En medio de los importantes disturbios que se registran en varias ciudades de Bolivia desde el recuento de los votos del pasado 20 de octubre, la posterior renuncia de Evo Morales y la asunción de la senadora Jeanine Áñez como presidente provisional, se han multiplicado las denuncias de ataques a la prensa.
Pero a las amenazas de los manifestantes a los equipos de periodistas -muchos de ellos extranjeros- se le ha sumado el jueves la flamante ministra de Comunicación del gobierno provisional Rozana Lizárraga.
Lizárraga se refirió a los “periodistas o pseudo-periodistas que estén haciendo sedición”, y los amenazó con la aplicación de la ley.
“Periodistas que son en algunos casos bolivianos y en otros extranjeros”, dijo la funcionaria, “tienen que responder a la Ley boliviana”. Dijo que esos periodistas ya están identificados y que el ministro de Gobierno "va a tomar las acciones pertinentes”.
A su vez, llamó a hacer un “periodismo de honestidad” y evitar la “convulsión social” buscada por el ex presidente Evo Morales, la embajada de Cuba y Venezuela, que “quieren ponernos de rodillas”.
Rápidamente, los repudios ante los dichos de Lizárraga se comenzaron a escuchar, dentro y fuera de Bolivia. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) fue una de las entidades que rechazó los dichos, después de varias denuncias de periodistas argentinos agredidos mientras realizaban coberturas de los acontecimientos.
“Adepa también repudia las expresiones de la ministra interina de comunicaciones de Bolivia, Roxana Lizárraga, quien amenazó con aplicar la ley de sedición a periodistas locales y extranjeros que cubren las manifestaciones”, escribió la entidad en su cuenta de Twitter.
Antes de ser nombrada ministra, Roxana Lizárraga ejercía como periodista de radio y televisión y era una reconocida opositora al gobierno del MÁS.
Mientras se multiplican las manifestaciones a favor y en contra del gobierno de transición en Bolivia, y algunos hablan de golpe de Estado, Evo Morales abandonó el país con destino a México donde es cobijado por el gobierno de López Obrador, en calidad de asilado político. Desde allí, ha manifestado su voluntad de regresar al país para “pacificar” su país si los bolivianos se lo piden.
Por su parte, Carlos Mesa, quien fue candidato presidencial opositor en las polémicas elecciones del 20 de octubre en Bolivia, solicitó este jueves al gobierno de México que “no le permita” al ex presidente Evo Morales “declarar políticamente”, por su calidad de asilado.
“Queremos denunciar ante el mundo y pedirle al gobierno de México que respete su propia tradición histórica, y que este gobierno no le permita al señor Morales seguir haciendo una política destructiva, divisionista y de confrontación en nuestro país”, dijo Mesa en rueda de prensa.
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