Las preocupaciones de los jueces que deben juzgar las causas políticas

"Preocupados". Esa es la respuesta que dan los jueces de los tribunales orales federales cuando se les pregunta por la expectativa ante la llegada de las grandes causas políticas. Son los expedientes que involucran a la ex presidente Cristina Kichner y a ex funcionarios de su gobierno como Julio De Vido, José López, Carlos Zannini, Héctor Timerman y al empresario Lázaro Báez, entre otros, y que concentran la toda la atención y tensión.

Las preocupaciones son tres. La primera es que esos "bodoques" colapsen los tribunales que ya están saturados y con agenda completa. La segunda es que el contenido de esas causas sea endeble y que tengan que "poner la cara" para absolver a los acusados en un momento en el que la sociedad reclama condenas. Y la tercera está vinculada a la segunda: enfrentar lo que algunos jueces llaman "sentencias mediáticas" en las que ya se resolvió la causa y se dice quién es culpable o inocente.

Infobae habló con nueve jueces que integran tribunales orales federales y que pidieron mantener sus nombres en reserva para contar cómo esperan la llegada de las causas que los tendrá como las estrellas centrales de la agenda judicial del mediano y largo plazo.

En 2016 y 2017 los jueces federales de primera instancia les dieron las peores noticias al kirchnerismo después de años de inmunidad judicial y una vez que dejó el poder. Fueron muchas las causas pero hubo cinco que sobresalieron: las irregularidades de la obra pública concedida a Báez; el lavado de dinero del empresario; Hotesur; Los Sauces; el memorándum de entendimiento con Irán; y la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Cristina Kirchner atraviesa la mayoría porque la acusación es que los fondos de la obra pública terminaron en las empresas Hotesur (de hoteles) y Los Sauces (de propiedades) de la familia Kirchner.

El lavado de dinero de Báez -conocida como "la ruta del dinero K"- fue la primera en ser enviada a juicio oral. El viernes fue el turno de la obra pública y se espera que en lo inmediato pase lo mismo con el memorándum y un poco más allá con Los Sauces y Hotesur, y todavía más alejada en el tiempo la muerte de Nisman.

Son los más grandes –en peso político y cantidad de acusados– pero no las únicas. Ya se iniciaron los juicios por el caso Ciccone –en el que está siendo juzgado el ex vicepresidente Amado Boudou– y por la tragedia de Once a De Vido. Y ya fueron enviadas a juicio los presuntos enriquecimientos ilícitos de los ex secretarios de Estado Ricardo Jaime y José López (detenido con bolsos con nueve millones de dólares) y del ex jefe del Ejército Cesar Milani. También la compra de trenes chatarra a España y Portugal y el segundo juicio a Boudou por los papeles del auto y al ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray por una falsa denuncia. Y hay más.

Muchas de esas causas tienen detenidos –como Báez, De Vido, Zannini, entre otros–, por lo que tienen prioridad para fijar el inicio del juicio.

La expectativa

La mayoría de esas causas tiene decenas de procesados -entre ex funcionarios y particulares, y varios de ellos detenidos-, miles de fojas judiciales, documentos y cajas de prueba.

Por esas características, hubo unanimidad de los jueces consultados sobre la principal preocupación: el colapso que generen esos expedientes en los tribunales. "La expectativa es horrible", se abre uno de los jueces. "Lo primero que pensás cuando te toca una de esas causas es ordenar el año del tribunal y la logística para llevarla a juicio", dice otro.

Pero en la realidad no es fácil, señala un colega en la misma línea y lo explica: "Tenemos poco personal; internet es lenta, el Lex-100 (N. de A.: el sistema tecnológico del Poder Judicial) hay días que no funciona; no hay lugar para guardar las causas y algunos son peligrosos como los pasillos del propio tribunal o los containers que están afuera de tribunales; la agenda de trabajo está cargada; el Código Procesal Penal le permite mil chicanas a los abogados para que los juicios no empiecen…".

