Centroamérica ante la brecha verde: la biodiversidad depende de fondos externos, advierte la CEPAL

Los bosques, manglares, ríos y áreas marinas de Centroamérica sostienen actividades como la agricultura, la pesca y el turismo, pero su protección enfrenta una limitación financiera que atraviesa a toda América Latina y el Caribe. Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) calcula que la región requiere $170.217 millones al año para conservar, restaurar y usar de forma sostenible la biodiversidad, una cifra muy superior a los recursos hoy disponibles.

El estudio sitúa los flujos actuales en unos $17.230 millones anuales, por lo que estima una brecha de financiamiento de $152.987 millones por año. Esa diferencia equivale a cerca del 2.1% del producto interno bruto regional y refleja la distancia entre las metas ambientales y los presupuestos destinados a cumplirlas.

Aunque el documento no ofrece un cálculo específico para cada país centroamericano, sus datos permiten identificar una dificultad compartida. La CEPAL incluyó información fiscal de siete países de Centroamérica en su estimación regional y advierte que los Estados con menor capacidad fiscal o mayor vulnerabilidad ambiental dependen en mayor medida de fondos concesionales, cooperación y banca multilateral.

Las cuencas requieren inversiones de hasta USD 8.263 millones al año

La protección de esas cuencas demandaría entre USD 3.057 millones y USD 8.263 millones anuales en toda la muestra analizada, según el tipo de intervención. El cálculo menor toma como referencia la conservación de nacimientos de agua en ecosistemas estratégicos. El superior incluye restauración forestal, sistemas agrosilvopastoriles y preparación de tierras para plantaciones.

Para Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá, el dato coloca al agua como un eje concreto de la brecha ambiental. El estudio considera que los recursos hídricos atraviesan todas las categorías de biodiversidad, desde los ecosistemas terrestres hasta las zonas costeras y urbanas.

Agricultura y pesca concentran las mayores necesidades

La mayor parte de los recursos requeridos no se limita a la creación de áreas protegidas. La CEPAL calcula que la transición de la agricultura y la ganadería hacia prácticas compatibles con la biodiversidad representa el 58.9% de las necesidades de financiamiento. Si se añaden los costos vinculados al tratamiento de aguas urbanas, la proporción sube al 67.2%.

El informe toma como referencia las metas del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, adoptado bajo el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Entre ellas figura la conservación de al menos el 30% de las áreas terrestres y marinas para 2030, además de la reducción de la contaminación y la transformación de actividades productivas.

La presión sobre sectores como la agricultura, la ganadería y la pesca tiene una dimensión económica. Según datos recopilados por la CEPAL, el 56% del producto interno bruto regional depende de forma moderada o alta de la naturaleza. El estudio también cita estimaciones según las cuales un deterioro parcial de servicios ecosistémicos podría implicar pérdidas equivalentes al 3.4% del Producto Interno Bruto (PIB) de la región.

Los recursos públicos concentran el financiamiento disponible

El financiamiento para biodiversidad en América Latina y el Caribe proviene sobre todo del sector público. Según la CEPAL, los recursos públicos nacionales e internacionales representan el 55% de los flujos dirigidos a conservación, restauración y uso sostenible de ecosistemas. Los mecanismos público-privados aportan el 27%, mientras que el financiamiento privado equivale al 18%.

Dentro del componente internacional, el informe considera la asistencia oficial para el desarrollo bilateral y multilateral, además de otros recursos públicos externos. La investigación usa datos de Cepalstat para el gasto ambiental de los gobiernos y fuentes como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Banco Interamericano de Desarrollo y organismos multilaterales para calcular el resto de los flujos.

Para los países centroamericanos, esta estructura implica que la ejecución de proyectos para áreas protegidas, cuencas, manglares o corredores biológicos suele requerir aportes externos. La CEPAL señala que el financiamiento internacional puede cubrir intervenciones directas, pero también funcionar como garantía o cofinanciamiento para atraer recursos de presupuestos nacionales, bancos de desarrollo y actores privados.

Fondos multilaterales y cooperación, bajo presión hacia 2030

El documento identifica al Fondo para el Medio Ambiente Mundial, al Fondo del Marco Mundial para la Biodiversidad y al Fondo de Cali como mecanismos con capacidad para canalizar recursos internacionales. La CEPAL plantea que los flujos externos deberían aumentar hacia 2030, aunque reconoce obstáculos de acceso, preparación de proyectos, ejecución y seguimiento institucional.

El análisis también retoma un informe de Expert Review on Debt, Nature and Climate, publicado en 2025, para describir una “triple crisis” de clima, deuda y biodiversidad. En ese contexto, el financiamiento externo adquiere relevancia para países que deben sostener inversiones ambientales junto con otras demandas fiscales.

La CEPAL estima que, incluso bajo un escenario regional ambicioso, la movilización de USD 113.286 millones adicionales por año reduciría la brecha en 74%, pero no la eliminaría.