El 29 de enero de 1974, el presidente de la Nación, general Juan Domingo Perón, designó como subjefe de la Policía Federal y Superintendente de la misma fuerza a los comisarios Alberto Villar y Luis Margaride, respectivamente.
Alberto Villar, un comisario de la Policía Federal de larga trayectoria, era un oscuro pero conocido personaje que por decisión del presidente Perón recuperó poder y tropa. Formado en cursos dictados por la Organisation Armeé Secréte (OAS) en París, tenía vasta experiencia en la represión contra el sindicalismo clasista y combativo y las organizaciones políticas. En 1970, bajo la dictadura militar denominada Revolución Argentina, había sido Jefe de Orden Urbano de la Policía Federal, desde donde organizó las primeras brigadas antiguerrilleras.
Tenía contactos permanentes con las Fuerzas Armadas y de seguridad de la República de Bolivia, gracias a la estrecha amistad con el general Hugo Banzer. En 1971 reprimió eficazmente las movilizaciones de los sindicatos combativos de Córdoba y debido a su personalidad estuvo a punto de protagonizar un enfrentamiento a tiros con la policía provincial. Perspicaz u oportunista, al asumir Héctor Cámpora pidió el pase a retiro.
El episodio más conocido de Villar fue el asalto a la sede del Partido Justicialista ubicado en avenida La Plata, en el barrio de Caballito, donde se velaban los cuerpos de varios militantes asesinados en Trelew en 1972, durante la dictadura militar del general Alejandro Agustín Lanusse. Hasta allí llegó Villar con sus patrulleros y una tanqueta, que fue utilizada para derribar la puerta principal y robar los ataúdes con los cuerpos frente a los desolados familiares que no pudieron impedirlo. Era un hombre ostentoso en el uso de las armas, con un perfil aventurero y de extremada violencia.
Margaride, a su vez, tenía entre sus antecedentes profesionales el asalto a los hoteles alojamiento donde se encontraban parejas. Si descubría a algún infiel, fuera éste hombre o mujer, llamaba al hogar y denunciaba que su cónyuge había sido sorprendido en otros brazos.
Es difícil creer que haya sido una coincidencia que el mismo día del nombramiento de estos temibles personajes, la Triple A difundiera públicamente una lista negra de personalidades que debían “ser ejecutadas inmediatamente donde se las encuentre”.
Los condenados eran J. Posadas; Nahuel Moreno, dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores; los abogados Silvio Frondizi, Mario Hernández y Gustavo Roca; Mario Roberto Santucho, dirigente del PRT; los dirigentes sindicales Armando Jaime, Raymundo Ongaro, René Salamanca y Agustín Tosco; el profesor Rodolfo Puiggros (hasta tiempo antes rector de la Universidad de Buenos Aires); el abogado Manuel Gaggero, director del diario El Mundo; Ernesto Giudice, miembro renunciante del Partido Comunista; el abogado Roberto Quieto, dirigente de Montoneros, y Julio Troxler, ex subjefe de la policía de la provincia de Buenos Aires cercano al Peronismo de Base. La nómina se completaba con las siguientes personas: coroneles Luis César Perlinger y Juan Jaime Cesio; obispo de La Rioja, monseñor Luis Angelelli y el senador nacional Luis Carnevale.
Villar y Margaride no fueron los únicos designados. Un día antes de que el general Perón asumiera la presidencia, el presidente interino Raúl Lastiri, había comenzado a allanar el camino. El 11 de octubre de 1973, a través del decreto 1.858 incorporó al comisario Juan Ramón Morales y al subinspector Rodolfo Eduardo Almirón al servicio activo, nada menos que para ser miembros de la custodia del general Perón.
Rodolfo Almirón, era un policía federal expulsado de la institución por ser el autor de la muerte de un oficial norteamericano durante una pelea en un local nocturno. Junto con él, ingresó a esa función el ex subcomisario Juan Ramón Morales, también expulsado del cuerpo por robo y contrabando de automóviles.
Los casilleros del organigrama de la Triple A iniciado un día antes de la asunción de Perón como presidente de la Nación, continuaron durante su presidencia. Porque existe además un segundo decreto. Es el 562 firmado por Perón el 18 de febrero de 1974, ya en ejercicio de la presidencia, en el que asciende a Morales a comisario inspector y a Almirón a inspector.
