Abogado de Pedro Castillo considera “un abuso total” la actuación de la fiscal Norah Córdova

Para el abogado del mandatario, el pedido de allanamiento de la fiscal provincial evidenciaría un marcado sesgo que tiene Norah Córdova por la forma ilegal de su procedimiento.

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Eduardo Pachas considera que Norah Córdova busca elaborar un plan para la vacancia del presidente de la República. | Canal N
Eduardo Pachas considera que Norah Córdova busca elaborar un plan para la vacancia del presidente de la República. | Canal N

Eduardo Pachas, el abogado del presidente Pedro Castillo, cuestionó el pedido de la fiscal provincial Norah Córdova para allanar la sede de Palacio de Gobierno y señaló que la representante del Ministerio Público está abusando y vulnerando las leyes al investigar al jefe de Estado.

Sostuvo que los bienes que están dentro Palacio son declarados monumentos históricos y si se destruyen, como estaría pretendiendo la fiscal Córdova, se cometerían delitos de destrucción de monumentos históricos.

“La fiscal Norah Córdova ha pedido una orden de allanamiento a Palacio de Gobierno con rotura de puertas, cuando la ley señala que Palacio de Gobierno es un monumento histórico desde 1986 y que inclusive los bienes que están dentro Palacio, en la cámara de seguridad y en el despacho presidencial, son declarados monumentos históricos y que se destruyan como está pretendiendo esta señora, Norah Córdova, cometerían el delito de destrucción de monumentos históricos”, declaró en una entrevista en RPP.

SEGURIDAD DE ESTADO

Pachas remarcó que, según la ley de transparencia, la documentación que tiene el mandatario es considerada calidad de seguridad de Estado y es de nivel secreto, así como la confiabilidad de seguridad interna y también otros secretos en cuestión a la salud o datos del presidente.

Por ello, el pedido de allanamiento, según el abogado del presidente, evidenciaría un marcado sesgo que tiene Norah Córdova por la forma ilegal de su procedimiento.

¿CÓMO INVESTIGAR A UN PRESIDENTE?

La defensa de Castillo recordó que para investigar a un presidente, única y exclusivamente lo puede hacer la fiscal de la Nación, en este caso Zoraida Ávalos Rivera, y ante el juez supremo más antiguo, por tal motivo “la fiscal Córdova no tiene la competencia ni el juez de investigación preparatoria tampoco”.

“Ella no puede investigarlo y si fuera en calidad de testigo, tampoco, porque solo puede hacerlo la fiscal de la Nación”, añadió Pachas.

“UN PLAN PARA LA VACANCIA”

Eduardo Pachas considera que Norah Córdova busca elaborar un plan para la vacancia del presidente de la Repúblicay está vulnerando y sorprendiendo al juez al que le está pidiendo que rompan las puertas de un monumento histórico.

Lo que reclamamos es el debido proceso, el derecho a la defensa, la inviolabilidad de domicilio y que se respete el estado de Derecho”, añadió

Finalmente, anunció que ha presentado un recurso de habeas corpus para evitar que la fiscal provincial realice los allanamientos en Palacio de Gobierno por, presuntamente, no demostrar objetividad en su labor e instó a la Junta Nacional de Justicia actuar de oficio y dictar la medida cautelar para que Norah Córdova se abstenga del caso.

ABREN INVESTIGACIÓN CONTRA NORAH CÓRDOVA

La mañana de domingo también se conoció que la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público abrió indagación preliminar contra la fiscal provincial Norah Córdova, quien investiga el caso Petroperú, y los fiscales adjuntos Luis Medina Rodrigo y Luis Mina Abando, por incurrir en presuntas infracciones administrativas en el ejercicio de sus funciones.

Los fiscales, quienes pertenecen a la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, habrían cometido infracciones durante la ejecución de una diligencia en Palacio de Gobierno el pasado 20 de diciembre.

El Ministerio Público ha pedido a Norah Córdova, Luis Medina Rodrigo Luis Mina Abando que presenten un informe de los hechos en un plazo de cinco días después de haber sido notificados. Además, dispuso las diligencias para el esclarecimiento de los hechos por un plazo de 30 días.

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