
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue trasladado el 8 de marzo de 2026 al centro penitenciario de máxima seguridad conocido como la Cárcel del Encuentro, ubicado en la provincia de Santa Elena, en medio de los procesos judiciales que enfrenta por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo y comercialización de combustibles.
El movimiento se produjo el mismo día en que un tribunal anticorrupción dispuso una segunda orden de prisión preventiva en su contra dentro del denominado caso Triple A. La decisión judicial se adoptó luego de que los magistrados consideraran que el alcalde habría manipulado el dispositivo electrónico que debía portar como parte de las medidas cautelares impuestas previamente.
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Hasta ese momento, Álvarez permanecía recluido en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi, donde había sido ingresado en febrero de 2026 tras una primera orden de prisión preventiva dentro del caso Goleada. Ese proceso investiga una presunta estructura vinculada con delitos como delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria relacionados con actividades del sector de hidrocarburos.

Según reportes de medios locales, el traslado del alcalde incluyó un operativo de seguridad que combinó transporte aéreo y terrestre. Primero fue movilizado desde el centro penitenciario de Cotopaxi hasta el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Posteriormente, bajo escolta, fue embarcado en un helicóptero que lo condujo hacia el complejo penitenciario ubicado en la comuna Juntas del Pacífico, en el cantón Santa Elena.
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La defensa de Álvarez indicó que no había sido notificada previamente del traslado y cuestionó las condiciones en las que se ejecutó la medida. El abogado del alcalde, Ramiro García, sostuvo públicamente que su defendido sería mantenido aislado dentro del nuevo centro penitenciario, lo que —según su versión— dificultaría el contacto con su equipo jurídico.
Álvarez, empresario del sector de combustibles antes de ingresar a la política, fue elegido alcalde de Guayaquil en las elecciones seccionales de 2023. Su detención y los procesos judiciales abiertos en su contra han tenido repercusiones políticas debido a su cercanía con el movimiento Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa.
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En el caso Triple A, la Fiscalía sostiene que una red de empresas habría desviado más de 22 millones de galones de combustible, lo que habría provocado un perjuicio económico estimado en unos 61 millones de dólares. La acusación plantea que parte de las operaciones investigadas estarían vinculadas con compañías relacionadas con el alcalde.
Durante la jornada del 8 de marzo, Álvarez participó de manera telemática en varias diligencias judiciales. Entre ellas estuvo la instalación formal de la audiencia de juzgamiento del caso Triple A, que se desarrolla en el Complejo Judicial del norte de Quito. El tribunal dispuso que el proceso continúe en los próximos días y que el alcalde intervenga de forma virtual desde el centro penitenciario donde se encuentra recluido.
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El traslado hacia la Cárcel del Encuentro no fue acompañado inicialmente por una explicación oficial detallada por parte de las autoridades penitenciarias o del Gobierno. Sin embargo, versiones difundidas en el entorno del alcalde señalaron que la decisión habría estado relacionada con supuestos informes reservados que advertían de un posible riesgo para su seguridad.

La Cárcel del Encuentro es una de las instalaciones penitenciarias más recientes del sistema carcelario ecuatoriano. Fue inaugurada a finales de 2025 como parte de la estrategia del Gobierno para concentrar a presos considerados de alto riesgo en centros de máxima seguridad. En ese complejo también se encuentran recluidos cabecillas de organizaciones criminales y otras figuras vinculadas a procesos judiciales de alto perfil.
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El traslado del alcalde provocó reacciones en la opinión pública. María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, indicó en X que: “Llevar a Aquiles a una cárcel donde están criminales peligrosos es desproporcional, evidencia un ánimo persecutorio, y además, vuelve a la prisión preventiva en una forma de condena anticipada” y agregó: “Es muy grave la involución de este caso”. Por su parte, el penalista Pablo Encalada señaló que: “La cárcel de Santa Elena es de máxima seguridad. Diseñada para los criminales más violentos y peligrosos. Llevar ahí al Alcalde de Guayaquil es un acto de perversidad”.
El proceso judicial contra Álvarez continúa en los tribunales y se prevé que las audiencias del caso Triple A se reanuden el 14 de marzo. Mientras tanto, el alcalde permanecerá recluido en el centro penitenciario de Santa Elena, desde donde deberá seguir las diligencias judiciales de manera telemática.
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