Crisis judicial destapa un caso de presunta injerencia en las elecciones municipales de marzo en Bolivia

La detención de autoridades judiciales está destapando una serie de escándalos que amenaza con salpicar a distintos niveles del poder en Bolivia. Una de las recientes denuncias apunta contra el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, a quien se acusa de haber manipulado las elecciones municipales de San Ignacio de Velasco, una localidad del este del país, para favorecer a un familiar.

La acusación fue formulada por Aldo Quezada, expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, durante sus declaraciones ante la Fiscalía. Quezada, que se encuentra detenido en el marco de una investigación por tráfico de sustancias controladas, aseguró que Saucedo había realizado gestiones para conseguir que su familiar, Feldman Gómez, candidato de la alianza Creemos, resultara elegido alcalde de ese municipio.

Según su testimonio, Saucedo ejerció presiones para apartar a dos candidatos que se encontraban delante de su familiar en la contienda electoral. “Romer movió cielo, mar y tierra para que su tío sea alcalde de San Ignacio de Velasco. Siendo el tercero, tuvo que bajar a dos competidores”, declaró Quezada, según se lee en el documento fiscal.

El exfuncionario también aseguró que Saucedo mantenía una coordinación con el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, y que como parte de esas gestiones una Sala Constitucional anuló la participación de la agrupación política ASIP, que encabezaba la preferencia electoral. El ganador de los comicios municipales fue finalmente Feldman Gómez.

Saucedo, que hasta hace poco era uno de los hombres más poderosos del país, se declaró en el exilio la semana pasada, en medio de una investigación penal por presuntos vínculos con el narcotráfico.

A raíz de las acusaciones sobre la votación en San Ignacio de Velasco, el presidente del TSE negó cualquier coordinación con Saucedo para intervenir en el proceso electoral. “En ningún momento nosotros coordinamos ningún tipo de habilitación o inhabilitación con el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia”, afirmó Ávila.

El vocal sostuvo que la institución recibió presiones durante el proceso electoral mediante recursos constitucionales presentados por políticos y candidatos. Según sus datos, las autoridades electorales fueron convocadas a más de 90 audiencias de amparo constitucional durante las elecciones autonómicas.

Sobre el caso de San Ignacio de Velasco, Ávila señaló que la exclusión de las dos organizaciones políticas respondió a una acción de amparo presentada por un particular y a una decisión posterior de la Justicia.

Tras la denuncia de Quezada, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, reveló que su agrupación política también sufrió presiones y amenazas para impedirle competir en ese municipio durante las elecciones subnacionales.

Velasco relató que recibió advertencias sobre la posibilidad de que se retirara la personería electoral de Libre si inscribía a Christian Méndez como candidato a alcalde, a quien finalmente se inhabilitó por una observación relacionada con un certificado de idioma que, según el gobernador, había sido presentado dentro del plazo establecido.

Velasco señaló que posteriormente intentó inscribir a un segundo candidato, pero que éste fue retirado de las listas electorales a último momento. El gobernador pidió investigar a jueces, operadores judiciales y funcionarios que, según su versión, habrían participado en las presiones que calificó como “verdaderos actos de extorsión política y judicial”.

Las elecciones autonómicas realizadas en marzo de este año, en las que Bolivia eligió autoridades departamentales y municipales, estuvieron marcadas por controversias debido a la inhabilitación de candidaturas. Las decisiones provocaron protestas y cuestionamientos de organizaciones locales sobre la transparencia del proceso.

Las acusaciones han vuelto a poner en el centro del debate las decisiones judiciales que condicionaron la participación de candidatos y el papel de las instituciones encargadas de garantizar la transparencia electoral en Bolivia.