La Fiscalía boliviana pide a Interpol activar una alerta azul para localizar a Álvaro García Linera

El comandante general de la Policía boliviana, Adrián Álvarez, informó que recibió una solicitud de la Fiscalía para tramitar el sello azul ante Interpol con el objetivo de localizar al exvicepresidente Álvaro García Linera, quien se presume que está tramitando asilo político en México.

En los últimos días, el portavoz presidencial, José Luis Gálvez, señaló que tenía información de que el exvicepresidente había salido del país, primero a Argentina y luego a México, con el objetivo de evadir a la justicia en una investigación que lo acusa de asesinato y torturas. Esta versión fue confirmada por algunos medios bolivianos que habrían recibido declaraciones de García Linera confirmando su asilo político.

Sin embargo, hasta la publicación de esta nota no se conocía de manera oficial la situación de García. La Cancillería boliviana emitió un comunicado la noche del jueves en el que señala que se “ha solicitado, por los canales diplomáticos correspondientes, información oficial que permita establecer si existe una decisión de concesión de asilo político y, de ser el caso, conocer su naturaleza jurídica y alcance”.

El asilo político en favor del exvicepresidente sería el segundo que otorga México a ciudadanos bolivianos de alto perfil público en las últimas dos semanas. El 4 de noviembre concedió protección a Nadia Beller, la abogada que denunció infinitos actos de corrupción que involucran al entorno del presidente Rodrigo Paz y a su exasesor principal, Fernando Cerimedo, también investigado por tentativa de feminicidio.

García Linera, junto con el expresidente Evo Morales (2006-2019), es acusado en un juicio de responsabilidades por el asalto a un hotel de Santa Cruz de la Sierra el 16 de abril de 2009. En la madrugada, un grupo de élite de la Policía intervino el Hotel Las Américas y desarticuló a un supuesto grupo irregular que, según la versión oficial, era parte de una célula terrorista y separatista. El operativo dejó un saldo de tres muertos: Eduardo Rózsa-Flores (húngaro-boliviano) Árpád Magyarosi (húngaro) y Michael Martin Dwyer (irlandés).

Más tarde, los sobrevivientes, Mario Tadic (boliviano-croata) y Előd Tóásó (húngaro), denunciaron haber sido sometidos a torturas tras su detención.

El caso provocó la aprehensión de líderes opositores y el exilio de varias personas, quienes finalmente fueron liberados o pudieron retornar al país tras la caída del gobierno de Morales en 2019. En los años posteriores al asalto del hotel, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinaron que en el operativo se cometieron ejecuciones extrajudiciales, torturas y graves violaciones a los derechos humanos.

La demanda contra Morales y García fue planteada en esta legislatura por diputados de la alianza Libre, liderada por el expresidente Jorge Quiroga, y se fundamenta en el informe de la CIDH para llevar a ambos mandatarios a un juicio de responsabilidades por los delitos de asesinato, vejaciones y torturas, privación de libertad.

La activación del sello azul permitiría a la Fiscalía boliviana obtener información sobre el paradero del exvicepresidente, quien tras dejar el poder mantuvo un perfil bajo, dedicándose principalmente a actividades académicas.

En tanto, el expresidente Morales se encuentra atrincherado desde hace más de dos años en su bastión político en el centro del país, ante la vigencia de una orden de aprehensión por un caso de trata agravada de personas. Bajo custodia permanente de sus leales, el exmandatario mantiene influencia en la política nacional con intervenciones públicas, cuestionamientos a las acciones del Gobierno y capacidad de movilización de las organizaciones sociales que le son afines.