La investigación penal por el asesinato del excandidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio entró en una fase decisiva con la realización de nuevas diligencias judiciales y la convocatoria a decenas de versiones dentro del proceso que busca establecer a los posibles autores intelectuales del crimen ocurrido en agosto de 2023. A pocos días de que concluya la etapa de instrucción fiscal, el expediente incorpora nuevas comparecencias, peritajes y solicitudes de cooperación internacional que marcarán el cierre de esta fase procesal.
Según reportó El Universo, la Fiscalía ha dispuesto la convocatoria de varias personas para que rindan o amplíen sus versiones dentro del proceso penal, además de audiencias para la extracción de información de dispositivos electrónicos, peritajes económicos y psicológicos, así como pedidos de asistencia penal internacional dirigidos a Estados Unidos, España y Colombia. Estas diligencias forman parte del cierre de los cuatro meses de instrucción fiscal definidos para investigar la posible autoría intelectual del asesinato del candidato presidencial.
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La etapa de instrucción fiscal se cerrará el próximo 12 de marzo, cuando se cumplan los 120 días establecidos para esta fase del proceso judicial. En el expediente se investiga a siete personas señaladas como presuntos responsables intelectuales del asesinato de Villavicencio, quien murió en un atentado perpetrado el 9 de agosto de 2023, pocos días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales anticipadas en Ecuador.

De acuerdo con El Universo, los primeros 90 días de instrucción fiscal comenzaron el 3 de septiembre de 2025 con la formulación de cargos contra varias figuras señaladas por la Fiscalía dentro del caso denominado “Magnicidio FV”. Entre los procesados figuran el exministro del correísmo José Serrano; Xavier Jordán, implicado también en el caso Metástasis; el exasambleísta de la Revolución Ciudadana Ronny Aleaga; y Daniel Salcedo, quien cumple una condena superior a 34 años de prisión por delitos relacionados con corrupción en el sistema de salud y justicia.
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Posteriormente, la Fiscalía vinculó a tres presuntos integrantes del grupo de delincuencia organizada Los Lobos: Wilmer Geovanny Chavarría Barré, alias “Pipo”; su hijastro Ángel Esteban Aguilar Morales, alias “Lobo Menor”; y Luis Arboleda, conocido como “Gordo Luis”. Estas vinculaciones motivaron que la instrucción fiscal se extendiera por 30 días adicionales.
Según la teoría presentada por la Fiscalía, citada por El Universo, estos tres individuos habrían participado en la planificación del atentado contra el candidato presidencial. El organismo sostiene que los procesados habrían coordinado el ataque con apoyo de estructuras armadas irregulares de Colombia, supuestamente por encargo de Jordán, Serrano, Aleaga y Salcedo, a cambio de pagos económicos.
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En cuanto a la situación judicial de los investigados, todos tienen orden de prisión preventiva vigente. Sin embargo, únicamente dos de ellos —Daniel Salcedo y Luis Arboleda— cumplen la medida porque ya se encontraban privados de libertad por otros procesos penales cuando se abrió esta causa. Otros procesados han impugnado las órdenes desde el exterior: Serrano y Jordán lo han hecho desde Estados Unidos, mientras que Aleaga se encuentra en Venezuela. Por su parte, alias “Pipo” permanece detenido en España y sobre alias “Lobo Menor” no se ha informado públicamente su ubicación.
Entre los testimonios solicitados figuran el del agente del Buró Federal de Investigaciones (FBI) Andrew Scott Pickle, quien mantuvo conversaciones con varios de los ciudadanos colombianos detenidos como autores materiales del atentado contra Villavicencio. La comparecencia de este funcionario estadounidense fue solicitada por la defensa de alias “Pipo”.
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Asimismo, dentro de los pedidos formulados por las defensas se ha convocado a rendir versiones a personas que ya fueron condenadas por la ejecución material del asesinato, como Edwin Angulo, alias “Invisible”, y Laura Castillo, alias “Flaca”. También fue convocada Verónica Sarauz, viuda del candidato asesinado, quien deberá comparecer de forma telemática.
Uno de los pedidos más recientes provino de Daniel Salcedo, quien solicitó que varias personas sean llamadas a declarar. Entre ellas se encuentran la actual asambleísta de la Revolución Ciudadana y exministra de Justicia Lady Zúñiga Rocha, así como Alexis Mera, quien se desempeñó como secretario jurídico de la Presidencia durante el gobierno de Rafael Correa. Ambos deberán rendir su versión libre y voluntaria ante la Fiscalía en las diligencias programadas para el 12 de marzo.
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