El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) advirtió que el Estado hondureño mantiene avances insuficientes en el cumplimiento de las sentencias internacionales relacionadas con los casos Triunfo de la Cruz, Punta Piedra, San Juan y, más recientemente, Cayos Cochinos.
La preocupación surge cuando el país será examinado por el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial, que revisará la situación hondureña y podrá conocer los obstáculos que enfrentan las comunidades indígenas y afrodescendientes para ejercer plenamente sus derechos.
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Frank Cruz, director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del CONADEH, señaló que el organismo mantiene un seguimiento permanente de las resoluciones emitidas por la Corte Interamerica de Derechos Humanos IDH y considera que el Estado no puede limitar el cumplimiento de estas decisiones al pago de indemnizaciones.
Uno de los principales desafíos está relacionado con el reconocimiento y protección de los derechos ancestrales sobre los territorios de las comunidades.
Reclamos sin respuesta
Las sentencias de la Corte IDH han establecido obligaciones para el Estado hondureño dirigidas a reparar las violaciones cometidas contra comunidades indígenas y garífunas. Sin embargo, el cumplimiento integral de esas medidas continúa siendo motivo de preocupación.
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Para el CONADEH, Honduras debe avanzar tanto en las obligaciones económicas como en aquellas relacionadas con la restitución territorial, la protección de las comunidades y las garantías destinadas a impedir que hechos similares vuelvan a ocurrir.
El problema adquiere una dimensión mayor porque, mientras las comunidades esperan que se materialicen las medidas ordenadas internacionalmente, persisten denuncias sobre amenazas, conflictos territoriales, despojos y procesos de criminalización.
El organismo defensor considera urgente que las autoridades fortalezcan las instituciones responsables de ejecutar las resoluciones de la Corte IDH y que se asignen los recursos necesarios para que las medidas no permanezcan únicamente en documentos oficiales.
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Cuatro sentencias, misma preocupación
Los casos de Triunfo de la Cruz, Punta Piedra y San Juan se han convertido en referentes internacionales de las dificultades que enfrentan los pueblos indígenas y afro-hondureños en la defensa de sus territorios.
A estos expedientes se sumó la sentencia relacionada con Cayos Cochinos, notificada el 4 de marzo de 2026, que plantea nuevas obligaciones para el Estado hondureño.
En este último caso, entre las medidas señaladas se encuentra la necesidad de adecuar los mecanismos de consulta previa, libre e informada, además de garantizar la participación efectiva de la comunidad en el plan de manejo del área protegida.
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La discusión vuelve así a uno de los temas más sensibles para las comunidades indígenas y afrodescendientes: la posibilidad de participar en las decisiones que afectan directamente sus territorios, recursos naturales y formas tradicionales de vida.
No se trata únicamente de ser escuchados, sino de contar con mecanismos que permitan una participación efectiva antes de que se adopten decisiones que puedan tener consecuencias sobre sus derechos colectivos.
La falta de resultados también ha alcanzado a la Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el Cumplimiento de Sentencias Internacionales (CIANCSI), creada con el propósito de atender las obligaciones derivadas de decisiones internacionales contra el Estado hondureño.
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En abril de 2025, cuando había transcurrido un año desde la instalación de esta comisión, comunidades garífunas realizaron una movilización y declararon públicamente el “deceso” de la instancia.
La protesta estuvo relacionada con la falta de asignación presupuestaria y la ausencia de resultados concretos, particularmente en materia de restitución territorial y garantías de no repetición. Lo que reclaman es que las medidas ordenadas tengan una expresión concreta en sus territorios.
A la par, denunciaron que continúan las amenazas, los procesos de criminalización y los despojos, una situación que mantiene a varias comunidades en un escenario de vulnerabilidad permanente.
La criminalización, otra alarma
El CONADEH también puso el foco sobre el uso de figuras penales como la usurpación y sobre la aplicación de medidas cautelares o preventivas relacionadas con desalojos.
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La preocupación radica en que mecanismos concebidos dentro del sistema de justicia puedan terminar utilizándose en conflictos territoriales que involucran a comunidades históricamente asentadas en determinadas zonas.
Por ello, el llamado es a que las decisiones estatales incorporen una perspectiva de derechos humanos y reconozcan las obligaciones internacionales asumidas por Honduras.
La revisión que realizará el Comité contra la Discriminación Racial durante hoy y mañana coloca nuevamente bajo la mirada internacional la situación de los pueblos indígenas y afro-hondureños.
Uno de los principales llamados del organismo es que el Estado no se limite a cumplir las obligaciones económicas derivadas de las sentencias, sino que atienda también las medidas relacionadas con territorio, protección, participación, garantías de no repetición y reconocimiento de derechos ancestrales.
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Las sentencias de la Corte Interamericana son de obligatorio cumplimiento para los Estados que han reconocido su jurisdicción. En el caso hondureño, el reto pendiente es traducir esas decisiones en acciones verificables dentro de las comunidades.
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