Cada Tribunal Oral Federal (TOF, como se le dicen en tribunales) tiene entre 20 y 30 empleados y funcionarios -además de sus tres jueces– y un promedio de 350 causas en trámite. A eso hay que agregarle los legajos de ejecución, que son aquellos en los que se controla el cumplimiento de las penas y que en algunos casos duplican las causas. Hoy hay nueve TOF.

Los jueces señalan que el personal no alcanza. "Si me toca alguna de las causas grandes que están por subir voy a tener que destinar a tres personas del tribunal para que la lleven", explica un juez. Eso es un 10% de todo el personal para una sola causa.

Los magistrados también describen que muchos juicios duran años porque son grandes causas -principalmente las de lesa humanidad- pero también de narcotráfico y corrupción. Otros puntos centrales en este contexto son el nombramiento de jueces de un tribunal en otro para completar la integración y que no pueden hacer juicios todos los días –"te quema la cabeza y la concentración debe ser total"–, y tienen dejar parte de la semana para las causas que se resuelven sin llegar a juicio.

Por eso estas grandes causas generan temor y reclamos por más personal e infraestructura. Pero hay dos elementos que abren una ventana. Que los tribunales que reciban alguno de esos expedientes logren la designación de personal o que se aplique un sistema de compensación y pueden derivar causas que ya tienen a otros tribunales.

Y el segundo es el que más destacan los jueces: la puesta en marcha de los nuevos TOF. A los nueve tribunales que hay se tienen que sumar otros cuatro. El Congreso aprobó a fines de 2016 la ley de fortalecimiento de los tribunales orales que impulso el gobierno de Mauricio Macri por la cual se dispuso convertir cinco tribunales orales ordinarios -los que juzgan homicidios, violaciones, robos– en federales. De esos cinco ya se creó uno –el número 9– y se espera que el Consejo de la Magistratura de la Nación haga próximamente lo mismo con los otros cuatro.

"Eso va a servir para descomprimir porque en el sorteo va a haber más tribunales", explica un juez. De los históricos seis tribunales -los que había hasta el año pasado- se pasará a 13. "Necesitamos esa federalización ya", implora otro. El sorteo ya coronó a uno de los tribunales nuevos: la causa del lavado de Báez le tocó al TOF 9, el más nuevo de todos. "Hizo ruido. Se federalizó hace minutos y ya le tocó una causa así", dice un juez con sospecha, algo que corre a diario en Comodoro Py. "Pero ninguna irregularidad para denunciar", dijeron otros colegas. La suspicacia en los sorteros está tan instalada -en primera instancia se investiga el sorteo de la causa de la muerte de Nisman– que la defensa de Cristina Kichner pidió estar presente cuando se sortee el expediente de la obra pública. Eso ocurrió el viernes y la defensa no estuvo. El caso le tocó al TOF 2.

El TOF 9 puede ser el tribunal más importante porque tiene muchas chances de quedarse también con los juicios de la obra pública, Hotesur y Los Sauces, porque son los mismos acusados y las maniobras de cada caso están relacionadas.

Los jueces celebran la llegada de los nuevos TOF pero critican cómo son elegidos sus integrantes. "Es por el dedo del Gobierno que se reparte los cargos con un sector de la Justicia. Una decisión política", coinciden varios. La ley que federalizó los tribunales no especificó ningún mecanismo de selección y lo dejó en manos del Consejo de la Magistratura, donde el macrismo tiene mayoría.

"Si esto ocurría durante el kirchnerismo era un escándalo nacional", señala indignado un juez que aclara estar "lejos del kircnernismo pero esto era lo que se le criticaba". Otro coincide que la falta de un sistema de selección da motivo a suspicacia pero señala que el procedimiento "es legal". Un juez cuyo nombre suena para los nuevos TOF también es crítico: "Era mejor que la ley tenga un sistema de selección. Cualquiera pero uno". Otra crítica es que muchos jueces que pueden pasar a los TOF no tienen ninguna experiencia en causas federales, que son más complejas que las ordinarias que llevan.

