La Corte de Apelaciones en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción ratificó la orden de captura internacional contra el exministro de la Presidencia, Ebal Díaz, por su presunta vinculación con el caso de corrupción conocido como “Casas Contenedores”, que habría provocado un perjuicio económico de 294 millones de lempiras a las finanzas del Estado hondureño.
La resolución judicial, confirmada por el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, mantiene vigente la medida contra el exfuncionario, quien permanece prófugo de la justicia hondureña y, según los antecedentes del caso, se encuentra en Nicaragua.
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El expediente también involucra a otras personas señaladas por presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto habitacional Residencial Morazán, una iniciativa que pretendía beneficiar a miles de familias afectadas por los fenómenos naturales Eta e Iota.
De acuerdo con Silva, la Corte confirmó los autos de formal procesamiento contra 10 personas vinculadas con el supuesto fraude, por lo que deberán continuar enfrentando las siguientes etapas del proceso penal.
Esto significa que ambas quedan fuera de esta causa penal, luego de que el tribunal revisara las resoluciones emitidas previamente.
Una vez que las partes procesales sean notificadas, el expediente será remitido al juzgado de letras competente en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción.
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Posteriormente, el Ministerio Público deberá solicitar la programación de la audiencia preliminar, una etapa en la que se determinará si existen elementos suficientes para que el caso avance hacia un juicio oral y público.
Si la Fiscalía solicita la apertura a juicio y se cumplen los procedimientos correspondientes, el expediente podría ser remitido a un tribunal de sentencia.
¿De qué trata el caso “Casas Contenedores”?
La investigación denominada “Casas Contenedores” está relacionada con el proyecto habitacional Residencial Morazán, impulsado durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), que tenía como propósito ofrecer soluciones de vivienda a familias hondureñas afectadas por los huracanes Eta e Iota, que golpearon el país en noviembre de 2020.
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De acuerdo con los antecedentes del requerimiento fiscal, la iniciativa contemplaba beneficiar aproximadamente a 10,000 familias, mediante la adquisición e instalación de viviendas construidas a partir de contenedores.
Sin embargo, las investigaciones señalaron presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto y en el manejo de los recursos públicos destinados a su desarrollo.
Uno de los datos que llamó la atención de las autoridades es que, pese a la millonaria inversión, únicamente 21 contenedores habrían sido habitados, lo que forma parte de los elementos considerados en la investigación sobre el supuesto perjuicio de 294 millones de lempiras.
El expediente busca establecer las responsabilidades individuales de los exfuncionarios y demás personas involucradas en las decisiones administrativas, contrataciones y manejo de los fondos destinados al proyecto.
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El exministro Ebal Díaz fue una de las figuras de mayor influencia durante el Gobierno de Juan Orlando Hernández, período en el que ocupó la titularidad de la Secretaría de la Presidencia y participó en decisiones de la administración pública.
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