En medio de las negociaciones por el tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, una nueva regulación ambiental del bloque podría golpear a una industria clave del complejo agroindustrial argentino. Si se aprueba una norma que ya circula como borrador en la Comisión Europea, la Argentina podría perder su principal y prácticamente único mercado para el biodiésel.
El documento, que fue puesto en consulta pública por el organismo ejecutivo de la Unión Europea, propone revisar qué materias primas deben ser consideradas de alto riesgo por el llamado cambio indirecto en el uso del suelo, conocido como iLUC por sus siglas en inglés.
El concepto refiere al impacto ambiental que puede generar la expansión de ciertos cultivos destinados a biocombustibles. Según el criterio europeo, cuando aumenta la demanda global de una materia prima para producir energía, puede incentivarse indirectamente la expansión de la frontera agrícola en otras regiones del mundo, con posibles efectos sobre bosques o ecosistemas naturales.
En ese esquema, la soja quedó incluida dentro de los cultivos catalogados como de “alto riesgo”.
Entonces, en caso de que la regla avance en los términos planteados, hacia 2030 el biodiésel argentino -elaborado mayormente a partir de soja- no podría ingresar al mercado europeo dentro de los objetivos de energías renovables del bloque. En la práctica, esto dejaría fuera del sistema al producto local.
Impacto significativo
Según explica un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el impacto potencial es significativo, ya que la Unión Europea concentró en los últimos años prácticamente todas las exportaciones argentinas de biodiésel. Entre 2018 y 2025 el bloque representó en promedio el 97% de los envíos al exterior, mientras que, el año pasado, el 100% del biodiésel exportado por la Argentina tuvo como destino la Unión Europea, lo que generó ingresos por USD 322 millones.
Se trata de un sector, no obstante, que en sus mejores registros, durante 2022 y 2023, aportó unos USD 1500 millones y USD 1800 millones, respectivamente.
En el sector agroindustrial argentino señalan que este tipo de inconveniente no es nuevo en la política comercial europea. A lo largo de los años, el bloque implementó herramientas para-arancelarias vinculadas a estándares ambientales, sanitarios o de trazabilidad, que, sin ser aranceles directos, terminan encareciendo los procesos productivos y reduciendo la competitividad de los exportadores.
En este sentido, la Unión Europea también avanza con nuevas exigencias para productos como la carne y la soja provenientes de América del Sur, que deberán demostrar que no están asociados a procesos recientes de deforestación. Desde el sector advierten que cumplir con esos estándares implica mayores costos productivos, sin que necesariamente el mercado europeo esté dispuesto a pagar un precio más alto por ellos.
Dependencia de Europa
La dependencia del mercado europeo es estructural. Entre 2008 y 2022 cerca del 65% de la producción argentina de biodiésel se destinó a exportaciones. Sin embargo, con el cierre progresivo de distintos destinos externos —en parte porque muchos países comenzaron a desarrollar producción propia de biocombustibles— esa participación fue cayendo en los últimos años: en 2023 y 2024 las ventas externas representaron alrededor del 33% de la producción total y en 2025 descendieron a apenas el 28%, el nivel más bajo desde la creación de la industria.
Esta caída en los envíos al exterior se suma, además, a otras presiones regulatorias que el sector enfrenta en Europa. Los aranceles que aplica la Unión Europea al biodiésel importado se ubican actualmente entre el 25% y el 33%. Al mismo tiempo, el bloque impulsa subsidios e incentivos fiscales para sus propios productores en el marco de la transición energética, lo que dificulta la competitividad del producto argentino en el exterior.
Aunque no se trata de un impuesto directo, el nuevo esquema regulatorio obliga a los exportadores a vender con fuertes descuentos o a buscar compradores fuera del sistema de créditos regulatorios europeo, lo que en la práctica reduce aun mas la competitividad frente a los biocombustibles producidos dentro de la propia Unión Europea.
Presión sobre una industria exportadora
El posible cierre del mercado europeo ocurre en un contexto complejo para el sector. En Argentina, la última regulación redujo la tasa de corte obligatorio de biodiésel en el gasoil de 12,5% a 7,5%, lo que provocó una menor demanda interna. En 2025, mientras las ventas locales de gasoil y diésel subieron cerca de 2,5%, la comercialización de biodiésel retrocedió cerca de 10%. Además, el consumo total de combustibles fósiles permanece por debajo de los niveles de 2022 y 2023, lo que achica aún más la base sobre la que se aplica el corte.
La mayor parte de la producción nacional de biodiésel se concentra en el polo agroindustrial del Gran Rosario. Solo Santa Fe representó el 58% del total nacional en 2025, con infraestructura de procesamiento y exportación vinculada al complejo sojero. El sector se orientó desde sus inicios al mercado externo: muchas plantas surgieron alrededor de 2010 para abastecer a Estados Unidos, Europa y países de la región como Perú.
La legislación local reservó el abastecimiento del corte obligatorio a pequeñas y medianas empresas, mientras que las grandes agroexportadoras enfocaron su producción en el exterior. Este esquema dejó al sector vulnerable a regulaciones extranjeras. A lo largo de los años, varios destinos fueron restringiendo el acceso al biodiésel argentino: primero Estados Unidos, después Perú y, más tarde, la Unión Europea, que avanzó con limitaciones progresivas.
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