Qué dice la demanda de la familia de Joaquín Sperani contra el gobierno de Córdoba y los padres del chico que lo asesinó: piden $600 millones

La familia de Joaquín Sperani, el niño de 14 años que fue asesinado por su amigo en la ciudad cordobesa de Laboulaye, demandó civilmente al gobierno provincial y a los padres del asesino por una suma de $600 millones. En el caso del gobierno, lo señala “por daños y perjuicios como ente rector, a través del Ministerio de Educación”, de la escuela IPEM 278 Malvinas Argentinas, el colegio al que ambos chicos asistían antes de la tragedia.

En diálogo con Infobae, el abogado querellante, Raúl Frencia, explicó que la demanda civil fue presentada ante los Tribunales de Laboulaye, donde -según explicó el letrado- ya se resolvió que la escuela tuvo responsabilidad en el hecho y por eso deben responder. Pero como es un colegio público, es la provincia la que debería hacerse cargo de la indemnización.

“Es una acción reparativa lo que estamos haciendo civilmente. La demanda fue iniciada contra el Superior Gobierno de Córdoba y en subsidios contra los padres. Porque si no se acreditaba en el juicio la responsabilidad del Estado en la falta de seguridad y de indemnidad en relación a Joaquín, tenían que responder los padres por la responsabilidad parental. En este caso se acreditó en el juicio (el pasado 4 de octubre) la responsabilidad del Estado y por tal motivo consideramos que deben responder”, explicó el abogado.

Frencia señaló que la escuela “no ejerció el deber de garantía para que no le pasara nada” al niño, ya que en ese horario “estaba al cuidado de la institución”.

En ese sentido, el abogado señaló que el principal motivo detrás de la demanda de los 600 millones es la responsabilidad civil que le cabe a las instituciones educativas, en caso de que los alumnos cometieran un daño o un delito.

“Los directivos o el establecimiento educativo deben cuidar por esas personas. El Código Civil ordena que los establecimientos educativos son responsables por los daños que cometieran los menores de edad bajo su custodia. No solamente lo son por los daños que sufren, sino también son responsables por los daños que cometen. Acá se cumplen las dos condiciones. Hay un dañador y un dañado que son alumnos del colegio. Por eso es el reclamo civil que hacen los padres en relación al colegio, que depende del Ministerio de Educación de la Provincia”, añadió.

La decisión llevada a cabo por los padres de Joaquín se da luego de que se conociera que la causa está a punto de archivarse debido a que hoy no hay detenidos.

El único acusado fue liberado meses después de cometer el atroz crimen por ser inimputable, y además porque no se pudo determinar que haya habido una tercera persona que participe del hecho. En ese momento el acusado había señalado que “no hubo participantes, que todo sucedió a partir de una fuerte discusión”, según fuentes del caso.

Respecto a la causa penal, el abogado recordó que, por una resolución que ordenó el Tribunal Superior de Justicia, tras un amparo presentado por su asesor legal, el autor del crimen volvió con su familia. “Los padres tienen una nueva identidad y están viviendo en algún lugar de la provincia de Córdoba. Al menor le hacen un seguimiento pero no puedo decir más porque no tengo información de dónde ni cómo está”, sostuvo Frencia.

Ante el juez de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar y de Género y Faltas, Sebastián Ignacio Moro, el autor del crimen había confesado su responsabilidad remarcando que “no tuvo intención” de matarlo.

En su relato, contó que “tomó un fierro y le pegó en la cabeza” lo que le provocó un daño encefálico que derivó en el deceso. Además, la autopsia determinó que el cuerpo de Joaquín tenía múltiples golpes en la cabeza que le ocasionaron politraumatismo de cráneo.

Tras la confesión, el juez determinó que el menor regrese al cuidado de su familia y se someta a un tratamiento psicoterapéutico, individual, grupal y familiar de tiempo prolongado.

Frencia resaltó que el pedido civil de reparación es en virtud de que “no hay nada que vaya a solucionar la muerte de Joaquín”. “Lo que estamos haciendo es reparando económicamente el daño producido, que no va a ser una reparación integral, no va a ser una reparación en la vida de Joaquín, sino para que estos padres y sus hermanos tengan un mejor pasar económico”, explicó.

El letrado dijo que debido a la inimputabilidad del asesino y del sistema normativo que rige en Argentina, la familia “se siente despojada de cualquier tipo de justicia” y que “por eso corresponde” la indemnización, aunque fuese económica.

Ahora quien deberá resolver la demanda es el juez. Tiene un plazo aproximado de 20 días, por lo que la resolución de si el Estados cordobés debe pagarle los 600 millones a la familia Sperani deberá conocerse en poco tiempo.

“Ya en el juicio fue todo diligenciado. El proceso ya terminó con los alegatos el día 4 de octubre. Ahora estamos esperando la resolución final que tiene que emitir el juez de primera instancia”, concluyó.

Cómo fue el crimen de Joaquín

Joaquín Sperani desapareció el 29 de junio de 2023. A los pocos días, tras una intensa búsqueda, fue encontrado sin vida en una casa abandonada a tan solo 100 metros del colegio al que asistían ambos adolescentes.

El niño de 14 años nunca asistió a clases, sin embargo su bicicleta fue encontrada en la entrada del colegio IPEM 278 “Malvinas Argentinas”, lo que determinó que alcanzó a ir hasta el lugar previo al asesinato. La familia recriminó el accionar de la institución por no haber dado aviso sobre la ausencia del adolescente y dejar pasar varias horas sin que hagan la advertencia.

Si bien el asesino confesó lo que había hecho, el crimen se esclareció gracias al registro de las cámaras de seguridad de la zona que mostraron a Joaquín junto a su compañero de colegio, caminando por la vereda del colegio el mismo días que desapareció.

Al conocerse las imágenes, la mamá de la víctima había dicho: “Yo quería verlo con mis ojos aunque sea duro, porque es difícil de creer” y acusó al adolescente de haber premeditado todo: “Estuvo 40 minutos a la mañana armando la escena del crimen”.