Renta básica universal: el Gobierno avanza en las características del sistema que sustituirá al Ingreso Familiar de Emergencia

El Gobierno ya está analizando distintas alternativas para implementar un programa de renta básica o ingreso básico universal luego de la cuarentena. La idea es que reemplace al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el programa que ofrece un bono de $10.000 a trabajadores informales, monotributistas sociales y empleadas domésticas, y que en agosto iniciará su tercera ronda de pago.

En las alternativas para implementar el programa están trabajando la Jefatura de Gabinete, tres ministerios -Economía, Desarrollo Social y Trabajo- y la Anses que por su capilaridad será la encargada de llegar a los futuros beneficiarios. Hasta ahora, en lo que coinciden es que el beneficio reemplazará al pago del IFE, pero no a otras prestaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o embarazo, que se mantendrán como hasta ahora.

“Se está pensando en un beneficio para personas en mayor estado de vulnerabilidad luego de la cuarentena. El IFE dejó un mapa claro de la situación”, comentaron fuentes cercanas al Gobierno. En ese mapa, por ejemplo, quedó en evidencia que 4 millones de personas nunca habían tenido un trabajo en blanco o una cuenta bancaria. Ese número sería el piso de beneficiarios a los que está pensando llegar el Gobierno con la renta o el ingreso universal.

Una de las opciones más avanzadas es que el programa estará también orientado hacia el empleo. Por ejemplo, una de las posibilidades en estudio es que las personas que lo reciban tengan además un proceso de capacitación y de inserción laboral en el sector privado. Por ejemplo, que las empresas puedan emplear a los beneficiarios, en una primera instancia, con fondos del Estado.

Otro aspecto importante en el que se trabaja es que no haya intermediarios entre el Estado y los beneficiarios. “Que el registro y el criterio de elección esté en manos del Estado y no de organizaciones intermedias”, destacaron los informantes.

“En el mundo ya hay un debate sobre el ingreso universal, a la luz de la inequidad y de las vulnerabilidades desnudadas por la pandemia. Más aún en países en desarrollo, donde el 50% de los trabajadores son precarios con ingresos inestables que caen a pique en las crisis. Pero no hay que confundir los términos: pocos países en desarrollo tienen los recursos fiscales para un ingreso universal”, señaló el economista Eduardo Levy Yeyati, decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella.

“Lo que hoy se discute son extensiones de los programas existentes, como la AUH para menores o la PUAM para adultos mayores o el reciente IFE. En este sentido, las propuestas apuntan a un piso de ingreso para eliminar la pobreza extrema y el hambre, más que a una renta universal para la que deberíamos ver primero un fuerte crecimiento del ingreso per cápita y una recomposición de las cuentas públicas”, agregó.

Aunque aun no hay precisiones sobre la implementación, podría considerarse como un ingreso mínimo universal a una transferencia equivalente a la línea de indigencia, no por hogares como el IFE, sino por persona, a los mayores de 18 años que no perciban ingresos. En ese caso, cada beneficiario debería tener una cuenta bancaria gratuita.

Antecedentes internacionales y limitaciones

Sin embargo, Levy Yeyati alertó sobre las dificultades que suelen tener los programas de inserción laboral. “Hoy los programas sociales ya piden esa contraprestación laboral, que suele reducirse al filtro de las organizaciones sociales, sin creación genuina de trabajo. Es ingenuo pensar que los beneficiarios de estos programas conseguirán un empleo en relación de dependencia: la Argentina, como muchos países en desarrollo, no crea suficientes empleos ni siquiera para su clase media formada, por eso los únicos trabajos que crecen son los precarios, independientes o informales”.

“Pedir una contraprestación laboral suena bien pero en la práctica es una invitación a inventar trabajos ficticios y solo fortalece el rol de los intermediarios. Tiene más sentido que el programa sea universal, es decir, no condicionado, acompañado de un programa serio de formación y certificación laboral”, opinó Levy Yeyati.

La financiación del programa, en tiempos de aumento del gasto público, será una de las claves. “Esos programas requieren aumento de gasto permanente, no de única vez. Por lo tanto hay que saber que, a menos que reemplaces otros programas, el gasto total aumentará. La Argentina tiene déficit crónico que no puede financiar”, advirtió Juan Luis Bour, director de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).

A nivel global, hubo varios intentos en Europa de implementación programas de renta básica. En Finlandia, entre 2017 y 2018, estuvo dirigido a desempleados a los que se les dio 560 euros, pero no fue continuado. En Barcelona, en 2018, hubo un proyecto (B-Mincome) para familias de barrios pobres. Y en Suiza se realizó un referéndum para ver si la población estaba de acuerdo, pero fue rechazado. Ahora, con la crisis pospandemia, el tema se vuelve a debatir.

“En la Argentina se podría hacer un ingreso universal reemplazando a todo el gasto asistencial que está muy superpuesto y desordenado, con repartos de dinero del Misterio de Desarrollo Social hacia las organizaciones sociales. Se puede llegar a pensar en unificar todo el gasto asistencial en una renta universal, pero no sería una solución a la pobreza“, detalló Jorge Colina, de Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa).

“Los países avanzados llegan a pensar en un ingreso universal porque todo el mundo genera ingreso y la mayoría altos ingresos. La Argentina es un país muy empobrecido, donde la gran mayoría es pobre. Es muy inconsistente en la Argentina”, agregó Colina.

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