El Gobierno retiene el pago de subsidios a colectivos tras una auditoría: qué cálculo hacen y las tensiones que genera

La Secretaría de Transporte suspendió el pago de subsidios a varias líneas de colectivos señaladas en una auditoría iniciada tras la asunción de Fernando Herrmann en enero, luego de denuncias por irregularidades en la distribución de fondos. Aunque esto no quiere decir que todas ellas incurrieran en irregularidades, dado que la retención se realizó en base a la comparativa con los que se repartían bajo el esquema anterior. Ahora, se aguardan las presentaciones judiciales de las empresas involucradas.

Según informaron fuentes oficiales de la Secretaría de Transporte a Infobae, esta medida alcanza tanto los fondos correspondientes a meses anteriores y persistirá hasta que se determine el monto definitivo de desvío. La decisión impacta de lleno en el esquema de financiamiento de las operadoras y se vincula a supuestos desvíos en la distribución de los fondos estatales destinados a sostener el sistema de transporte público.

“Se están reteniendo los subsidios a las empresas involucradas, tanto de manera retroactiva como hacia adelante. Esta medida se mantendrá hasta alcanzar el monto definitivo que surja de la auditoría, iniciada en el recambio de autoridades de la Secretaría de Transporte en enero”, comentaron. Además, remarcaron que cuando termine el proceso “los montos retenidos se regularizarán y se abonarán de acuerdo con lo que corresponda, en función de los kilómetros recorridos y la cantidad de pasajeros transportados, conforme al esquema de cálculo vigente”.

La denuncia fue realizada en diciembre por la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba), la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (Ceutupba) contra el Grupo Metropol. Que habría registrado en el sistema SUBE trayectos de viajes largos —que habrían sido cortos—, lo que habría generado un perjuicio para el estado de $ 3.000 millones en 2025.

El proceso de control tomó fuerza tras la asunción de Herrmann al frente de la Secretaría de Transporte, en reemplazo de Luis Pierrini a principios de este año. El cambio de autoridades obedeció a una serie de tensiones y reclamos en torno a la política de subsidios y su aplicación práctica. La llegada de nuevos funcionarios activó una revisión integral sobre el modo en que las empresas reportan sus datos operativos y justifican los fondos transferidos por el Estado.

La auditoría se lanzó luego de que el Gobierno nacional recibiera denuncias que señalaban supuestas maniobras de manipulación en el cálculo y la rendición de los subsidios al boleto. La investigación apunta a determinar si existieron irregularidades en la carga de datos referidos a kilómetros recorridos, cantidad de coches en servicio y pasajeros transportados. La Secretaría actuó en respuesta a esas presentaciones y avanzó en el cruce sistemático de la información suministrada por las compañías con los registros oficiales.

Una fuente del sector empresario aportó una mirada sobre la metodología utilizada en la auditoría. Según detalló, en la Secretaría de Transporte realizaron un análisis estadístico en base a los datos de octubre de 2024, último mes en donde la distribución de subsidios fue por criterio de oferta (es decir, kilómetros, cantidad de coches). “Los desvíos por encima de ese promedio estadístico se retuvieron”, comentó. Aunque aclaro que esto no quiere decir que todas las empresas retenidas incurrieron en irregularidades.

Empresas: más control interno

El esquema de subsidios modificó su lógica desde octubre de 2024, cuando la distribución comenzó a hacerse según la demanda real, es decir, la cantidad y la distancia efectivamente transportada. Esta transición generó cambios en los procedimientos de control interno de las empresas. Muchas operadoras comenzaron a prestar más atención a los pagos que realizaban los usuarios, en un contexto caracterizado por la coexistencia de múltiples cuadros tarifarios y una marcada confusión entre los pasajeros sobre los valores vigentes. “Hay muchos cuadros tarifarios y la gente paga mal porque no sabe o porque trata de pagar boletos más cortos y baratos”, reconoció el representante empresario.

El testimonio empresarial indica que varias compañías implementaron sistemas de control para verificar el pago adecuado de los boletos. Esta estrategia, según explicó la fuente, derivó en la detección de desvíos respecto del comportamiento habitual. Ante estos movimientos, quienes presentaron las denuncias interpretaron que esos desvíos constituían actos ilícitos por parte de las empresas. Frente a tal escenario, la Secretaría de Transporte adoptó la decisión de retener preventivamente los subsidios mientras avanza la investigación.

Hasta el momento, ninguna de las empresas involucradas optó por acudir a la Justicia para revertir la retención de fondos. “Ninguna empresa todavía presentó nada en la justicia, justamente porque no hay pruebas aún. La investigación está en curso”, afirmó la fuente consultada por este medio. Los tiempos de resolución dependerán del avance de la revisión interna y de la presentación de los descargos por parte de las operadoras afectadas.

El caso se inscribe en un contexto de tensión creciente entre el Gobierno nacional y las cámaras empresarias del sector. El recambio de autoridades en la Secretaría y la apertura de la auditoría profundizaron la incertidumbre respecto del flujo de fondos y la sustentabilidad operativa de muchas líneas de colectivos.

A fines de enero, la cuestión salarial de los choferes se destrabó luego de varias audiencias entre las empresas de colectivos y la Unión Tranviarios Automotor (UTA). En donde las empresas pusieron sobre la mesa que atraviesan una “situación económica, financiera y operativa crítica y excepcionalmente grave”, mientras que la parte sindical alegó que el boleto de colectivo aumentaba todos los meses y se ofrece una suba salarial del 1%.

En esa instancia, ante el recorte de subsidios, las empresas aseguran que se encuentran ante un “estrangulamiento financiero”, ya que se ven forzadas a operar con ingresos estructuralmente insuficientes en un contexto de incremento constante y acelerado de los costos operativos —combustibles, insumos, repuestos, mantenimiento, seguros, cargas sociales y sostenimiento del parque móvil—. Aunque aseguraron que las distorsiones tarifarias y la falta de actualización adecuada fueron puestas de manifiesto a las autoridades competentes de ese entonces mediante múltiples presentaciones y audiencias, a la fecha no se han obtenido definiciones concretas.

El futuro inmediato de la situación dependerá del ritmo con que avance la auditoría y de la respuesta de las empresas ante los requerimientos de información y documentación. La Secretaría no estableció plazos precisos para la conclusión de la investigación, por lo que la incertidumbre persiste tanto en el sector empresario como entre los usuarios del transporte público.