Cuatro ex efectivos de la Policía Federal fueron condenados este lunes en un juicio oral a penas de hasta 3 años de prisión, que no serán de cumplimiento efectivo, acusados de haber armado causas a indigentes para luego presentar los procedimientos ante la prensa televisiva con el fin de ganar crédito.
El Tribunal Oral en lo Criminal 30 porteño condenó a los imputados por 5 hechos de “privación de la libertad agravada por su condición de policía en concurso ideal con la falsificación de documentos”, y la máxima pena recayó sobre José Lusarreta, quien recibió 3 años de prisión y 6 de inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
En tanto, Hugo Daniel Rodríguez, Ricardo Maldonado y Carlos Francisco Giusepucci recibieron 2 años y 9 meses de prisión, más una inhabilitación de 5 años y 6 meses, pero ninguno de los cuatro irá a la cárcel, ya que, por el monto de las penas, se trata de condenas excarcelables.
Los fiscales del juicio, Fabián Celiz y Germán Wechsler, habían solicitado en los alegatos 8 años de cárcel para Lusarreta y 4 años para los otros tres policías, en todos los casos de prisión efectiva.
Los hechos que se sustanciaron en el juicio datan de 1997 y 1998, período en el que los policías utilizaban como “carnada” a una persona que se acercaba a mendigos o desocupados y les ofrecía una changa, ganaba su confianza, y luego se ausentaba y les dejaba un bolso a su cuidado. Posteriormente, aparecían los policías, que simulaban un procedimiento, y con abuso de sus funciones, los detenían acusándolos de tenencias de armas o drogas. Estos procedimientos eran presentados por los efectivos a la prensa televisiva como exitosos para ganar crédito dentro de la fuerza.
Es de destacar que estos policías ya fueron juzgados en dos oportunidades y absueltos en ambos casos, primero por el beneficio de la duda y luego por prescripción de la causa, pero por una presentación que llegó a la Corte Suprema de Justicia tras el primer juicio, se logró que sean sometidos a un tercer proceso. “Se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Vuelvan los autos al tribunal de origen con el fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente”, ordenó la Corte.
El caso se inició a partir del informe elaborado por la “Comisión Investigadora de Procedimientos Fraguados”, creada en el 2000 por el entonces procurador general de la Nación Esteban Righi y que estuvo a cargo de Daniel Rafecas, actualmente juez federal.
Allí se detectó el modus operandi de estos policías, quienes con su accionar damnificaron no sólo a indigentes, sino a personas que estaban desempleadas o tenían graves problemas mentales. La comisión relevó 75 procedimientos armados que perjudicaron a 123 personas en estado de vulnerabilidad manifiesta.
En este juicio, declararon dos de las cinco víctimas, Roque Molfese y Víctor Sandoval Morales, quienes en 1997, luego de ser engañadas, fueron detenidas, el primero en la estación de Retiro con un bolso lleno de billetes falsos, revólveres y granadas y el segundo en Constitución, con drogas.
Por entonces, los casos fueron difundidos en todos los medios como un éxito por parte de la Policía Federal, aunque se determinó que todos los procedimientos eran falsos.
En la etapa de los alegatos, los fiscales sostuvieron que los cuatro policías “menoscabaron el buen nombre y honor de una institución creada en 1943, que sin perjuicio de las actividades propias en lo que hace a prevención y servicio a la comunidad, es auxiliar de la justicia en su trabajo diario y en muchos casos, en la etapa de instrucción, se transforma en sus ojos”.
Señalaron, además, que “montaron todo un escenario para que los jueces impartan justicia a un inocente, cabiendo la posibilidad de condenarlos a sabiendas de ello” y remarcaron que “todo su accionar fue una siembra de injusticia”.
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