Dos fiscales pidieron penas de hasta ocho años de prisión para un grupo de policías que hace 22 años fue acusado de armar causas a indigentes, para luego presentar los procedimientos ante la prensa televisiva con el fin de ganar crédito.
La solicitud fue realizada ante el Tribunal Oral en lo Criminal 30 porteño por los fiscales Fabián Celiz y Germán Weschler, durante los alegatos del debate que se realiza contra Héctor José Lusarreta, Hugo Daniel Rodríguez, Carlos Francisco Giusepucci y Ricardo Maldonado.
Para el primero, la fiscalía pidió una pena de ocho años de cárcel y para los otros tres, cuatro años. En todos los casos es por el delito de “privación ilegal de la libertad agravada reiterada en concurso ideal con falsedad ideológica de instrumento público en concurso real con falso testimonio agravado por ser cometido contra el imputado”. Además, solicitaron una inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.
“Ellos han menoscabado el buen nombre y honor de una institución creada en 1943, que sin perjuicio de las actividades propias en lo que hace a prevención y servicio a la comunidad, es auxiliar de la justicia en su trabajo diario y en muchos casos, en la etapa de instrucción, se transforma en sus ojos”, afirmaron los fiscales en su alegato.
Señalaron, además, que “montaron todo un escenario para que los jueces impartan justicia a un inocente, cabiendo la posibilidad de condenarlos a sabiendas de ello” y remarcaron que “todo su accionar fue una siembra de injusticia”.
Las defensas de los policías solicitaron su absolución o una pena de ejecución condicional y ahora el debate pasó a un cuarto intermedio hasta el 23 de diciembre, cuando está previsto que se dé a conocer el veredicto.
Al comenzar el debate, los abogados plantearon que la causa había prescripto y pidieron la nulidad de la elevación a juicio, pero ambas iniciativas fueron rechazados por el TOC 30.
Los hechos que se sustanciaron en el juicio datan de 1997 y 1998, período en el que los policías utilizaban como “carnada” a una persona que se acercaba a mendigos o desocupados: les ofrecía una changa, ganaba su confianza, luego se ausentaba y les dejaba un bolso a su cuidado.
Posteriormente, aparecían los policías, que simulaban un procedimiento, y con abuso de sus funciones, los detenían acusándolos de tenencias de armas o drogas.
Estos procedimientos eran presentados por los efectivos a la prensa televisiva como exitosos para ganar crédito dentro de la fuerza.
Estos policías ya fueron juzgados en dos oportunidades y absueltos en ambos casos, primero por el beneficio de la duda y luego por prescripción de la causa. Sin embargo, por una presentación que llegó a la Corte Suprema de Justicia tras el primer juicio, se logró que sean sometidos a un tercero.
El caso se inició a partir del informe elaborado por la “Comisión Investigadora de Procedimientos Fraguados”, creada en 2000 por el entonces procurador general de la Nación Esteban Righi y a cargo de Daniel Rafecas, actualmente juez federal.
Allí se detectó el modus operandi de estos policías, quienes con su accionar damnificaron no sólo a indigentes, sino a personas que estaban desempleadas o tenían graves problemas mentales.
En este juicio, declararon dos de las cinco víctimas, Roque Molfese y Víctor Sandoval Morales, quienes en 1997 fueron detenidas tras ser engañadas:, primero en la estación de Retiro con un bolso lleno de billetes falsos, revólveres y granadas y después en Constitución, con drogas.
Por entonces, los casos fueron difundidos en todos los medios como un éxito por parte de la Policía Federal, aunque todos los procedimientos eran falsos.
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