Caso Lucas González: las pruebas que desmienten a los policías acusados de encubrimiento

El crimen de Lucas González, el jugador juvenil de Barracas Central baleado por efectivos de la Policía de la Ciudad, avanza hacia su resolución con la investigación del fiscal Leonel Gómez Barbella.

Ayer por la tarde, según información judicial a la que accedió Infobae, Gómez Barbella pidió formalmente al juez Martín Del Viso, que entiende en el expediente, que procese con prisión preventiva a los seis efectivos de la Brigada de la Comuna 4 acusados de encubrimiento, que ampliaron ayer lunes sus indagatorias en Tribunales. También, pidió que se los impute por el delito de torturas.

Así, la calificación en su contra incluye los delitos de falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin las formalidades de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionario público y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas, todos en concurso ideal.

Juan Horacio Romero, Fabián Alberto Du Santos, Roberto Inca, Héctor Cuevas, Micaela Fariña y Lorena Miño, que se entregó a fines de noviembre luego de que su defensa difundiera un video con sus explicaciones.

“De lo labrado por personal de la Policía Federal Argentina en virtud de las versiones que le otorgaron los policías de esta Ciudad que habían llegado al lugar de los hechos, poco y nada explicaron de lo realmente sucedido y únicamente se limitaron a referenciar en forma sistemática que se había tratado de un ‘enfrentamiento’ y que se produjo la incautación de un arma de fuego, que a la postre se estableció de utilería, evidentemente colocada por el personal actuante en este procedimiento”, afirmó Gómez Barbella en el pedido de procesamiento al que accedió este medio.

Romero, el policía de mayor rango en la lista, aseguró en su descargo que había recibido la noticia de “un enfrentamiento” mientras estaba en San Antonio de Padua. Sin embargo, hay pruebas que contradicen la versión policial. Provienen de un informe requerido en la causa a la División Transcripciones e Informes Judiciales de la Policía de la Ciudad con los movimientos de radio del hecho. Allí, surge que la intervención comienza a las 9:41 horas del 17 de noviembre en donde es baleado Lucas, con una ambulancia del SAME pedida “en prioridad” por un efectivo herido por colisión, no por González ya moribundo con un tiro en la cabeza.

“09:45:24 CIERRE DESPACHO SAME Web Agencia: ENLACE SAME Tipo/Subtipo: ARMAS (ENFRENTAMIENTO ARMADO) Prioridad: 1 -ROJO Resultado de cierre: REDERIVADO A C.D. 10.47.20.215 ( 10.47.20.215″, afirma un ítem en la lista de movimientos.

“09:56:04 COMENTARIO Comuna 4 BRIGADA REFIERE QUE SE ENCONTRABAN RECORRIENDO LA COMUNA EL CUAL OBSERVA DICHA SURAN REALIZA MANIOBRAS IMPRUDENTES A TAL MOVIL LA BRIGADA INICIA MANIOBRA PARA PODER DETENERLA EN DONDE ACOMPAÑANTE EXHIBE ARMA DE FUEGO COLISIONANDO A LA DOTACION DE LA BRIGADA MOTIVO QUE SE INICIO UN ENFRENTAMIENTO APORTERIO A LA COLISION”, asegura una entrada posterior.

Luego, se obtuvo rápidamente el informe de dominio del Volkswagen Suran que manejaban las víctimas. Se supo en el momento que uno de los sobrevivientes tenía una cédula azul para conducirlo. A las 11:14, la versión cambia en la radio policial: “11:14:00 COMENTARIO Comuna 4 OP AMPLIA HASTA EL MOMENTO NO ES HABIDO ARMA DE FUEGO DE LOS MALVIVIENTES”.

Sin embargo, la versión de un presunto enfrentamiento trascendió esa mañana. La propia radio policial los había desmentido y la información quedó asentada. Luego, semanas después, la lista de mensajes de radio llegaría a la Justicia.

Así, el fiscal notó en su pedido: “En suma, a las 10:00 horas del 17 de noviembre de 2021, ya se tenía la certeza de que los jóvenes estaban en un automóvil que pertenecía a la familia de uno de ellos y que no portaban armas (a las 11:14 horas de la mañana se confirma que no tenían armas). Rápido tendrían que actuar los numerarios de la Policía de la Ciudad, pero no lo hicieron en pos de la legalidad, sino que encubrieron a sus compañeros”.

Gómez Barbella, incluso, habla de una “escenificación” del hecho, cuando estaba en manos del Juzgado de Menores N°4. Recordó que la escena había sido vallada a 200 metros a la redonda, que no se permitió que se filmara o se tomaran fotografías y que los menores estuvieron dos horas esposados en el pavimento mientras eran insultados con epítetos como “villeritos”. Uno de los jóvenes, que luego fue imputado y sobreseído en 48 horas, declaró: “En un momento, yo quería ver a mi amigo, no me dejaban y escucho que dice: ‘¿acá hay domo, jefe?’ dice un policía, ‘¿acá hay domo?. ‘No’. ‘Bueno entonces nadie graba y nadie saca fotos, nadie graba y nadie saca fotos’”.

También, el fiscal justificó su pedido de prisión preventiva en la posibilidad de que se presione a los sobrevivientes. “Precisamente, los menores detenidos merecían –por aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño- un trato privilegiado derivado de la protección específica por su especial status de niños”, asegura Gómez Barbella, invocando legislación internacional con jerarquía constitucional.

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