Una investigación reveló que el monto de las confiscaciones ordenadas por la dictadura de Ortega asciende a unos USD 250 millones
La Procuraduría General de la República, que responde al régimen sandinista, sostiene que esos bienes expropiados a organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y empresarios, entre otros, fueron recuperados “legalmente para el pueblo nicaragüense”