Panamá aplaza por segunda vez uso del etanol mientras la Asamblea debate su obligatoriedad

La Secretaría Nacional de Energía decidió posponer la entrada en vigencia de la mezcla obligatoria de etanol en los combustibles, una medida que había sido planteada como parte de la estrategia de diversificación energética del país.

La resolución establece que el inicio del programa se aplaza para permitir ajustes técnicos, logísticos y regulatorios, en un contexto donde aún persisten dudas sobre la capacidad operativa para implementar el cambio de forma ordenada.

La resolución publicada en Gaceta Oficial confirma que la implementación del etanol en Panamá ha sido postergada en dos ocasiones, ya que originalmente debía entrar en vigencia el 1 de abril de 2024, luego fue aplazada al 1 de abril de 2026 y ahora vuelve a suspenderse sin una fecha definida.

La Secretaría Nacional de Energía condiciona su aplicación al cumplimiento de requisitos técnicos, logísticos y de producción nacional, lo que evidencia que el país aún no cuenta con las condiciones necesarias para ejecutar el programa.

Este nuevo aplazamiento refleja un desfase entre la planificación energética y la capacidad real del mercado para sostener la mezcla obligatoria.

De acuerdo con lo establecido en la resolución, uno de los principales factores para la postergación es la necesidad de contar con infraestructura adecuada para el almacenamiento, transporte y mezcla del etanol, así como asegurar estándares de calidad en los combustibles.

También se menciona la importancia de completar procesos de certificación técnica y coordinación entre actores del sector energético, incluyendo refinadoras, importadores y estaciones de servicio.

Sin estos elementos consolidados, la implementación podría generar distorsiones en el mercado o problemas operativos en la distribución nacional.

Otro aspecto clave es que la producción local de etanol aún no ha iniciado para sostener una mezcla obligatoria a escala nacional, lo que obligaría a depender en gran medida de importaciones en una fase inicial.

Esto introduce variables de costo, logística internacional y estabilidad de suministro que el gobierno busca evaluar con mayor precisión antes de avanzar, especialmente en un entorno de volatilidad en los mercados energéticos.

La decisión apunta a evitar que una implementación apresurada termine elevando los costos del combustible para los consumidores.

La resolución también deja claro que el objetivo de incorporar etanol en la gasolina se mantiene como parte de la política energética, pero bajo un enfoque gradual y técnicamente sustentado.

El etanol es visto como un componente que puede contribuir a reducir emisiones y diversificar la matriz energética, además de abrir oportunidades para el desarrollo agrícola e industrial.

Segundo debate

Este aplazamiento ocurre en un momento clave, ya que la Asamblea Nacional avanza en la discusión de un proyecto de ley que busca hacer obligatoria la mezcla de 10% de etanol en los combustibles en Panamá, lo que añade presión al debate técnico y político.

Entre crítica de diputados independientes, la iniciativa ya superó el primer debate y se espera que en los próximos días entre a segundo debate, donde podrían introducirse ajustes o precisiones sobre su implementación.

Durante el primer debate legislativo, diputados y actores del sector han señalado la necesidad de evaluar el impacto económico, ambiental y logístico de la medida, incluyendo su efecto en precios y en la competitividad del país.

No obstante, la principal crítica al proyecto es su carácter obligatorio, que, según sus defensores, resulta necesario para garantizar el marco jurídico que respalde las inversiones que tendrían que realizar las empresas para establecer la producción local.

El sector azucarero estima que la inversión inicial para poner en marcha la producción nacional de etanol rondaría los 500 millones de dólares.

De ese monto, cerca de 250 millones se destinarían a la adquisición de nuevas tierras para el cultivo de caña, y más de 120 millones a la construcción de destilerías, una infraestructura que actualmente no existe en el país. A esto se suma la inversión en maquinaria, logística y contratación de personal.

La Asociación de Azúcares y Alcoholes de Panamá, ha explicado que Panamá necesitaría alrededor de 22 mil hectáreas adicionales de caña para cubrir el 10% de etanol que exige la ley, una superficie similar a la que hoy se dedica a la producción de azúcar.