Augusto Manuel Pacicco, un técnico en emergencias médicas de 39 años, protagonizó el pasado viernes una increíble situación durante la última audiencia del juicio que enfrenta por estar acusado de intermediar en el comercio de pequeñas dosis de cocaína en Embalse, un pueblo del interior de Córdoba.
Para sorpresa del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 provincial, el imputado presentó una carta escrita de puño y letra para solicitar que no le otorguen la libertad, al considerar que, por el momento, no se siente apto para reinsertarse en la sociedad.
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Según confiaron fuentes del caso a Infobae, las pruebas presentadas en el juicio por la Fiscalía Federal N° 1 de Córdoba, a cargo de Maximiliano Hairabedian, daban cuenta de que Pacicco le indicaba a los consumidores a quien comprarle o le decía a los vendedores quiénes eran los interesados en comprar. A cambio, le daban algunos gramos de droga como “comisión”, que consumía rápidamente por la adicción que padecía.

“Consumía cocaína sin control. Desde los 19 años que consumo. Desde que perdí a mi familia caí en las drogas. Perdí a mi mamá, a mi papá y a mi hermano”, aseguró Pacicco durante la audiencia realizada el pasado 5 de junio.
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El consumo reiterado le provocó graves consecuencias a Pacicco, quien además perdió su trabajo -estaba contratado por el PAMI para atender a pacientes a domicilio- y quedó en situación de calle hasta que lo detuvieron en abril de 2025, en el marco de una investigación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) de la provincia.
El fiscal Hairabedian pidió dos años de prisión para Pacicco, al considerarlo partícipe secundario de comercio de estupefacientes. En contrapunto, el abogado del imputado, Rodrigo Altamira, pretendía que esa condena fuera dejada en suspenso y saliera en libertad.
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El auxiliar fiscal Maximiliano Aramayo no se opuso y todo hacía prever que los jueces Facundo Zapiola (presidente), Cristina Giordano y José Camilo Quiroga Uriburu, titulares del TOF N°3 cordobés, lo condenarían en ejecución condicional y le otorgarían la libertad, debido a que el acusado no tiene antecedentes y el Código Penal permite que una primera condena que no supera los 3 años de prisión pueda dejarse en suspenso.
Pero el viernes pasado, durante la última audiencia del juicio, Pacicco sorprendió a todos. Desde la prisión, le envió una carta al tribunal en la que aseguraba que quería seguir preso y cumplir toda su condena en la cárcel. “No me siento apto para reinsertarme en la sociedad”, subrayó en su carta.
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Y firme en su postura, admitió: “Quiero cumplir con el debido tratamiento psicológico y psiquiátrico para así poder, al término de la condena, salir sin el tormento de ir y firmar todos los meses ya sea en tribunal o en la sede del patronato de presos liberados. Primero porque sé que no voy a cumplir con esos requisitos y segundo sé que voy a estar con captura por no cumplir con el reglamento y disposiciones de este Tribunal. Salir y no deber ni un día me parece apropiado”.

Ante esta presentación, el abogado de Paccicco trató de convencerlo de que cambiara de idea, al advertirle que en la cárcel corre riesgos y que, al salir en libertad, podía empezar a reconstruir su vida.
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No obstante, Pacicco mantuvo su decisión. Sin trabajo ni lugar a donde ir (el día era uno de los más fríos del año), dijo que no quería volver a cometer un error. Así, su defensor ofreció encabezar las gestiones con la defensoría oficial para conseguirle un alojamiento transitorio.
Instantes después, cuando el tribunal le concedió “la última palabra”, Pacicco ratificó su pedido -tal como se observa en el video que encabeza esta nota- y una hora más tarde el tribunal lo condenó a dos años de prisión de cumplimiento efectivo.
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Según confiaron fuentes del caso a este medio, la vendedora para la que Pacicco había intermediado fue sentenciada a 4 años y medio, mientras que l proveedor que conseguía la cocaína desde Orán, Salta, y la transportaba por encomienda, fue condenada a 6 años de cárcel.
La instrucción del caso de narcomenudeo estuvo a cargo del fiscal provincial Luis Pizarro, uno de los tres fiscales recientemente destituidos por la actuación en el caso del asesinato de Nora Dalmasso. Luego, la causa pasó al fuero federal porque una investigación de Gendarmería Nacional con el fiscal Hairabedian había logrado la detención de uno de los proveedores que se encargaba del transporte de la sustancia desde Salta hacia Córdoba.
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