Piden que comisión investigadora de las Elecciones Generales 2021 se detenga debido a que da gastos innecesarios

Las denuncias de los partidos Renovación Popular en alianza con legisladores de Fuerza Popular, Avanza País y un sector de Alianza para el Progreso (APP) no seguirán debido a que “no hay elementos de convicción para formalizar ni seguir con la investigación preparatoria”.

Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Foto: Andina.
Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Foto: Andina.

La Comisión investigadora que conforma el actual Congreso apenas entró en funciones se encontraba investigando si se atentó “contra el orden electoral y la voluntad popular” durante las Elecciones Generales del 2021.

Este grupo investigador se aprobó el 8 de setiembre del año pasado. Dicha iniciativa fue impulsada por parlamentarios de Renovación Popular en alianza con legisladores de Fuerza PopularAvanza País y un sector de Alianza para el Progreso (APP), quienes se negaban a aceptar los resultados de la segunda vuelta electoral entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori.

El pasado 13 de enero, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que la Fiscalía archivó seis denuncias por presunta falsificación y suplantación de miembros de mesa en la segunda vuelta electoral de los comicios presidenciales, estas denuncias fueron formuladas por Fuerza Popular.

No hay elementos de convicción para formalizar ni seguir con la investigación preparatoria por la presunta comisión de delito contra la fe pública, en la modalidad de falsificación de documentos durante la segunda elección presidencial de las Elecciones Generales 2021″, se lee en los resultados de la pesquisa fiscal.

Muchos actuales congresistas se pronunciaron acerca de la Comisión Investigadora del Congreso, entre ellos, Wilmar Elera, vocero alterno de Somos Perú, señaló que el grupo de trabajo parlamentario debería desactivarse. Comentó que si la Fiscalía decidió archivar las denuncias, no tiene sentido que se siga investigando, recomendó además a sus compañeros que “sean muchos más inteligentes y que su tiempo lo dediquen otras gestiones”.

“He manifestado que hubo irregularidades, como en todo proceso electoral, pero lo que nunca ha habido es fraude. Tampoco, firmas falsas. Lo que pasa es que había que agarrarse de algo para tratar de anular una elección, la cual se había ganado de forma legal. En ese sentido, el Ministerio Público lo que ha hecho es archivar este caso”, expresó el congresista al diario La República.

Después de todo lo mencionado por la Fiscalía, el presidente del grupo de investigación comentó a La República que el grupo parlamentario planea emitir su informe final en el mes de abril, donde también se propondrán modificaciones para las leyes electorales.

“Simplemente, vamos a terminar el informe que va a salir al término de la investigación. Algo muy importante que estamos trabajando en este tema es de recomendaciones para modificar el tema electoral, las cosas en (las) que se han cometido errores y que la OEA también lo ha dicho en su informe. Entonces, de acá van a salir cosas positivas, no negativas”, dijo.

“GASTOS INNECESARIOS”

Algunos especialistas en estos temas, mencionan que esta investigación solo ocasionó que se realicen gastos innecesarios, debido a que, desde que Pedro Castillo asumió la Presidencia, organismos nacionales e internacionales mencionaron que no había pruebas para denunciar fraude electoral.

“Lo que se espera es que la comisión se cierre, ya no tiene sentido que se investigue lo investigado. Sí, es posible modificar las leyes electorales por parte de los congresistas, pero a través de los proyectos de ley, porque la finalidad cuando se crea una comisión es investigar y generar un informe final de asunto público e interés nacional”, explicó Katherine Zegarra, especialista en Ciencias Políticas, en una entrevista con La República.

Además, afirmó que los recursos que el Estado está utilizando son de forma innecesaria por parte de los congresistas que integra esta comisión.

Por su parte, el politólogo y docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Alonso Cárdenas, indicó que, desde un inicio, no se debió instalarse la comisión y calificó al proceso como un “capricho” de los grupos de poder que no aceptaron los resultados del proceso democrático.

“Desde ante ya se sabía que no había fraude electoral. Esto en realidad es un capricho de un grupo de poder que no quería reconocer los resultados de las elecciones. Van a seguir despilfarrando los recursos del Estado. La investigación ya no tiene sustento con las resoluciones de la Fiscalía y con respecto a proponer modificaciones a las leyes, solo planean que en un futuro electoral no respeten decisiones democráticas”, comentó.


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