Vicentin: Molinos Agro y Dreyfus se bajaron de la carrera por quedarse con la gigante agroexportadora

La disputa por el control de Vicentin, la histórica agroexportadora argentina, cerró formalmente su capítulo final. En un comunicado que enviaron a la Comisión Nacional de Valores (CNV), Molinos Agro y Louis Dreyfus Company (LDC) desistieron de su propuesta para quedarse con el control de la compañía. Esta novedad marca el cierre de años de conflictividad judicial y empresarial, y consolida la transición definitiva del control de Vicentin al empresario Mariano Grassi. De esta manera, se marca el fin de una trama que mantuvo en vilo a productores, acreedores y empleados, ya que finalmente la cerealera tiene nuevos dueños tras un proceso judicial que se extendió durante más de seis años.

“La Sociedad ha decidido desistir de dicha participación en el proceso concursal de Vicentin (en virtud de lo cual, en el día de la fecha la Sociedad y LDC Argentina S.A. han presentado la documentación necesaria para implementar dicho desistimiento)”, sostiene el escrito que mandó Molinos Agro al ente regulador local a última hora del martes.

Según reconocieron fuentes cercanas al caso a Infobae, la carta de Molinos, la pata agroindustrial del grupo Perez Companc, y la francesa LDC ante la CNV es “una vuelta de página”, término con el que describieron el fin de una disputa que había enfrentado a las partes durante todo el año pasado. Este desenlace adquiere particular resonancia, dado que Molinos y Vicentin operan muy cerca geográficamente: la planta de molienda y la terminal de embarque de Vicentin están en San Lorenzo, donde Molinos Agro también tiene una fuerte presencia y terminales portuarias clave.

Seis años después del default, Vicentin encuentra un nuevo dueño

El 19 de diciembre de 2019, Vicentin ingresó en el default que activó su crisis más profunda. Con pasivos que superaron los USD 1.400 millones, la firma afrontó el mayor concurso de acreedores registrado en la historia económica de Argentina. La parálisis de sus actividades provocó efectos dominó sobre la economía regional, afectando a cientos de pequeñas y medianas empresas vinculadas a su cadena de valor. También tuvo un intento de expropiación en plena pandemia, durante el gobierno de Alberto Fernández.

Previo al proceso de salvataje, que terminó por adjudicar las acciones de la agroexportadora a Mariano Grassi, Vicentin tuvo varios intentos de salida. Anteriormente, tres empresas consideradas las “inversoras estratégicas” (Bunge, Viterra y ACA) habían presentado un acuerdo concursal que implicaba una fuerte inyección de capital a cambio del control de la empresa, propuesta que llegó a contar con la adhesión del 70% de los acreedores, pero que no logró el visto bueno de la Justicia.

En ese entonces, el Juez del concurso, Fabián Lorenzini, decidió el inicio del cramdown, instancia de salvataje prevista por la Ley de Concursos y Quiebras. A pesar de que cinco empresas se anotaron originalmente como oferentes en el proceso, solo dos llegaron a la fase final: la de Grassi, en representación de Commodities, y la propuesta conjunta de Molinos Agro y LDC.

Ambas empresas buscaron disputar el control presentando impugnaciones, incluidas objeciones sobre los vínculos de ciertos acreedores con el grupo Commodities y cuestionamientos a la validez de los votos que favorecieron la propuesta rival.

Sin embargo, dado que Grassi fue el primero en conseguir las mayorías necesarias que le requería la Ley -y las presentó una hora antes que sus contrincantes-, obtuvo la homologación judicial y rebautizó a la compañía como la Nueva Vicentin Argentina. El empresario había sido también el principal obstáculo para la aprobación del acuerdo concursal que proponían las ‘estratégicas’.

Con las acciones representativas del capital social de Vicentin en su poder desde mediados de diciembre del año pasado, Grassi activó su propio acuerdo de salvataje, que tuvo novedades recientemente.

Durante los primeros días de mayo de este año, la compañía comunicó la ejecución de los pagos iniciales a los acreedores categorizados como A1. La suma para esta categoría supera los USD 115 millones y comprende a más de 100 acreedores, quienes optaron por recibir granos en condiciones preferenciales, con la posibilidad de recuperar hasta el 200% del valor original de sus acreencias.

El cierre de la puja judicial

Por primera vez desde el inicio del proceso judicial iniciado poco más de seis años atrás, la agroexportadora argentina queda bajo una conducción consolidada. En medio de su crítico concurso, ocurrieron hechos importantes, como el intento de expropiación fallido promovido durante la pandemia por el gobierno de Alberto Fernández, que generó un clima de protestas y tensión política. En su etapa previa a la crisis, Vicentin había llegado a liderar las exportaciones nacionales con una facturación anual de USD 4.300 millones.

La retirada de Molinos Agro y LDC cristaliza un cambio de etapa para la agroexportadora. La verificación judicial otorgada al procedimiento del cramdown y la ejecución de los pagos establecidos permite destrabar parte del daño económico generado por el default y abre una nueva fase de administración bajo la conducción de Grassi y el rebautizado grupo Nueva Vicentin Argentina. La definición del concurso, luego de figurar como el proceso de quiebra más resonante y conflictivo del sector agroindustrial, elimina la principal traba para la reactivación productiva y comercial de la empresa en los mercados local e internacional.