Por qué se acordó subir el Impuesto a los Bienes Personales y postergar el ajuste por inflación

La economía argentina se caracteriza por tener una de las más alta presión tributaria del mundo para cubrir las necesidades de un sector público que ha mostrado no tener límites a la hora de gastar, sea para compromisos corrientes, como salarios, jubilaciones y planes asistenciales, o de capital, obra pública, y financieros, servicios de la deuda pública.

Y si bien los repetidos ciclos cortos de reactivación y recesión como los transitados en los primeros tres años de gobierno de Cambiemos son el claro reflejo del freno que la excesiva carga tributaria ejerce sobre la capacidad de desarrollo y crecimiento de las personas físicas y jurídicas (empresas), el Poder Ejecutivo, a través de decretos de necesidad y urgencia, como también el Poder Legislativo, siempre se las ingenian para aumentar los impuestos al comercio exterior, al patrimonio, y a las Ganancias, principalmente.

El criterio pareciera ser siempre el mismo: "Cualquier manifestación de riqueza o de ingreso que el administrador de la hacienda pública o el legislador advierta debe ser limitado con un impuesto o alícuota adicional", en busca de cumplir con uno o dos objetivos: incrementar la cuenta del gasto público, generalmente improductivo, o bajar el abultado déficit fiscal.

Rara vez se observa en esos dos poderes del Estado de derecho el mismo celo por detectar bolsones para la reducción y aumento de la eficiencia de los gastos del Estado, en particular en materia social, porque se los considera intocables, pese a que se sospecha históricamente que bajo ese paraguas se han cobijado gastos de la política para ser desviados hacia fines muchas veces espurios.

Más caja para las campañas de 2019

Esas motivaciones, de cara a un nuevo año electoral, habrían sido las que derivaron en un rápido acuerdo para tratar en el recinto del Congreso el aumento de la alícuota a los bienes personales y activos no destinados a fines productivos, en una escala progresiva, previa duplicación, a partir del año próximo, del máximo no imponible.

Pero también, y sin calibrar el efecto fuertemente distorsivo y negativo sobre las finanzas de las empresas, en particular de aquellas medianas y pequeñas que sólo logran cerrar balances con mínimas ganancias contables, por el solo efecto del impacto más fuerte de la inflación sobre sus activos que sobre sus deudas con proveedores, los diputados acordaron no sólo tratar el diferimiento por otro año más de la habilitación a las empresas del ajuste contable por la variación del índice promedio de precios de la economía, sino también cambiar el indicador y subir su cota.

Históricamente el factor de ajuste de los balances por inflación se determinaba por la variación del índice de precios al por mayor. Pero ahora, con la clara intención de evitar su inminente aplicación, por efecto del salto cambiario, los legisladores resolvieron modificarlo por el Índice de Precios al Consumidor, que no sólo ha venido subiendo a menor ritmo, sino que es el que Hacienda se ha propuesto que desacelere al 23% a diciembre de 2019, respecto del cierre del corriente año.

Pero ese cambio no satisfizo la voracidad fiscal y la vocación por incrementar la capacidad de cobro de impuestos por parte de la AFIP, sino que además se convino postergar el disparador del ajuste por inflación al 100% en el acumulado de 3 años, según la norma internacional de contabilidad 29 (NIC29), que en el caso del IPC nacional se cumplió con el índice de junio de este año, o cuando en cada período se superara el 33% anual, fenómeno que se cumplió en agosto en el caso de IPIM.

Ahora, se decidió no solo por el cambio al IPC, sino que el disparador inicial sea una suba acumulada en 12 meses superior a 40%, como ocurrió en septiembre.

Otra mala señal para atraer inversiones

Una de las grandes carencias de la economía argentina es el nivel de inversión productiva, el cual en la mayor parte del planeta se sustenta en el incentivo al ahorro privado.

Ese fenómeno es una vez más alimentado con iniciativas como las detalladas, porque, como se dijo, no solo revela la avidez del legislador por regular más impuestos, suba de alícuotas y postergación de la entrada en vigencia de normas que votó apenas un año antes, sino porque vuelve a dejar en claro el desprecio por la estabilidad de las normas y la seguridad jurídica.

Solo cuando los 3 poderes de gobierno: Ejecutivo, Legislativo y Judicial cumplan con el mandato constitucional de controlarse mutuamente para evitar la tentación del cambio de las normas con fines políticos, el país podrá dar los primeros pasos hacia la maduración de las instituciones, y hacia el progreso de la economía y de la sociedad en su conjunto.

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