Unos 1.300 presos con alto riesgo de contraer coronavirus serán indultados en Chile tras la aprobación este martes en el Tribunal Constitucional de una ley especial enviada por el gobierno de Sebastián Piñera.
La norma beneficiará a presos mayores de 75 años, madres de hijos menores de dos años y embarazadas, quienes podrán cumplir el resto de su condena en sus domicilios. Quedan excluidos los presos por delitos de lesa humanidad y los culpables de homicidios, secuestros, narcotráfico, y violencia intrafamiliar.
En la jornada, el Constitucional declaró “inadmisible” un requerimiento presentado por senadores de la coalición de gobierno para incluir en la normativa a condenados por violación de los derechos humanos durante la dictadura del difunto Augusto Pinochet (1973-1990) y dio luz verde a la llamada ley de “indulto conmutativo” de Piñera.
Los parlamentarios en cuestión estimaban que la normativa -aprobada la semana pasada en el Congreso- violaba el principio de igualdad ante la ley, al excluir explícitamente a reos condenados por delitos de lesa humanidad.
Un grupo de diputados oficialistas presentó este martes otro requerimiento ante el Tribunal en favor de los represores, pero en el transcurso de la jornada retiraron la solicitud, permitiendo que la iniciativa pudiera convertirse en ley tras la redacción del fallo y la promulgación por parte del gobierno.
“El retiro del requerimiento que han hecho diputados hoy (martes) es un gesto que valoramos porque nos permite seguir avanzando en el indulto conmutativo, luego que el Tribunal Constitucional fallara rechazando un requerimiento anterior (de senadores)”, dijo Hernán Larraín, ministro de Justicia, a la prensa.
Con este indulto se busca descomprimir las cárceles, las que, de acuerdo a un reporte de la Corte Suprema, son una “bomba de tiempo”, con unos 42.000 internos.
Entre ellos cerca de un centenar de condenados por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura cumplen sus condenas -por secuestros, torturas y asesinatos- en la cárcel especial de Punta Peuco, un recinto de lujo en las afueras de Santiago.
En medio de la discusión de esta normativa, el presidente Piñera le dio urgencia a la tramitación parlamentaria de otro proyecto de ley -presentado hace dos años- para excarcelar a presos mayores de 75 años y que incluye violadores de DDHH. El presidente ahora decidió retirar esa “urgencia” y permitir que la iniciativa siga con su tramitación tradicional, que puede durar años.
(Con información de AFP)
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