
Pedro Javier Moya tenía dos apartamentos en La Barra y otros dos en Manantiales, en Punta del Este. Pensaba vivir sus últimos años de vida con la renta generada de esas propiedades que, de paso, habían sido muy buenas durante las temporadas de 2017, 2018 y 2019. Esos cuatro apartamentos eran administrados por un amigo suyo al cual le tenía absoluta confianza.
Previo a vivir de la renta, Moya era un empresario conocido en Punta del Este porque era el dueño del hotel y restaurante La Posta del Cangrejo, ubicado en La Barra. Lo gerenteaba junto a la chef Ana María Bozzo, reconocida con premios alrededor del mundo. En 2016, vendió el hotel a un grupo de inversores y, con el dinero adquirido, compró cada uno de esos apartamentos por 600.000 dólares cada uno, informó el diario El País en una investigación al respecto.
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Tres años antes, en 2013, el empresario tuvo que enfrentar una causa penal por retribución a menores de edad a cambio de actos eróticos. En aquel entonces, en la primera instancia lo procesaron por delito, pero el Tribunal de Apelaciones revocó el fallo porque, al parecer, cuando Moya le preguntó la edad a la adolescente esta le afirmó que era mayor de edad.
En diciembre 2018, ya viviendo de la renta, Moya viajó a España a visitar a su familia y, cuando volvió a Uruguay, se dio cuenta de que le faltaban 200.000 dólares en sus cuentas bancarias. Lo que sucedió fue que el administrador de confianza tenía un poder firmado por el empresario, aunque este nunca vio a ningún escribano. Moya pidió asesoramiento legal, revocó el supuesto poder otorgado y se alejó de él.
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Sin embargo, las ilegalidades continuaron. Un año más tarde el administrador le planteó un negocio que lo haría ganar dinero. Para eso, hipotecó dos de sus apartamentos con un prestamista por 400.000 dólares. Ese dinero, se lo prestaría a un constructor que pagaría 40.000 dólares por poner esas propiedades como garantía.
Según dijo Moya al medio, el constructor también se ocuparía de pagarle al prestamista los intereses de la hipoteca. Unos meses más tarde, el administrador le propuesto a Moya hipotecar los dos apartamentos restantes, también por 400.000 dólares. Ese dinero sería invertido en pozos petroleros en Argentina, según la denuncia presentada en Fiscalía en 2019.
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A mitad del año 2019, el mismo año de las hipotecas, a Moya empezaron a llegarle las primeras intimaciones de pagos por las hipotecas. Pensó que las deudas estaban siendo pagadas regularmente.
Moya se dio cuenta, entonces, que el administrador lo estafó, aprovechándose de su edad y de la confianza que le tenía después de tantos años. Además, descubrió que el constructor con el que había hecho negocios se dedicaba, en realidad, a llevar a personas a apostar a un casino.
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“El administrador y ese supuesto constructor me estafaron y quedé totalmente en la calle”, dijo Moya al diario. Agregó que actualmente se mantiene gracias a que uno de sus hermanos que vive en España le envía dinero todos los meses para poder tener un techo y un plato de comida.
El ex empresario hizo una denuncia penal y aguarda a que esta avance. “Estoy esperanzado de que esto (la investigación) prospere. Ha quedado suspendido muchos meses por la pandemia. La Fiscalía debería avanzar en el caso, porque me parece que lo que sufrí es un delito”, dijo.
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El caso está siendo investigado por la fiscal Ana Roses en la fiscalía de 2º turno de Maldonado y se estima que la maniobra alcanzaría, por lo menos, unos 800.000 dólares.
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