
Un sorprendente hecho de inseguridad tuvo como protagonista a un hombre de 83 años. En el centro del partido bonaerense de Lomas de Zamora, un hombre de 83 años irrumpió hoy miércoles en una inmobiliaria para asaltarla. Portaba un arma de fuego y lo acompañaba un cómplice. Minutos después, fue detenido.
La escena se produjo en las inmediaciones de la esquina de España y Gorriti, uno de los lugares más transitados de la localidad de la zona sur del Gran Buenos Aires.
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Según indicaron fuentes policiales a la agencia Télam, el hombre se presentó en la puerta de una inmobiliaria del centro lomense. La víctima del asalto le abrió la puerta y, ante su sorpresa, el asaltante tomó su arma de fuego. Detrás suyo, ingresó un cómplice. La maniobra fue rápida. Los delincuentes agarraron un bolso con dinero en efectivo y otros elementos de valor, y escaparon del lugar.
La secuencia continuó en las calles. Un empleado del local comercial salió a la vereda y alertó a policías de la Bonaerense que en ese momento patrullaban la zona. Denunció que minutos antes había sufrido un robo en la inmobiliaria.
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Los efectivos comenzaron a recorrer las inmediaciones de la inmobiliaria y a las pocas cuadras lograron interceptar al octagenario ladrón: le secuestraron un revólver calibre .38 y las pertenencias robadas del local. El cómplice, sin embargo, logró huir de la detención, informaron fuentes policiales
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Tras proceder a la detención del hombre, los policías realizaron las diligencias de rigor y comprobaron que, al identificarlo, el anciano contaba con antecedentes penales por robos contra las personas y la propiedad.
El caso quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Las autoridades judiciales tendrán que definir, además de la calificación y la posible condena, si al hombre se le otorga el arresto domiciliario.
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Ese beneficio, que se concede a detenidos que cuenten con condiciones especiales, alcanza a los condenados que superen los 70 años de edad y registren enfermedades graves preexistentes. Sin embargo, no es el único requisito.
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En un dictamen conocido por la ex procuradora general sobre el represor Miguel Ángel Torrá, Alejandra Gils Carbó, advirtió que la prisión domiciliaria implica “una disminución significativa del control estatal sobre el cautelado” y un “incremento del riesgo de que eluda la acción de la justicia y de que el Estado”.
Por lo tanto, el beneficio tiene que estar fundado para evitar “el trato cruel, inhumano o degradante del detenido” o “la restricción de derechos fundamentales que la prisión no debe afectar”.
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Según el último informe del Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), publicado en 2021, apenas el 2% de las personas privadas de su libertad eran mayores a los 65 años.
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