Un grupo de 35 mujeres privadas de libertad del CAI Vilma Curling trabaja actualmente en la elaboración de los nuevos uniformes destinados a la población penitenciaria de máxima seguridad, como parte del Plan Cero Ocio impulsado por el Gobierno.
Para iniciar la producción, al país llegaron 554 metros de tela, con los que comenzó la confección de las primeras prendas. El objetivo planteado por las autoridades es producir 12,000 prendas y alcanzar una capacidad de 4,000 uniformes completos por mes.
El proyecto busca que los privados de libertad utilicen exclusivamente la vestimenta proporcionada por el sistema penitenciario, una medida que el Gobierno presenta como una herramienta para reforzar el orden, la disciplina y la seguridad dentro de los centros penales.
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Según las autoridades, limitar la cantidad de ropa que pueden acumular los reclusos también permitiría reducir espacios donde eventualmente podrían ocultarse objetos prohibidos, como armas punzocortantes, drogas o teléfonos celulares.
Pero detrás de la fabricación existe además un componente de capacitación y reinserción. Las mujeres que participan en el proyecto fueron capacitadas por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y trabajan con maquinaria industrial para confeccionar las prendas.
“Para mí representa una gran oportunidad, ya que nos hayan tomado en cuenta para este proyecto, ya que desde aquí podemos hacer algo y ser útil para la sociedad”, expresó una de las privadas de libertad que participa en la iniciativa.
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Trabajo dentro de las cárceles
De acuerdo con las autoridades penitenciarias, 35 privadas de libertad participan directamente en las labores de confección distribuidas en 35 estaciones de trabajo.
Para desarrollar la producción cuentan con 26 máquinas industriales y 12 máquinas overlock, equipo donado por el INA.
La institución también participó en la selección de las telas y en la capacitación de las mujeres que ahora forman parte activa del proceso de confección.
El Gobierno asegura que el proyecto permitirá que la fabricación de los uniformes tenga costo cero para los contribuyentes, al aprovechar la mano de obra de personas privadas de libertad y el apoyo institucional para la capacitación y el equipamiento.
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La iniciativa fue anunciada originalmente el 1 de julio y, según el Ministerio de Justicia y Paz, la llegada de la tela permitió comenzar con la producción durante agosto.
La intención es que el modelo no se limite a las mujeres del CAI Vilma Curling.
El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, anunció que se buscará obtener más máquinas de coser y capacitar también a hombres privados de libertad para que participen en la fabricación de sus propios uniformes.
La meta final es ampliar la producción una vez que se complete la vestimenta destinada a la población penitenciaria.
El Gobierno quiere fabricar más que uniformes
La administración de Laura Fernández pretende llevar el modelo de producción penitenciaria a otros ámbitos.
Entre los proyectos mencionados se encuentra la elaboración de uniformes para policías, prendas para centros educativos y ropa de cama para hospitales, además de indumentaria destinada a personal médico y de enfermería.
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También se plantea reactivar la fabricación de pupitres escolares, especialmente para centros educativos ubicados en comunidades de menores recursos y territorios indígenas.
Otra de las iniciativas anunciadas consiste en volver a producir materiales de concreto que puedan ser utilizados en proyectos de vivienda de interés social y en la construcción o mejoramiento de escuelas ubicadas en las zonas más vulnerables del país.
El planteamiento forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para incrementar las actividades laborales dentro de las cárceles.
Más de 16,000 horas de trabajo
El Plan Cero Ocio ya registra actividades fuera de los centros penitenciarios.
Según los datos presentados por el Gobierno, entre 85 y 90 privados de libertad han participado en 227 jornadas de trabajo, acumulando aproximadamente 16,400 horas de labores.
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Las tareas incluyen limpieza, mantenimiento de calles, pintura, intervención de espacios públicos y trabajos en centros educativos.
Las autoridades aseguran que estas labores se realizan principalmente durante los fines de semana, con el objetivo de evitar interferencias con las actividades habituales de estudiantes y comunidades.
Uno de los puntos destacados por el Ejecutivo es el impacto económico que atribuye al programa.
Según las cifras oficiales, los trabajos realizados han beneficiado a aproximadamente 6,300 estudiantes, mientras que el Ministerio de Educación Pública tendría un ahorro estimado de ¢70 millones mensuales (USD 155 mil) en labores de mantenimiento.
Además, el Gobierno proyecta un ahorro de alrededor de ¢600 millones al año (USD 1,3 millones) en trabajos de mantenimiento de calles.
“Menos ocio en las cárceles y más resultados para Costa Rica”, es uno de los planteamientos utilizados por las autoridades para resumir los objetivos de la iniciativa.
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Cerca de 20,200 personas privadas de libertad
Actualmente existen cerca de 20,200 personas privadas de libertad institucionalizadas, según los datos compartidos por el Gobierno.
El Ejecutivo señaló además que el costo de mantener a una persona privada de libertad ronda los US$1,200 mensuales, cifra que incluye los servicios y necesidades que debe cubrir el Estado durante su permanencia en prisión.
La presidenta Laura Fernández defendió la incorporación de actividades laborales como una forma de que las personas privadas de libertad puedan contribuir a la sociedad mientras cumplen sus condenas.
La mandataria aseguró que el trabajo no busca eliminar los derechos de los reclusos, sino generar oportunidades para que puedan desarrollar actividades productivas y reducir el tiempo de ocio dentro de las cárceles.
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“No estamos violando los derechos humanos de nadie”, afirmó Fernández durante la exposición del programa.
La presidenta también relató que durante una visita al CAI Vilma Curling conversó con mujeres privadas de libertad que le manifestaron su interés en participar en actividades laborales.
De acuerdo con el Gobierno, próximamente se definirán nuevas labores para incorporar a más mujeres privadas de libertad a programas de trabajo fuera de los espacios estrictamente penitenciarios.
Un modelo que busca ampliar su alcance
El Ministerio de Justicia y Paz también estudia convenios con otras instituciones públicas para ampliar las oportunidades de capacitación y trabajo.
La intención es que las privadas de libertad puedan participar en diferentes áreas productivas y que estas actividades contribuyan tanto a su formación como a su eventual proceso de reinserción social.
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El Gobierno también plantea que el trabajo puede tener un efecto positivo sobre la salud mental y el manejo del estrés de las personas que permanecen recluidas.
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