Por cada nuevo empleo registrado en 2021 se generaron más de ocho en negro

La última Encuesta Permanente de Hogares del Indec en 31 aglomerados urbanos, correspondiente al tercer trimestre 2021, detectó que sobre un universo de 28,9 millones habitantes 12,4 millones estaban ocupados y 1,1 millones desempleados.

La extrapolación de esos datos al total país, con una población de poco más de 46 millones de personas, se observó en septiembre último que 19,8 millones estaban empleados y 1,6 millones permanecían desocupados.

En comparación con un año antes se observó la generación neta de casi 2,8 millones de los empleos, muy superior a los poco más de 2 millones que se habían perdido en el primer año con una tremenda crisis sanitaria, a tono con la tonificación que el Indec registró en la actividad económica en su conjunto.

Pero, así como la reactivación tuvo características muy heterogéneas, con sectores que lograron volver a los niveles previos a la irrupción del Covid-19, otros que se aproximaron y algunos que se mantienen muy rezagados, en el mercado laboral se advierte un fenómeno similar, que resulta de cotejar la variación del empleo total, asalariado e independiente, con el que informa mensualmente el Ministerio de Trabajo para la franja formal -registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)-.

Según esa última fuente, en los últimos 12 meses el total de los puestos asalariados registrados -la suma de los ocupados en relación de dependencia en el ámbito privado, en la administración pública Central, provincial y municipal, y bajo el régimen de casas particulares- aumentó en 209 mil puestos, aun por debajo de los 301 mil caídos en el año previo.

De ahí resulta una brecha de unos 2,5 millones de empleos que fueron los que se generaron en el segmento informal, desagregado en poco menos de 1 millones entre los ocupados en relación de dependencia y 1,5 millones en condición de empleados independientes.

Es decir, por cada nuevo puesto de trabajo en blanco que en términos netos se sumaron desde el tercer trimestre de 2020 hasta igual tramo del año siguiente, cuando comenzaron a flexibilizarse las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, la economía agregó 8,5 en la informalidad -sin descuento jubilatorio, en la definición del Indec-.

Esa relación se redujo a casi 5 nuevos asalariados ocupados en negro por cada uno en la legalidad, y se elevó a más de 17 en la franja cuentapropista. En ambos casos, se trata de amplios sectores del mercado de trabajo (4,8 millones de personas en el primer segmento y 2,9 millones de personas en el segundo) que obtienen, en promedio, menos de la mitad de los ingresos que logran los ocupados en la formalidad. De ahí la resistencia a la baja de los muy altos niveles de pobreza que el Indec midió en los últimos cuatro años.

Ese comportamiento del mercado laboral no es atribuible a los desajustes que generó la crisis sanitaria últimamente, ni a la ausencia de un plan económico pro inversión, con incentivos a la producción para el mercado interno y también el internacional, sino que se verifica desde el inicio del actual ciclo recesivo, en el tercer trimestre de 2018, aunque se manifestó con un rezago de seis meses en el mercado de trabajo.

Al parecer, el común denominador en ese período es la saturación de una legislación laboral de más de 45 años que quedó obsoleta y que se ha tornado insoportable por la mayor parte de las empresas, independientemente de su tamaño y maduración, en un escenario de sostenida creación de impuestos, tanto a la producción para el mercado interno como para la exportación.

Sin perspectiva de un punto de giro inmediato

Las expectativas para el corto plazo indican que se mantendrá el predominio del aumento de la precariedad laboral, tanto por la creciente participación de los ocupados en negro, como por el incremento más intensivo de los puestos de trabajo independientes -principalmente cuentapropistas y en casas particulares-.

Tres factores dominantes sustentan esas previsiones:

1) La persistencia de penalidades tributarias a quienes despidan personal, aun cuando se puedan fundamentar en la pérdida de capacidad de tracción de la economía real;

2) La incertidumbre sobre un acuerdo entre Gobierno y el FMI para refinanciar los abultados vencimientos de los próximos tres años, a partir de marzo, porque las reservas de divisas en el BCRA han caído a niveles críticos que anticipa nuevas restricciones a las importaciones de todo tipo de bienes, de consumo, como de uso intermedio, que llevarán a debilitar la actividad productiva, como se observó en octubre; y

3) La falta de vocación de los funcionarios del Gobierno por alentar una reforma laboral que incentive la contratación de trabajadores en relación de dependencia por parte del conjunto del sector privado, así como el aumento de la productividad en el uso de los factores de producción.

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