La segunda preocupación es que el contenido de las causas que pueda derivar en absoluciones. En rigor, ese no es el problema porque absoluciones hay a diario, sino porque en estos casos van a tener todas las miradas encima.

"Todas las causas tienen falencias y estas no van a hacer la excepción", describe un juez. "Sabemos que son causas con contenido político, que muchos jueces de primera instancia se apuran a mandarlas por presiones o para quedar bien. Son bodoques y después los cachetazos te los comes vos", señala otro. El problema no son solo eventuales absoluciones sino también otro punto central en la corrupción que es el recupero de lo robado. "Va a explotar cuando tengamos que devolver los bienes embargados", piensa otro magistrado sobre los efectos de eventuales absoluciones.

Entre los jueces de los tribunales orales y los de primera instancia –los que investigan las causas que van a juicio– hay una histórica disputa dialéctica. Los primeros dicen que cuando absuelven es porque la investigación fue un desastre y no había pruebas. Y los segundos, que las pruebas estaban y que el tribunal oral no se animó a condenar.

El contenido de una causa no es solo por si hay prueba, sino también, destacó un juez, por la complejidad que pueden tener las causas de corrupción y las comparó con las del menemismo. "En las causas de los '90 veías una corrupción más casera, casi burda a veces. Ahora hay cuentas en el exterior, empresas off shore, un entramado estatal detrás. ¿Estamos capacitados para juzgar ese tipo de maniobras?", se pregunta.

La tercera preocupación es lo que tres jueces llamaron "sentencias mediáticas". La referencia es a que en los medios se instala una idea sobre un expediente y se espera que en el juicio no pase otra cosa que lo ya se publicó. "Y si durante el juicio no se corresponde con la expectativa de la gente, nos putean a nosotros. Los juicios no los cubre nadie salvo el día que empieza y el veredicto. Pero si alguien los siguiese el resultado no debería ser una sorpresa para nadie porque se darían cuenta que se corresponde con el desarrollo del juicio", explicó la idea, con enojo, un juez.

Otro lo ejemplifica: "En el juicio a Amado Boudou por los papeles falsos del auto su ex pareja declaró que había firmado un documento en el que le cedía a Boudou el vehículo. Pero ¿qué quedó instalado y te dice cualquier persona? Que Boudou la quiso cagar".

Infobae le preguntó a los nueve jueces consultados si había alguna causa que no querían que les toque. Cuatro contestaron que no tenían problema en recibir ninguna. Y otros cinco coincidieron: no quieren la firma del memorándun de entendimiento con Irán. ¿Motivos? "es política", "muy subjetiva", "poco claro de que haya un delito". Junto con el memorándum a tres jueces tampoco les gustaría recibir la muerte de Nisman ("muy cruzada por los servicios de inteligencia") y a otro el expediente por dólar futuro ("también política") en la que está acusada Cristina Kirchner pero que ya fue elevada a juicio y está a cargo del TOF 1. Los magistrados aclararon que las causas las conocen por los medios.

Si bien el panorama es complejo, dos jueces destacaron que también hay "una oportunidad y un desafío". "La cercanía entre el hecho y el juicio va a darle credibilidad al sistema judicial. María Julia Alsogaray se murió con juicios pendientes", señaló un magistrado.

Estos temas son "charlas de pasillo", "informales", en el sexto piso de Comodoro Py -donde están los tribunales orales- entre los jueces que se cruzan y se conocen, o entre los que integran el mismo tribunal. No hubo comidas grupales. Comparten las preocupaciones pero, por ahora, no las exponen más allá de ámbitos pequeños y donde se sienten en confianza.
Así como las preocupaciones son coincidentes también lo es la reflexión final de cada juez. "Pero bueno. Si nos toca alguna de esas causas son las reglas del juego. Haremos lo que tengamos que hacer".