De los cinco desembolsos del Acuerdo de asistencia financiera del Fondo Monetario Internacional a la Argentina que rige desde junio de 2018, cuando disparó el primer giro de USD 14.916 millones, solo dos tuvieron lugar en tiempo y forma, el segundo fue en diciembre último con USD 8.128 millones.
Por el contrario, los restantes ocurrieron con demoras de 20 a 40 días, como fueron los correspondientes a septiembre de 2018 -por USD 5.619 millones-, que se demoró hasta el 30 de octubre como consecuencia del replanteo de los términos del acuerdo original y el aumento de la asistencia a USD 57.000 millones, y entre 9 y 16 días de vencido el plazo: en abril de 2019, en pleno proceso de nueva crisis cambiaria, cuando transfirió USD 10.818 millones; y el último en julio, por USD 5.386 millones.
Ahora, tras el resultado de las PASO, con un contundente triunfo de la oposición al Gobierno y el resurgimiento de un discurso confuso sobre la necesidad de reestructurar los tiempos de repago de la deuda, además del cambio del ministro de Hacienda, no son pocos los que se plantean las dudas sobre un nuevo retraso hasta octubre o incluso diciembre del sexto desembolso, por otros USD 5.400 millones -en rigor un poco menos, porque bajó la cotización de la unidad de cuenta del FMI, los derechos especiales de giro (DEG), a 1,37 dólares por unidad-.
Aún parece prematuro especular con ese escenario, no solo porque todavía hay un margen de cinco semanas para que eso no ocurra; sino porque el Gobierno ha cumplido con la meta de reducción del déficit de las finanzas públicas a nivel primario, antes del pago de intereses de la deuda pública.
Sin embargo, despejar cualquier duda no parece una cuestión menor, no solo porque las condiciones de financiamiento en el mercado interno se han endurecido desde el lunes 12 de agosto, al saltar el índice de riesgo país a los 4 dígitos altos, al filo de los 2.000 puntos básicos, según el indicador de JP Morgan que publica Reuters, sino por los vencimientos de deuda pública hasta el fin de mandato.
Por qué la necesidad de la sexta cuota del acuerdo
De los USD 44.867 millones que le desembolsó el Fondo Monetario a la Argentina ya fueron utilizados en su totalidad para el pago de deudas, principalmente, y regulaciones en el mercado de cambios, de acuerdo con la flexibilización que el organismo concedió en abril último, según el siguiente detalle:
Desde el 23 de junio de 2018 el sector público no financiero cumplió con el pago de vencimientos de deuda en divisas del sector público en su conjunto por USD 43.406 millones, de acuerdo con la serie diaria del Banco Central de la República Argentina, según el siguiente detalle:
1. Obligaciones del Tesoro con acreedores del sector privado no financiero por USD 38.905 millones;
2. Poco más de USD 5.000 millones de las licitaciones diarias de USD 60 millones por parte del Tesoro para poder cumplir con los vencimientos de compromisos financieros en pesos;
3. La devolución a un conjunto de bancos extranjeros del REPO por USD 2.639 millones, el cual a su vez posibilitó reducir en USD 12.800 millones el saldo de la deuda pública que a fines de julio ascendía a USD 339.520 millones, y con eso recortó el aumento acumulado desde la firma del primer acuerdo de junio de 2018 a unos USD 3.300 millones; y
4. Deuda con otros organismos internacionales por USD 1.862 millones.
Ahora, según el detalle de vencimientos de deuda pública mensual en concepto de capital que presenta la estructura al 31 de marzo de 2019, el Gobierno deberá hacer frente al siguiente cronograma de pagos con financiamiento interno y el próximo giro de septiembre del FMI:
Septiembre: USD 1.970 millones de títulos públicos; USD 4.758 millones de Letes; y USD 383 millones con organismos internacionales;
Octubre: USD 715 millones de títulos públicos; USD 2.541 millones de Letes; y USD 167 millones con organismos internacionales;
Noviembre: USD 12 millones de títulos públicos y USD 484 millones con organismos.
En conjunto esos compromisos suman USD 11.030 millones, poco más del doble del sexto desembolso que se acordó en septiembre de 2018 con el FMI. El resto se prevé cubrir con la renovación de gran parte de los vencimientos de Letes, según el Plan Financiero que la Secretaría de Finanzas presentó a inversores y fondos de inversión antes del cambio del escenario político.
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