Un juez de Managua envió este domingo a juicio a 16 jóvenes opositores que fueron detenidos cuando se disponían a llevar agua a unas madres que hicieron huelga de hambre por la liberación de sus hijos, en el marco de las protestas contra el régimen de Daniel Ortega.
El juez suplente del Juzgado Quinto Distrito de lo Penal de Audiencia de Managua, Cruz Adalberto Zeledón, admitió la acusación presentada por el Ministerio Público por los presuntos delitos de tenencia ilegal de armas de fuego y municiones en perjuicio de la “seguridad pública de la sociedad nicaragüense”.
El judicial acogió las pruebas que le fueron aportadas por la Fiscalía, considerando que eran suficientes para sustentarse en un juicio de fondo.
El juez mantuvo la prisión preventiva para los 16 acusados, entre ellos la líder estudiantil Amaya Coppens, de nacionalidad belga y nicaragüense, y programó juicio oral y público para el 30 de enero de 2020 a las 10.00 horas (16.00 GMT).
Trece de los 16 acusados pertenecen a la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, entre ellos la líder estudiantil belga, una activista que ya había sido detenida con anterioridad y fue liberada bajo una polémica Ley de Amnistía.
Coppens fue arrestada junto a otras 12 personas cuando intentaban hacer llegar recipientes con agua a unas 10 madres que estaban en huelga de hambre por la liberación de sus hijos en una parroquia en la ciudad de Masaya (sureste), según la Unidad Nacional.
Los otros tres manifestantes opositores fueron detenidos en sus casas, entre ellos el excarcelado Wilfredo Brenes.
Los 16 opositores fueron llevados el sábado al Complejo Judicial de Managua a una audiencia inicial que estaba programada a las 17.00 horas (23.00 GMT) y que comenzó con dos horas de retraso, según los abogados defensores.
Durante la audiencia, que duró nueve horas hasta concluir a las 03.00 horas (09.00 GMT) de este domingo, las defensas promovieron incidentes de nulidad, que fueron desestimados por el juez, según denunciaron.
Según la Policía, al grupo le decomisaron “12 artefactos explosivos, conocidos como bombas molotov, una escopeta con 16 municiones calibre 12 con serie borrada, 3 revolver con 18 unidades de municiones calibre 38 con serie borrada, y 3 automóviles tipo sedan”.
Ese caso se da en el marco de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde el 18 de abril de 2018 y que ha dejado cientos de muertos y desaparecidos, así como miles de heridos, y decenas de miles en el exilio, por protestar contra el régimen de Ortega.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al menos 328 personas han muerto desde el inicio de la crisis política en Nicaragua, aunque organizaciones locales cuentan hasta 651, mientras el Gobierno de Ortega admite 200 y alega defenderse de un intento de “golpe de Estado”.
Con información de EFE
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