El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), al que ha tenido acceso Infobae, reconstruye cómo los directivos de la aerolínea Plus Ultra accedieron a las ayudas públicas cuyo objetivo era paliar los efectos causados por la covid en las compañías aéreas, a raíz del confinamiento. La compañía investigada por la Audiencia Nacional obtuvo las ayudas públicas “fuera de los cauces legalmente establecidos” en dos pagos diferenciados: una primera prestación de 19 millones de euros y otra de 34 millones (53 millones de euros en total). No obstante, el segundo tramo de dinero fue bloqueado por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid mientras avanzaba la investigación.

En ese informe se revela una conversación entre Rodolfo Reyes, accionista de Plus Ultra, y su abogado Miguel Palomero, en la que se hablaba de “hacer un Kitchen Gabinet” para boicotear la investigación judicial. El informe de la UDEF señala una conversación del 20 de mayo de 2021 entre Reyes y Palomero, en la que este último le indica que al día siguiente va a preguntar para que le digan “de la juez del 15, cómo es” porque “la instrucción es muy importante” y subraya que “la fiscal jefa es amiga” y que “hay que cortar esto”.

“Absolutamente”, le responde Reyes, que añade que el accionista de Plus Ultra le dice que hable con Julio Martínez -presidente de la aerolínea- para cortarlo. “Hay que hacer un Kitchen Gabinet”, zanja Palomero.

Estas dos figuras clave, según consta en el informe, fueron los ideólogos de contactar con el entonces ministro de Transporte, José Luis Ábalos, para acelerar el rescate a la compañía. Rodolfo Reyes preguntó en marzo de 2020 a Palomero qué se le ocurría “a nivel político” para poder tener acceso a las ayudas públicas. “Tocamos a Ábalos”, le respondió el abogado. En diciembre de ese mismo año, Palomero volvió a dejar constancia del uso de la Justicia: “Hay que cuidar a los jueces, policías y funcionario jeje”.

El contexto subyacente de las conversaciones entre ambos se tornó peliagudo en mayo de 2021, momento en que el segundo lote de ayuda pública, por valor de 34 millones de euros, fue congelado. “Hay que cortar esto”, indicó tajante Palomero a Reyes. Fue entonces cuando entró en la ecuación Santiago Fernández Lena, abogado de Plus Ultra, a quien se le consultó cómo debía procederse con la Justicia.

Cómo se convirtieron Zapatero y sus hijas en los principales beneficiarios del caso ‘Plus Ultra’

La UDEF detalla en su informe un esquema de empresas offshore y filiales internacionales cuyo objetivo principal era dificultar el seguimiento de los fondos que, finalmente, beneficiaron a José Luis Rodríguez Zapatero y a su entorno familiar. El informe señala que se han realizado incautaciones de comunicaciones, análisis de correos electrónicos y movimientos en cuentas bancarias que muestran la articulación de la red con distintas entidades políticas y financieras.

Julio Martínez Martínez, amigo personal de Zapatero, aparece como administrador en múltiples sociedades con sede en jurisdicciones como las Islas Vírgenes Británicas. Según el auto de imputación del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, Martínez gestionó un total de 39 sociedades entre 2020 y 2024, de las que 20 permanecen inactivas por baja o por carecer de declaración de Impuesto de Sociedades y cifra de negocio nula. En todos estos casos, la policía ha detectado que las cuentas en el extranjero recibían ingresos procedentes del núcleo comercial investigado.

Sin embargo, las investigaciones policiales apuntan al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como principal cabecilla. “Esta red organizada estaría liderada y basada en los contactos de José Luis Rodríguez Zapatero”, apunta el escrito.Las hijas de Zapatero, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, figuran como administradoras de WhaTheFav, entidad que percibió al menos 239.755 euros desde Análisis Relevante S.L., así como transferencias superiores a 561.000 euros originadas por Inteligencia Prospectiva y distintos importes enviados directamente por Gate Center y Thinking Heads.

La documentación aportada a Hacienda y en el entorno bancario se fundamentaba únicamente en contratos y facturas generados por la red, sin que existiera constancia de contraprestaciones reales en cada caso. Aunque el informe revisa expedientes que muestran una vía recurrente para blanquear fondos: contratos falsos, facturación simulada, triangulación de pagos y enmiendas a los conceptos en las facturas durante su tramitación. Además, la red utilizaba a administradores formales que solo figuraban para dar apariencia de legalidad a la estructura de pagos, actuando de hecho como testaferros.