
Los magistrados del Tribunal Oral Criminal 25 porteño, que lleva adelante el juicio contra 14 policías de la Ciudad por el asesinato del joven Lucas González y el posterior encubrimiento, sancionaron este viernes al abogado defensor de los tres policías de la Brigada acusados del homicidio después de que el hombre haya abandonado la audiencia del último jueves mientras exponía su alegato Gregorio Dalbón, representante de la familia de las víctimas.
Fuentes con acceso al expediente le confirmaron a Infobae que los jueces sancionaron a Martín Sarubbi, quien en sociedad con Fernando Soto defienden a Gabriel Alejandro Issasi, Juan José Nieva y Fabián Andrés López, los tres agentes de la Brigada 6 de la Policía de la Ciudad, que la mañana del 17 de noviembre de 2021 asesinaron a Lucas cuando junto a tres amigos salían de entrenar en una cancha que el club Barracas Central alquilaba en los márgenes de la villa 21-24 porteña.
La interrupción de Sarubbi provocó que Dalbón no pudiera continuar con su alegato y se postergara la audiencia hasta el próximo martes. Fue calificada por los jueces como “intempestiva e injustificada” y por eso ordenaron que en el lapso de 10 días el abogado deba pagar una multa equivalente al 10% del salario de un juez de primera instancia. De acuerdo con lo que pudo saber este medio, eso se traduce aproximadamente en 140 mil pesos.
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El juicio entró en las etapas de alegatos de cierre. El último jueves Dalbón inició esta fase final del debate oral entrada ya la tarde, dado que la audiencia se había demorado por la inesperada declaración de dos de los 14 acusados (nada de lo que dijeron los policías aporto información sustancial al caso).

El abogado se comprometió a hacer un alegato en “modo turbo”, según sus propias palabras, para que no se postergara nuevamente (ya había ocurrido la audiencia del martes anterior). Sin embargo, cuando ya llevaba unos 40 minutos de exposición, Sarubbi se levantó de manera sorpresiva y se retiró de la sala.
El defensor de los tres acusados de homicidio había advertido cerca de las 14 que no podía quedarse más allá de las 16. “Con todo respeto, me tengo que ir”, interrumpió a Dalbón a las 15.30, antes de que el acusador leyera las imputaciones y pidiera las penas contra los acusados.
Su colega le respondió que le quedaban “pocas hojas” y le recordó que ya había hecho el esfuerzo de acortar su alegato. A pocos metros suyo veían la escena Héctor González, papá de Lucas, Ricardo Zuñiga, papá de Joaquín, uno de los sobrevivientes, y Horacio Pietragalla, secretario de Derecho Humanos.
Sin embargo, 15 minutos más tarde Sarubbi se levantó sin decir nada y apuntó hacia la puerta de salida. “Deténganme con la Policía, pero me tengo que ir, me esperan mis hijas”. Dijo, dio un portazo y desapareció. La situación provocó la reacción del fiscal del juicio, Guillermo Pérez de la Fuente, que pidió una sanción y dejó dudas sobre si la razón de la salida de Sarubbi era real: “Nunca vi una cosa así, el señor defensor se escapó”.
“Sin perjuicio del llamado de atención del tribunal y las manifestaciones del Dr. Dalbón de estar pronto a terminar, de forma irrespetuosa instó al tribunal a resolver lo que el tribunal quisiera o incluso a arrestarlo y se marchó”, escribieron los jueces en el fallo de la sanción, al que tuvo acceso este medio.
“Es una falta de respeto, insólito, tenga hijas o no, no puede dejar a su representado indefenso”, se quejó la única jueza mujer del Tribunal, Ana Dieta de Herrero, ya sin Sarubbi en el lugar. Ese mismo fundamento usó el Tribunal para castigarlo y lo consideró un “agravio”.

“La excusa esgrimida por el Dr. Sarubbi, de ser cierta, de ninguna manera justifica su accionar ni mucho menos luce como una emergencia, sino que, por el contrario, alude a un estado de cosas permanente (como lo es que sus hijas salgan del colegio) cuya resolución debería haber sido prevista con antelación, sobre todo teniendo en cuenta la envergadura del juicio que se está llevando a cabo, el estado en el que este se encuentra y el esfuerzo que el resto de las partes realiza para organizar su agenda en función del debate”, dice el documento.
Paradójicamente, dos audiencias antes el socio de Sarubbi, Fernando Soto, había pedido modificar las fechas del juicio para poder estar y todos estuvieron de acuerdo. Eso también lo remarcaron los jueces en el fallo donde le imponen el apercibimiento.
Además, los magistrados abrieron una investigación contra Sarubbi por el delito de “impedimento o estorbo del acto funcional”, que castiga con prisión de 15 días a seis meses “al que impidiere o estorbare a un funcionario público cumplir un acto propio de sus funciones”.
Infobae intentó consultar la opinión de Gregorio Dalbón pero el abogado de la familia prefirió no dar opinión al respecto. Lo mismo hizo con Sarubbi y Soto. Quedaron en responder.
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