Se sabe que la inflación es el mayor impuesto que afecta a las familias con menores ingresos y que dependen de ingresos fijos como el salario, jubilación o pensión, o la asistencia de un plan social, porque en el mejor de los casos se ajustan con un rezago de 6 meses, ahora cada tres.
Una vez más, esa característica quedó claramente reflejada el mes último, cuando frente a una suba del promedio general de precios al consumidor de 6,5% la canasta básica alimentaria que determina el umbral de indigencia se encareció 8,5% y la canasta básica total, que incluye el componente de los servicios esenciales, aumentó 8,1 por ciento.
Semejantes incrementos, en un escenario de creciente recesión y deterioro acelerado del poder de compra de las remuneraciones, alimenta las expectativas de un punto de quiebre en las mediciones de los indicadores de pobreza e indigencia al cierre del corriente semestre.
El relevamiento del Indec sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares urbanos determinó que en septiembre una familia tipo necesitó reunir ingresos por $9.059,51 para no ser calificado de indigente y $22.558,17 para no caer debajo del umbral de pobreza.
Singular brecha con la dinámica de los ingresos de los trabajadores
El notable encarecimiento de las canastas de pobreza e indigencia fue aún más notable en comparación con el rezago que mes a mes registra el poder de compra de las remuneraciones.
El Salario Mínimo Vital y Móvil que se acordó en la última reunión del Consejo del Salario subió en septiembre 7%, a $10.700, entre 1,1% y 1,5% por debajo del aumento de las Canastas Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total, y se mantendrá en ese nivel hasta diciembre, cuando se incrementará 5,6%, a 11.300 pesos.
De ahí surge que la CBT para una familia tipo de 2 adultos y 2 menores requiere del ingreso de 2,1 Salario Mínimo Vital y Móvil, un 21% más que un año antes, cuando absorbía 1,74 veces ese ingreso de referencia que acumuló en los pasados 12 meses un ajuste de 20,8%, casi la mitad que la tasa de inflación.
Mientras que la Remuneración Imponible del Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que junto con el IPCN se utiliza para el ajuste de la movilidad jubilatoria, subió en los últimos 12 meses a agosto 25,4%, a $30.978, también mucho menos que el encarecimiento en ese período de la CBA (43,1%) y la CBT (46 por ciento).
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