
La Comunidad de Madrid, a través de sus representantes, ha formulado una denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía contra el Rayo Vallecano, acusando al club de bloquear el acceso al estadio de Vallecas al personal que debía iniciar intervenciones consideradas “urgentes” para el mantenimiento del recinto. Según las fuentes del Gobierno regional, la decisión de presentar la denuncia llegó después de que tanto el vicepresidente como el jefe de los servicios jurídicos del club “se han negado a facilitar el acceso al personal técnico y operario designado por el Gobierno regional para ejercer las funciones de inspección, comprobación y ejecución derivadas de la suspensión cautelar de la concesión a causa de las deficiencias de seguridad detectadas en la instalación”.
El conflicto entre la entidad franjirroja y la administración autonómica se fue intensificando en las últimas semanas, pero la situación se agravó el miércoles anterior, cuando la Consejería de Cultura y Deporte anunció oficialmente la retirada de la concesión administrativa al club. El motivo central de esta decisión fue la negativa del Rayo Vallecano a proporcionar documentación esencial relacionada con la seguridad del estadio, documentación que la Comunidad de Madrid había solicitado en reiteradas ocasiones.
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A esto se sumó una auditoría llevada a cabo por la Administración regional que, según los informes oficiales, reveló unas “graves deficiencias” en las instalaciones. Entre los problemas más destacados se mencionan el “riesgo de incendio” y la existencia de potenciales amenazas sanitarias, situaciones que, a juicio de la Comunidad, hacían imprescindible una intervención inmediata. La auditoría fue calificada de “demoledora” por la propia Administración, subrayando la gravedad de las deficiencias detectadas en el estadio de Vallecas.

Con la extinción de la concesión, el Rayo Vallecano se ve obligado a buscar un estadio alternativo para disputar sus partidos oficiales, al menos durante las primeras jornadas de LaLiga, mientras se acometen los trabajos de reforma. Esta situación se prolongará hasta que el club y la administración regional lleguen a un nuevo acuerdo para la cesión del estadio, que sigue siendo propiedad pública.
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En este contexto, la mañana del miércoles estuvo marcada por la llegada de personal técnico de la Comunidad de Madrid a las inmediaciones del estadio de Vallecas. Entre los equipos desplazados se encontraban jardineros, electricistas, fontaneros y especialistas en climatización y ventilación, todos preparados para comenzar las tareas de mantenimiento y mejora calificadas como “urgentes” por el Gobierno regional. Sin embargo, la negativa del club a permitir el acceso impidió el comienzo de los trabajos dentro del estadio. Como alternativa, los operarios de la Comunidad iniciaron labores de reforma en el edificio anexo, también de titularidad pública, donde se encuentran actualmente varias federaciones deportivas madrileñas. Mientras tanto, los jardineros aguardaban en el exterior del recinto a la espera de poder revisar el estado del césped, una intervención que no pudo realizarse.
La Comunidad carga contra el Rayo
El consejero de Cultura y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, responsabilizó públicamente a la directiva del Rayo Vallecano por la situación creada. “A partir de ahora, cada día que el equipo no pueda jugar en su estadio será responsabilidad de la directiva del club”, afirmó tras confirmarse que los técnicos regionales no habían logrado acceder al estadio. De Paco fue más allá en sus declaraciones, criticando de forma explícita el comportamiento del club en referencia al presidente, Raúl Martín Presa: “Es el modus operandi del club desde siempre”, señaló, para añadir que esta actitud “es lo que está destruyendo la imagen y el prestigio del Rayo Vallecano y del estadio”.
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La hinchada del Rayo Vallecano vive con una emoción desbordante la previa del partido más importante.
El futuro del estadio de Vallecas y la solución al conflicto entre el club y la Administración autonómica permanecen en el aire. Los técnicos de la Comunidad de Madrid continúan a la espera de poder iniciar unas obras que consideran esenciales para la seguridad y el correcto funcionamiento de las instalaciones, mientras que el Rayo Vallecano afronta la necesidad de encontrar una solución provisional para no verse obligado a jugar fuera de su campo indefinidamente. El desencuentro institucional ha dejado en suspenso la actividad deportiva en el estadio y ha abierto un nuevo capítulo en la relación entre ambas partes, marcado por la tensión y la incertidumbre.
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