La guerra en Comodoro Py entre el ex de Jesica Cirio y el empresario que lo acusa de plantarle droga

Elías Piccirillo, que hoy intenta cumplir su prisión domiciliaria en la casa de su novia se enfrenta en el Juzgado Federal N°4 a Francisco Hauque con un cruce de escritos y acusaciones de presión. El pedido de la mujer de Hauque, querellante en la causa

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Francisco José Hauque, el hombre detenido vinculado a la empresa cripto Coinx World, acusada de estafa piramidal
El empresario Francisco José Hauque, presunta víctima de Piccirillo

El jueves pasado, Infobae reveló que la defensa del empresario Elías Piccirillo, ex pareja de Jesica Cirio, pidió al juez Ariel Lijo que le permita cumplir su prisión domiciliaria en el departamento de su pareja, la conductora Florencia Epelbaum. La revelación inspiró un breve debate en diversos medios sobre la situación judicial de Piccirillo, hoy encerrado en un domicilio de su familia en Banfield. La imagen pública de Epelbaum, por otra parte, dio un cierto salto. Brindó varios entrevistas, donde blanqueó su relación con el acusado y dio coloridas definiciones sobre el sexo y la alimentación en la pareja.

El pedido y el cruce de escritos que lo rodea esconden una pequeña guerra que Piccirilllo y su defensa libran en los tribunales de Comodoro Py con los querellantes de la causa en su contra. Hay acusaciones varias. Amenazas, para empezar. Para entender la trama, hay que ir parte por parte.

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La causa que mantiene a Piccirillo preso es al menos grave: el empresario Francisco Hauque -vinculado a la empresa cripto CoinX e investigado en el escándalo de las SIRA- lo acusó de plantarle un kilo y cuarto de cocaína y una pistola robada en el baúl de su Audi Q8. Todo, en el marco de un operativo trucho de la Policía de la Ciudad a cargo de presuntos agentes corruptos, entre ellos el ex PFA Sebastián “El Lobo” Smith, ocurido en enero de 2025 en Puerto Madero tras una cena en el Palacio Duhau.

Casamiento Jesica Cirio y Elías Piccirillo
Piccirillo y Cirio en su casamiento (Nicolas Stulberg)

Así, Hauque y su entonces pareja, Anahí Laprida, pasaron 11 días detenidos en una celda de la fuerza porteña. Hoy, ambos son querellantes. Hauque es representado por el abogado Carlos Pousa; Laprida, por el eximio penalista Augusto María Cassiau.

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Por este operativo trucho, sostiene la acusación de la fiscalía, Piccirillo le habría pagado 50 mil dólares a Smith y al entonces comisario Iván Carlos Helguero, jefe de la División Robos y Hurtos Norte de la Policía de la Ciudad.

En rigor, Piccirillo pidió mucho más que lo envíen al departamento de su novia, que, según su defensa, se ofreció como su garante ante la Justicia. Habló de plata. Requirió que le bajen el embargo impuesto de $900 a 200 millones, que levanten la inhibición general de sus bienes y que le permitan alquilar su propiedad en la exclusiva zona del Yacht de Nordelta, entre otras medidas netamente. También, que, directamente, le den la libertad. Ir preso a la casa de su novia era un plan B.

florencia epelbaum
Florencia Epelbaum, actual pareja de Piccirillo

Franco Picardi, el fiscal del caso, rápidamente dijo que no a la prisión domiciliaria. Argumentó, entre otras cosas, que la defensa de Hauque no aportó el domicilio de Epelbaum; ni siquiera entregó en su escrito el número de DNI de quien debería garantizar que Piccirillo no se escape. “La fiscalía carece de información mínima”, aseveró en su dictamen. El juez Lijo rechazó el pedido poco después.

Picardi también mencionó las “manifestaciones formuladas por las víctimas”. A fines del mes pasado, Piccirillo fue allanado en el departamento de Banfield donde cumple su arresto. El motivo de ese allanamiento, según Picardi mismo, fue “establecer si las víctimas de este caso sufrieron amenazas o intimidaciones” para que retiren la acusación en su contra.

Un testigo señaló en la causa que Piccirillo supuestamente empleaba un iPhone en la casa de Banfield. El allanamiento, en cambio, terminó con el hallazgo de un Motorola Razr 40. Lo que diga la pericia a ese aparato, todavía pendiente, fue otro de los motivos por los que Lijo denegó el pedido de la defensa.

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Enero de 2025: el operativo que terminó con Hauque y Laprida detenidos

La reunión con el fiscal

Anahi Laprida, representada por el abogado Cassiau, presentó en los últimos meses una serie de escritos en Comodoro Py, a los que accedió Infobae. En uno de ellos, denunció “una serie de circumstancias” que “generan en mi persona un estado de temor fundado respecto de mi seguridad personal”. Habló de “la presencia de vehículos y movimientos que considero inusuales” en torno a su casa y sus movimientos.

Pidió, por ejemplo, un botón antipánico. “La víctima y su familia viven actualmente un clima de hostigamiento y presión”, completó Cassiau en otro escrito. También, pidió presentar un perito de parte para supervisar la reconstrucción del hecho, otra prueba de interés.

Estas presiones fueron denunciadas en una reunión presencial entre el fiscal Picardi y las víctimas. Allí, Picardi les tomó una nueva declaración testimonial a Laprida y Hauque dos meses atrás. “Allí, relataron una secuencia de amenazas, que recibiría Francisco Hauque.”, asegura una fuente clave. Ciertas cuestiones en la declaración de Hauque le resultaron imprecisas a Picardi, que le ofreció al financista ingresar al Programa de Protección de Testigos. Sin embargo, Hauque prefirió no puntualizar “tal vez por miedo”, continúa la misma fuente. Así y todo, ambas víctimas declararon bajo juramento.

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Piccirillo tras ser detenido en 2025 por las acusaciones de Hauque

El comentario en los tribunales federales se vuelve más incómodo: Hauque, en medio de todo este clima, habría desistido de presentar un recurso de casación contra la prisión domiciliaria de Piccirillo, algo que Anahi Laprida misma apuntó en un escrito y que fuentes del caso confirman en Comodoro Py. Esas presiones “se habrían agudizado” en los días en torno a la reconstrucción del hecho.

En su pedido de excarcelación, la defensa de Piccirillo incluso pidió que se aparte a Hauque y a Laprida de la querella del caso, que pidió una batería de medidas para la “ampliación y reforzamiento de las reglas de conducta” y “el control y aseguramiento social”.

Los abogados del empresario -que criticaron que las querellas no presentaron pruebas suficientes para sus pedidos- aseguraron que el rol de querellante “debe ejercerse de buena fe y dentro de los límites del interés legítimo vinculado al bien jurídico; cuando ese rol se desnaturaliza y se convierte en instrumento de un interés personal o de la obtención de un beneficio ajeno al proceso, su continuidad deja de ser compatible con la recta administración de justicia y habilita su separación", sin dar mayores detalles.

Mientras tanto, Picardi busca corroborar el relato de las amenazas de las víctimas, aparentemente amordazados por el miedo. Sin embargo, las expectativas en torno a la pericia del Motorola hallado en Banfield no son particularmente altas.

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