El ladrón acusado de matar a tiros a un policía de la Federal tenía una tobillera electrónica puesta al momento del crimen

A Luciano Gabriel Serón lo fueron a buscar por andar donde no debía, en más de un sentido.

A comienzos de este mes, la Policía de la Ciudad llegó a su casa en el Barrio Illia del Bajo Flores para detenerlo y llevárselo de vuelta. Salió primero su madre, que dijo que su hijo estaba ahí. Luciano tenía una tobillera electrónica, monitoreada por el Servicio Penitenciario Federal. El Tribunal Oral N°5, según fuentes policiales, había ordenado que lo enviaran de vuelta a prisión por una vieja causa por un robo a mano armada cometido junto a un cómplice que data de 2014. Serón era remisero en ese entonces, conducía el auto de su madre de acuerdo a su defensa. El racconto del hecho que consta en documentos judiciales habla de dos víctimas abordadas a las que se le sustrajeron celulares, dinero y ropa. Tras huir, fueron capturados por la Policía Federal. En la fuga descartaron una pistola Ballester Molina calibre 45.

En ese entonces ya tenía una condena previa. Cuando se cometió el robo en 2014, Serón tenía una cuenta pendiente con la ley: una pena impuesta por el Tribunal de Menores N°1 de tres años y cuatro meses que vencía en 2015 por un hecho cometido en 2012, que terminó de cumplir detenido.

En abril de este año, de acuerdo a documentos judiciales a los que accedió Infobae, llegó con su defensa a la Cámara porteña: la Sala 3 con los jueces Jantus, Magariños y Huarte Petite denegó su excarcelación definitiva tras declarar inadmisible un recurso presentado. Para ese entonces, según el fallo de la Sala, Serón estaba bajo arresto domiciliario hace más de un año.

Cinco días después de que la Policía de la Ciudad lo arrestara otra vez, una brigada de detectives de la división Homicidios de la Policía Federal volvía al barrio lllia para llevarse a sus cómplices, en una serie de allanamientos bajo el fiscal Marcos Borghi de la UFI de Homicidios de La Matanza. La brigada, básicamente, iba para esclarecer el crimen de uno de sus hombres.

El 14 de octubre de este año por la noche, el cabo Diego Di Giacomo, efectivo del departamento de Control Operacional de la Policía Federal, fue asesinado a tiros en la heladería Bianca de Ramos Mejía en La Matanza, cuando un grupo de delincuentes intentó asaltarla tras llegar en un Volkswagen azul. Di Giacomo, presente en el lugar, intentó evitar el robo, de civil en el lugar mientras compraba helado: perdió la vida al llegar al Policlínico de San Justo.

El fiscal Borghi cree que Serón, según fuentes judiciales, es el autor material del asesinato del cabo Di Giacomo. No solo eso: hay pruebas para vincularlo a otros dos hechos además del crimen del cabo cometidos durante su prisión domiciliaria, cometidos en un lapso de 15 días. Lo incriminan no solo su fisonomía, su ropa y las cámaras de seguridad. También lo incrimina la tobillera delatora que llevaba en una pierna.

Todos estos tres hechos, supuestamente, los cometió con la tobillera puesta, la misma que entregó a la Policía de la Ciudad cuando se lo llevaron. La tenía con la batería baja.

Así, Homicidios de la Federal fue con una lista de 8 allanamientos entre la Villa 1-11-14 y el Barrio Illia, con ocho imputados. Pocos días antes del arresto de Serón, Homicidios se había enterado de la existencia de la tobillera y dio la alerta. “Se pidió un informe. La tobillera estaba activa en cualquier lado. No daba donde debía”, asegura un investigador clave del caso. “Así, el Tribunal lo ordena detener”, afirma.

Había nombres, una lista de pistas de prendas usadas el día del robo, como una camiseta del Club Atlético Independiente, una campera camuflada. Tenían un nombre en particular, Adrián T., supuestamente dedicado a alquilar armas para cometer delitos. La jornada del 6 de noviembre terminó con tres detenidos, entre ellos un joven del barrio Illia que cayó armado tras resistirse al arresto.

La madre de Serón se tensa ante el llamado: “No hago declaraciones a la prensa”, asegura. La causa, por lo pronto, ya no está en manos del fiscal Borghi. Cambió de fuero: uno de los imputados es menor de edad.

Seguí leyendo: