Bienes Personales: la “mesa chica” del Gobierno definió que las cuentas del exterior tendrán un impuesto especial

Ya está confirmado un importante aumento de la alícuota, que actualmente llega al 0,75%. Pero se imponía la idea de incrementar aún más la presión sobre los activos de los contribuyentes fuera de la Argentina. Además, estudian gravar las donaciones gratuitas, principal figura para eludir el tributo

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El ministro de Economía argentino Martín Guzmán (Foto: Reuters)
El ministro de Economía argentino Martín Guzmán (Foto: Reuters)

Doble indemnización y aumento de las retenciones al campo. Las primeras decisiones concretas adoptadas a través de DNU por parte del gobierno de Alberto Fernández no sorprendieron a nadie. Las empresas que estaban pensando en achicar personal ya habían avanzado con despidos porque temían que con el cambio de administración podría volverse más complicado. Y las liquidaciones agropecuarias batieron todos los récords en diciembre para adelantarse a un posible aumento de la presión tributaria. Lo que viene por delante también estará dentro de las medidas “cantadas” hace ya varios meses.

El “dólar turista” es un buen ejemplo. ¿Cuál es el sentido de hacerlo si la brecha entre el tipo de cambio oficial y el “libre” apenas supera ahora el 5%? Justamente que el público estaba acelerando la compra de pasajes y paquetes al exterior para protegerse de una medida de estas características. Cada operación en ese sentido implica una pérdida de reservas para el Banco Central. La balanza turística, aún luego de las maxidevaluaciones, todavía representa un drenaje de más de 5.000 millones de dólares al año. La idea es que ahora quien quiera viajar utilice los dólares que ya venía ahorrando en vez de aprovechar la tarjeta para arbitrar entre los distintos tipos de cambio.

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Un cálculo realizado por Quantum Finanzas, la consultora de Daniel Marx (que fue designado recientemente como asesor en el reperfilamiento de deuda) alertó sobre el verdadero nivel de reservas “netas” que dejó el gobierno anterior. No serían USD 12.000 millones como dejaban trascender desde el Central o USD 15.000 millones como también se dijo luego de las compras que efectuó el BCRA en el mercado cambiario. Según el estudio, ascienden en realidad a sólo USD 8.500 millones. Esos serían los dólares disponibles para enfrentar los vencimientos de deuda hasta que llegue la reestructuración. A duras penas el nuevo Gobierno llegaría a marzo de 2020 en esas condiciones.

Dentro del “set” de medidas esperables se encuentra una que generó fuerte repercusión en los últimos meses: un aumento de la alícuota de Bienes Personales. El propio Alberto Fernández señaló en varias oportunidades que pediría un esfuerzo especial a los que más tienen para atender la emergencia del 40% que cayó en la línea de pobreza.

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La decisión de aumentar la presión sobre este impuesto ya está tomada. Pero hasta ahora no se había avanzado sobre la futura alícuota del impuesto. Éste fue uno de los temas que abordaron en las últimas hora los integrantes de la “mesa chica” del gabinete de Alberto Fernández. Allí participan el ministro de Economía, Martín Guzmán, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, el ministro de Producción, Matías Kulfas, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

Santiago Cafiero (Foto: Gustavo Gavotti)
Santiago Cafiero (Foto: Gustavo Gavotti)

Además de ir a una alícuota mayor (que debería ir a niveles máximos de 1,25% ó 1,50%), uno de los puntos que se mantiene en discusión es si finalmente gravar en forma diferencial a los activos que los argentinos mantienen en el exterior. No se trata de aplicar mayor presión sobre los que entraron al blanqueo hace dos años, porque estos contribuyentes ya regularon su situación ante el fisco y también ante la ley penal tributaria.

Pero sí podría diferenciarse entre aquellos que mantienen sus activos localmente y aquellos que manifiestan tenerlos fuera de la Argentina, incluyendo cuentas bancarias o inmuebles. Una decisión en este sentido es urgente porque se trata de un tributo que se paga según la “foto” al 31 de diciembre, es decir que quedarían pocos días hábiles para adoptar una resolución.

Sergio Massa, ahora presidente de la Cámara de Diputados, ya había propuesto hace dos años cuando se avanzó con la reforma tributaria aplicar un gravamen especial para los activos externos. Esto fue rechazado por Cambiemos, pero en aquel momento se decidió subir la alícuota de Bienes Personales de 0,25% a 0,75%, además de instaurar un nuevo gravamen: renta financiera. Aquellas medidas fueron duramente criticadas por el núcleo duro de votantes de Mauricio Macri, que había ingresado al sinceramiento fiscal con más USD 110.000 millones para que al poco tiempo les cambiaran las reglas de juego.

Otro de los puntos que podrían finalmente incluírse dentro de las nuevas medidas está relacionado con la posibilidad de gravar las donaciones gratuitas, dentro del denominado “impuesto a la herencia”. El objetivo principal de una medida de estas características no sería recaudatorio. En realidad, se buscaría cortar un instrumento clave para eludir el impuesto de Bienes Personales, que son los fideicomisos (o “trust”) irrevocables. Se trata de una figura que permite al contribuyente desapoderarse de sus activos y dejar de tributar.

Sin embargo, si esa “donación” al fideicomiso comienza a estar gravada, ya sería imposible efectuarla. En los últimos tres meses crecieron en forma exponencial las consultas a tributaristas y estudios de abogados de contribuyentes explorando esta alternativa para no quedar sujeto a una mayor presión tributaria por su patrimonio.

El Gobierno busca tanto con los proyectos de ley de emergencia económica como de solidaridad social que se elevarán al Congreso la próxima semana tener el camino allanado para dos objetivos simultáneos: la creación de nuevas fuentes de ingresos (retenciones, dólar turista, Ganancias y Bienes Personales), pero también un aumento del gasto vía suba extraordinaria de jubilaciones, asignaciones sociales y empleados públicos. De esta manera, el aumento del gasto estaría compensado con un aumento de la presión tributaria. Al mismo tiempo, caería el Pacto Fiscal, con lo que los gobernadores tendrían vía libre para volver a subir impuestos distorsivos, como Ingresos Brutos.

Los mercados reaccionaron favorablemente a las primeras señales de Guzmán en el ministerio de Hacienda. Sus primeras declaraciones llevaron cierta tranquilidad: el plan económico del nuevo gobierno no apunta a convertir a la Argentina en una nueva Venezuela ni mucho menos. Pero a partir de ahora la mirada estará puesta en las condiciones que tendrá el canje de deuda (se supone bastante más agresivo de lo indicado inicialmente) y también si lentamente empieza a recuperarse la confianza, luego del verdadero terremoto que sacudió a la economía a partir del 11 de agosto.

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