El legado ambiental de Panamá que América Latina debería mirar

La reciente salida de Juan Carlos Monterrey como primer Enviado Especial para el Cambio Climático de Panamá abre una oportunidad para mirar algo trascendental: la política ambiental que ayudó a diseñar y la conversación que deja para América Latina.

Panamá entendió algo que buena parte de la región todavía no termina de asumir: seguimos intentando resolver una crisis sistémica con instituciones fragmentadas.

El cambio climático tiene su estrategia. La biodiversidad, la suya. Los océanos, otra. La degradación de tierras, la contaminación y los plásticos suelen avanzar por caminos distintos, con metas e instituciones que rara vez conversan entre sí.

La naturaleza, sin embargo, no funciona así.

Un bosque regula agua, captura carbono, sostiene economías locales y reduce riesgos de desastres. Un manglar no distingue entre adaptación climática, pesca, protección costera o carbono azul. Una cuenca tampoco se rige por las competencias que cada ministerio tiene sobre cada uno de sus problemas.

Panamá decidió empezar a gobernar esa realidad de otra manera.

Esa idea está detrás del Nature Pledge, o Pacto de Panamá con la Naturaleza, una arquitectura que busca articular bajo una visión común los compromisos nacionales sobre clima, biodiversidad, océanos, tierras y contaminación por plásticos.

No es solamente un ajuste administrativo. Es un intento para evitar que la diversidad de compromisos ambientales produzca también burocracias, proyectos y prioridades desconectadas.

Monterrey tuvo un rol central en esa construcción.

Antes de asumir como Enviado Especial, fue negociador climático y director nacional de Cambio Climático. Desde esas posiciones ayudó a conectar tres mundos que con demasiada frecuencia avanzan separados: la diplomacia internacional, la política pública y la realidad territorial.

Su liderazgo contribuyó a instalar una idea ambiciosa: que clima, biodiversidad, océanos y territorio no son agendas independientes, sino dimensiones de una misma discusión sobre desarrollo. Ese tipo de liderazgo al interior de los gobiernos, puede hacer una enorme diferencia.

América Latina necesita funcionarios capaces no solo de administrar compromisos, sino de conectarlos y convertirlos en dirección política. Monterrey ayudó a proyectar a Panamá como un país dispuesto a experimentar con una gobernanza ambiental menos fragmentada.

La relevancia de esta experiencia trasciende Panamá.

Los problemas ambientales casi nunca llegan separados. Una misma cuenca puede involucrar a autoridades ambientales, agrícolas, energéticas, municipales y de gestión de riesgos. Un bosque amazónico puede ser relevante para las metas climáticas, pero también para la seguridad hídrica, la agricultura y la estabilidad económica de territorios enteros.

Sin embargo, seguimos organizando la acción pública como si esos problemas fueran independientes.

El resultado es previsible: recursos dispersos, intervenciones que se superponen y comunidades que reciben proyectos aislados sin una visión sostenida del territorio.

El valor del Nature Pledge está precisamente en romper esa lógica.

Restaurar un manglar puede ser simultáneamente una inversión en resiliencia costera, seguridad alimentaria, biodiversidad y economía local. Proteger una cuenca significa también proteger ciudades, agricultura, energía y capacidad de respuesta frente a desastres.

Y es precisamente ahí donde América Latina y el Caribe deberían prestar atención. Como hogar de cerca del 40% de la biodiversidad global, la región tiene mucho más en juego que casi cualquier otra parte del mundo.

Nuestro problema no es solo la ausencia de compromisos ambientales. Es nuestra dificultad para lograr que funcionen juntos.

La pérdida de ecosistemas altera ciclos de lluvia, afecta el agua y perjudica economías locales. La degradación de cabeceras de cuenca compromete ciudades, agricultura y energía. Las economías ilegales destruyen ecosistemas, pero también capturan territorios, amenazan a defensores ambientales y erosionan instituciones.

Tratar estos fenómenos como asuntos independientes es una mala lectura de la realidad.

Por eso necesitamos avanzar hacia una lógica de naturaleza como infraestructura crítica: reconocer que bosques, humedales, cuencas, montañas y ecosistemas costeros sostienen funciones indispensables para el país, igual que carreteras, puertos o redes eléctricas.

No se trata de reducir a la naturaleza a su rol económico. Todo lo contrario, trata de reconocer su rol ecológico y biocultural, entendiendo a la par que buena parte de nuestra economía depende de sistemas naturales que todavía tratamos como externos a ella.

Panamá nos deja una orientación valiosa: integrar antes que fragmentar, planificar antes que reaccionar y reconocer que la naturaleza no es el capítulo ambiental de una estrategia de desarrollo. Es una de sus condiciones fundamentales.

Y deja también otra lección: las instituciones importan, pero también los liderazgos capaces de conectar agendas y convertir visión en política. Juan Carlos Monterrey fue fundamental para hacer eso en Panamá.

Su salida cierra una etapa. El verdadero legado dependerá de que la visión que ayudó a construir no salga con él.