleados en la compra del inmueble.

El juez hace suya esa petición a efectos de la instrucción y acuerda recabar toda la documentación financiera necesaria para contrastar la información tributaria ya incorporada a la causa con los datos que obran directamente en las entidades bancarias.

El papel que le atribuye la investigación

La ampliación de las diligencias sobre la secretaria del expresidente se enmarca en la investigación que dirige el magistrado José Luis Calama sobre un supuesto entramado societario que, según la hipótesis recogida en el informe policial y reproducida en el auto para justificar las diligencias, estaría encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero.

La resolución resume que la investigación sitúa “en su núcleo una estructura organizada y estable” orientada, presuntamente, al ejercicio de influencias en favor de determinados clientes, entre ellos Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva y Softgestor. Según esa hipótesis, dichos servicios se habrían retribuido mediante contratos de asesoría presuntamente simulados y los pagos tendrían como destinatarios finales al expresidente y a Whathefav, la sociedad administrada por sus hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa.

En ese esquema, el juez reproduce que Julio Martínez Martínez actuaría como gestor funcional del entramado, interlocutor con los clientes y persona de confianza de Zapatero. Respecto a Gertrudis Alcázar, el auto señala que su participación sería distinta, al intervenir de forma constante en las comunicaciones, la documentación y la organización de la agenda, con “conocimiento suficiente del desarrollo de las actividades de influencia” investigadas.

Pese a esa valoración sobre su papel, tanto el informe policial como el auto distinguen su situación patrimonial de la del resto de investigados. La UDEF deja expresamente reflejado que, hasta el momento, no ha detectado transferencias o ingresos procedentes del entramado societario en favor de la secretaria del expresidente. Sin embargo, entiende que esa ausencia de movimientos identificados no excluye la conveniencia de examinar su patrimonio para esclarecer el origen de los fondos utilizados en la compra de la vivienda y verificar si existe alguna relación con los hechos objeto de investigación.

Para ello, Calama acuerda solicitar información a una decena de entidades financieras, entre ellas Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, Bankinter, ING, Deutsche Bank, Abanca, EVO Banco, Caja Rural y Caceis Bank Spain. El requerimiento comprende los extractos completos de las cuentas, la documentación de apertura, la identificación de titulares y autorizados, las transferencias realizadas y recibidas, los préstamos, depósitos, cajas de seguridad y cualquier otro producto financiero correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y la actualidad.

Además, el magistrado ordena que toda la documentación bancaria remitida por las entidades sea incorporada inicialmente a una pieza separada y reservada, con el fin de preservar los datos que puedan resultar ajenos a la investigación o afectar a la intimidad de los investigados. Solo una vez analizada esa información se incorporarán a la causa los documentos e informes que guarden relación con los hechos investigados.