La familia de Mónika Silva espera desde hace más de dos meses la entrega de su cuerpo en Ecuador

El cuerpo de Mónika Silva Koniuszek permanece bajo custodia forense en Ecuador más de dos meses después de que la activista polaca fuera encontrada muerta en Montañita, en la costa del país. Su familia todavía no conoce cuándo podrá recibir los restos, mientras permanecen pendientes pericias requeridas dentro de una investigación que cambió sustancialmente después de los primeros exámenes practicados al cadáver.

Silva, de 41 años, fue encontrada sin vida el 8 de junio de 2026 en una vivienda ubicada en el sector El Tigrillo, en Montañita, provincia de Santa Elena. En las primeras horas posteriores al hallazgo circuló la hipótesis de que se habría suicidado. Esa posibilidad fue mencionada públicamente por el ministro del Interior, John Reimberg, a partir de información preliminar proporcionada por la Policía.

Los resultados forenses, sin embargo, descartaron ese escenario. La autopsia determinó una muerte violenta y estableció como causa una asfixia mecánica por constricción del cuello. También fueron identificadas otras lesiones en el cuerpo de Silva. La investigación continuó entonces bajo el protocolo de femicidio.

Desde aquel procedimiento han transcurrido más de dos meses sin que el cadáver pueda ser liberado. De acuerdo con representantes que acompañan a la familia, permanecen pendientes resultados de estudios histopatológicos y toxicológicos necesarios para completar las diligencias forenses.

Lita Martínez, directora ejecutiva de Cepam Guayaquil, explicó que parte de los análisis especializados requeridos no se procesa en Santa Elena. Hasta el 12 de agosto no existe una fecha oficial para que el Centro Forense entregue el cuerpo.

La demora ha prolongado también la espera de la familia para realizar las exequias. Alfonso Ortiz, integrante del colectivo de derechos humanos Monicha Sumpa, señaló que la intención es realizar un velorio cuando los restos sean finalmente liberados y posteriormente proceder a la cremación. Personas cercanas a Silva han indicado que ella había expresado su deseo de permanecer en Montañita.

Paralelamente, las circunstancias de su muerte son investigadas en dos países. En Ecuador, el expediente permanece bajo reserva y la Fiscalía no ha informado públicamente sobre personas procesadas por el crimen ni ha establecido un móvil.

Polonia abrió su propia investigación cuatro días después del hallazgo. La Fiscalía de Distrito de Olsztyn inició el proceso el 12 de junio y activó mecanismos de cooperación internacional para obtener información de las autoridades ecuatorianas.

Entre la documentación requerida constan registros de la inspección de la escena, testimonios, informes periciales y resultados de la autopsia. La Fiscalía polaca informó posteriormente que los antecedentes preliminares remitidos desde Ecuador apuntaban a una alta probabilidad de que la muerte hubiera ocurrido como consecuencia de una acción deliberada de terceras personas.

El caso también generó actuaciones en el Parlamento polaco, donde se solicitaron explicaciones al Ministerio de Justicia sobre la cooperación con Ecuador y las medidas adoptadas para esclarecer la muerte.

Silva llevaba alrededor de una década viviendo en Ecuador y desarrolló parte importante de su actividad pública en Santa Elena. Presidía la Fundación La Integridad y había realizado denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en instituciones públicas, conflictos por tierras y actuaciones de autoridades locales.

Antes de morir también había manifestado haber recibido amenazas y expresó preocupación por su seguridad. Los representantes de su familia y organizaciones de derechos humanos han solicitado que esas denuncias sean examinadas para determinar si existe alguna relación con el asesinato. Hasta ahora, la Fiscalía no ha establecido públicamente ese vínculo.

Otro elemento que permanece sin explicación pública corresponde a los sistemas de seguridad del inmueble donde fue encontrada. La vivienda contaba con cámaras y mecanismos electrónicos de acceso, pero debido a la reserva del expediente se desconoce qué información obtuvieron los investigadores de esos dispositivos.

Cepam y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos realizan seguimiento al proceso con autorización de la madre de Silva. Las organizaciones han pedido debida diligencia e independencia en las investigaciones y han cuestionado la hipótesis de suicidio difundida durante las primeras horas.

A más de dos meses del hallazgo, las principales preguntas sobre quién mató a Mónika Silva y por qué permanecen sin una respuesta pública. A esa incertidumbre se suma otra espera para su familia: que concluyan las pericias pendientes y las autoridades ecuatorianas autoricen finalmente la entrega de su cuerpo.