La Fiscalía de Paraguay estimó que Santiago Peña podría recibir hasta 15 años de cárcel por el caso Ueno Bank

El ex presidente paraguayo Santiago Peña podría enfrentar una pena de hasta 15 años de prisión en el marco de la investigación por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio, vinculada con la intervención de Ueno Bank, mientras permanece en prisión preventiva tras su destitución mediante un juicio político.

La fiscala Verónica Valdez explicó que la expectativa de pena se fundamenta en la imputación por varios hechos punibles y en la aplicación de las agravantes previstas en la legislación.

“La pena máxima que podría ser aplicada conforme a las calificaciones que ahora están previstas es de hasta 15 años de pena privativa de libertad por un concurso, ya que es más de un hecho punible”, afirmó durante una conferencia de prensa del Ministerio Público.

La causa contra Peña avanzó después de que el Senado lo declarara culpable de mal desempeño de funciones el viernes pasado, en un proceso político centrado en sus vínculos con Ueno Bank. Tras la conclusión de ese juicio, el entonces mandatario fue detenido y compareció ante la Fiscalía. Un día después, un juez ordenó que permaneciera bajo prisión preventiva en el Regimiento Guardia Presidencial, una unidad militar situada en Asunción.

La imputación plantea que el exjefe de Estado intervino en decisiones relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de recursos procedentes de entidades públicas y previsionales en la entidad financiera. La investigación examinó depósitos de montos millonarios que organismos estatales trasladaron al banco durante su Administración.

Los fiscales sostienen además que Peña mantuvo, antes de llegar a la Presidencia, una relación económica y corporativa con Ueno Holding. El entonces mandatario poseyó acciones equivalentes al 1,58 % del capital de la compañía, un certificado de depósito de ahorro en Ueno y un bono emitido por Itti, otra firma perteneciente al Grupo Vázquez.

Sin embargo, la investigación señaló que Peña vendió su participación en el conglomerado en marzo de 2025, cuando ya ejercía la Presidencia. Esa operación figuró entre los elementos expuestos durante el proceso político que derivó en su salida del cargo.

La Fiscalía imputó a Peña como instigador de lesión de confianza y como autor de administración en provecho propio. La calificación jurídica todavía puede cambiar a medida que avance la causa, una situación que también modificaría el marco de pena aplicable.

Valdez explicó que la declaración indagatoria era un medio de defensa y que el Ministerio Público no puede obligar a una persona imputada a declarar. Peña y el expresidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo, se abstuvieron de responder durante sus respectivas diligencias.

“La declaración indagatoria es un medio de defensa y ese acto ya se llevó a cabo. De todas maneras, si la persona quiere prestar declaración, puede solicitar una nueva audiencia”, precisó la fiscal.

La representante del Ministerio Público también se refirió a versiones sobre vehículos particulares que habrían entrado y salido de la residencia de la familia Peña Ocampos, en Asunción, con presunta participación de personal militar. La Fiscalía cuenta con registros de circuito cerrado para procesar esos datos y determinar si existieron irregularidades. “Nosotros todavía no tenemos definido. Es una operación técnica que vamos a llevar a cabo a los efectos de recabar información al respecto”, expresó.

La causa incluye a otras 27 personas relacionadas con Ueno Bank y empresas vinculadas, entre ellas ocho exdirectivos de la entidad financiera. El fiscal Francisco Cabrera indicó que los investigados se exponen a una pena de hasta 12 años de cárcel conforme a las imputaciones vigentes.

La intervención de Ueno Bank afectó a miles de clientes y abrió una investigación sobre el manejo de fondos depositados por organismos públicos. El caso llevó al Congreso a impulsar el juicio político contra Peña, quien asumió la Presidencia en agosto de 2023 tras ganar las elecciones generales con el 42,74 % de los votos.

Después de su destitución, el vicepresidente Pedro Alliana juró como presidente de Paraguay con el objetivo de completar el mandato vigente hasta el 15 de agosto de 2028.

Asimismo, en la jornada de ayer, el Partido Colorado también expulsó a Peña de sus filas. El Tribunal de Conducta de la Asociación Nacional Republicana (ANR) resolvió apartarlo por la “deshonra provocada al pueblo paraguayo” y consideró que los hechos examinados durante el juicio político mostraron conductas reprochables y mal desempeño de funciones.

En su resolución, el órgano partidario sostuvo que “la nación paraguaya se vio gravemente afectada por los hechos de carácter criminal conectados con la conducta” del exmandatario. La agrupación consideró ese escenario motivo suficiente para dictar la expulsión en defensa de sus intereses internos.

Peña ingresó al Partido Colorado en 2016, respaldado entonces por el expresidente Horacio Cartes. Antes militó durante su juventud en el Partido Liberal Radical Auténtico. Sin embargo, Cartes, quien fue su mentor político y lo nombró ministro de Hacienda, retiró públicamente su respaldo al exmandatario y apoyó el juicio político que terminó con la destitución a Peña.

(Con información de EFE)