
La Cámara Penal de Chubut confirmó por unanimidad la condena de siete años y seis meses de prisión contra Joaquín Cañumir por haber abusado sexualmente de su ex pareja en 2022. Pese a que su defensa había presentado un recurso para intentar anular el juicio, los jueces rechazaron el recurso al asegurar que no existió una situación concreta de indefensión técnica.
De este modo, el fallo dejó firme la pena que había definido el juez técnico luego del veredicto unánime de culpabilidad.
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La resolución ponderó, entre otros aspectos, el daño psicológico sufrido por la víctima y la vulneración de la confianza propia de la relación de pareja. También ordenó que el condenado abone los honorarios y sea ingresado en el Registro Nacional de Reincidencia y el RePriGAS (Registro Provincial de Identificación de Genética de Abusadores Sexuales) para cuando la sentencia quede firme.
Tras el juicio ante jurados, las partes debatieron la sanción que correspondía imponer. La Fiscalía sostuvo que debía aplicarse una pena de diez años de prisión, mientras que la defensa planteó sus objeciones a la calificación y a las circunstancias consideradas durante el proceso.
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Según el Ministerio Público Fiscal de Chubut, el juez técnico resolvió imponer siete años y seis meses de prisión. En su decisión, señaló que la pena debía contemplar la gravedad objetiva del hecho, la situación de vulnerabilidad de la víctima y la dimensión del daño provocado.
Al determinar el monto de la condena, el tribunal valoró como agravante el vínculo afectivo que unía a la víctima con Cañumir. La convivencia cotidiana, que no fue discutida durante el juicio, situaba a la mujer en una condición de particular vulnerabilidad frente a una agresión atribuida a la persona con la que compartía su vida.
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La sentencia también atendió los informes periciales incorporados en las audiencias. Esos estudios dieron cuenta de las secuelas psicológicas que atravesó la víctima tras el hecho y del impacto que produjo la agresión dentro de su propio ámbito de confianza.
Durante el debate, la Fiscalía sostuvo que Cañumir ejercía violencia psicológica y coercitiva de manera reiterada. En este contexto, apuntaron que aprovechaba las situaciones de vulnerabilidad para imponer conductas de sometimiento sexual mediante amenazas y hostigamientos.
El episodio central de la causa ocurrió durante la mañana del 27 de noviembre de 2022. Según reconstruyó la investigación, el acusado ingresó a la vivienda en estado de ebriedad y forzó abusó sexualmente a la mujer en distintos sectores de la casa.
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La acusación planteó que la víctima procuró proteger a sus hijas, que entonces tenían 12 y 2 años, para evitar que presenciaran las agresiones. El contexto también fue considerado relevante para analizar la ausencia de consentimiento y la relación desigual de poder.
Para encuadrar el caso, el tribunal tuvo en cuenta la Ley Nacional N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. La norma define la violencia de género como toda conducta, acción u omisión que afecte, de forma directa o indirecta, la vida, la libertad, la dignidad o la integridad física, psicológica, sexual y personal de las mujeres en un marco de desigualdad de poder.
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Así, en la resolución remarcaron que la violencia sexual vulnera el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su vida sexual y que el uso de fuerza, coerción o intimidación se correspondía con la prueba tratada en el juicio.
Luego de que el acusado decidiera cambiar de defensor, el nuevo abogado defensor intentó probar que la asistencia técnica anterior había sido ineficaz. En particular, cuestionó que no se hubiera advertido con anticipación la prescripción de una imputación por lesiones leves y sostuvo que ello permitió incorporar elementos probatorios que, a su entender, afectaron la decisión del jurado.
Sin embargo, la Cámara Penal descartó ese argumento. Los magistrados entendieron que la defensa no acreditó una indefensión real, sino una disconformidad con la estrategia seguida por el abogado de confianza que representó a Cañumir antes del juicio.
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La causa por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género quedó extinguida por prescripción, luego de que el tribunal hiciera lugar al planteo defensivo sobre el vencimiento de los plazos legales de persecución penal. Esa decisión no modificó la condena principal confirmada por la Cámara.
De esta manera, cuando el fallo quede firme, se remitirá el perfil genético del condenado, una copia de la sentencia y el informe del Registro Nacional de Reincidencia al Registro Provincial de Identificación de Genética de Abusadores Sexuales (RePriGAS), que funciona en el ámbito del Registro de Defensa de la Integridad Sexual (REDIS) del Superior Tribunal de Justicia de Chubut.
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