Transcribimos el texto original: Decreto 562/74. El Presidente de la Nación Argentina decreta: Art. 1º. Promuévase en la Policía Federal a partir de la fecha de promulgación del presente decreto a Comisario Inspector (R) Juan Ramón Morales (M.I.0424.695) y a Inspector (R) al Subinspector (R) D. Rodolfo Eduardo Almirón (M.I 5.651.119) Boletín Oficial.
Es posible que el general Perón ignorara la trayectoria de esos hombres cuando asumió la presidencia, y todo fuera un plan orquestado por José López Rega y ejecutado por Lastiri. No tenía por qué conocer sus antecedentes porque todavía no había asumido. Pero ya en el ejercicio de la primera magistratura no podía ignorar la procedencia delictiva de ambos policías. Él fue quien los promovió.
Perón también incorporó al subinspector Carlos Benigno Balbuena, fundador del Movimiento Argentino Nacional Organizado (MANO), una copia del Movimiento Anticomunista Nacional Organizado de Guatemala, famoso por los cientos de crímenes cometidos. Balbuena había sido detenido cuando intentó secuestrar al cónsul soviético en 1970, como represalia por el secuestro del cónsul paraguayo realizado por las FAL que exigía conocer el paradero de dos de sus militantes detenidos. El dictador Lanusse le concedió el indulto en mayo de 1972, poco antes de dejar el poder, y el gobierno justicialista lo reincorporó a la Policía Federal y lo ascendió al grado de inspector.
Apenas habían pasado doce meses desde su retorno definitivo cuando en el mes de mayo de 1974 el presidente de la Nación tomó tres decisiones que alimentaron la violencia desatada. La primera fue designar, mediante el decreto 1412 que lleva su firma, a Julio Yessi como presidente del Instituto Nacional de Acción Cooperativa (Boletín Oficial, 13 de mayo 1974). Dos semanas más tarde, Yessi participó en el asesinato de tres jóvenes miembros del PST: Mario Zidda, Antonio Moses y Oscar Meza. Recién en 2017 fue condenado a prisión perpetua por la jueza María Servini.
Por el decreto 1350, Perón ascendió a comisario general de la Policía Federal, el cargo más alto de esa institución, a José López Rega. Era, en realidad, una provocación innecesaria que despertó la protesta de prácticamente todos los partidos políticos, particularmente de aquellos que repudiaban la violencia y especialmente a ese nefasto personaje. En los fundamentos del decreto señaló “que de los antecedentes que se acompañan resta que el hoy ministro de Bienestar Social, don José López Rega, tuvo un brillante desempeño en la Policía Federal hasta la fecha de su retiro, dispuesto el 3 de abril de 1962”.
Finalmente, y a pesar de que los muertos se contaban por decenas y que las armas acallaban toda voz discordante, el General insistió en recomendar una represión “más fuerte y más violenta”, precisamente ante quienes sabía que eran cómplices de esa violencia. No lo hizo frente a los jefes de las fuerzas de seguridad, autorizados por la Constitución Nacional para reprimir a quienes atentaran contra el sistema democrático, sino ante jefes de sindicatos que habían convertido sus sedes en verdaderos arsenales que utilizaban para castigar a cualquiera que cayera en la categoría de enemigo.
Fue el 17 de junio de 1974 en la CGT, dos semanas antes de su muerte, cuando Perón recomendó a los jerarcas sindicales: “Desgraciadamente, la descomposición del hombre argentino, practicada sin medida durante tantos años, nos ha llevado a esto […] Tenemos que erradicarlo de una o de otra manera. Intentamos hacerlo pacíficamente con la ley. Pero si eso no fuera suficiente, tendríamos que emplear una represión un poco más fuerte y más violenta también”.
Ese fue su último mensaje.
Los sindicalistas obedecieron la orden y la represión de una o de otra manera, se lanzó a la calle a sangre y fuego. Si desde su llegada a Ezeiza las acciones ilegales se habían cobrado numerosas víctimas, a partir de ese momento, y con la muerte del líder, las calles de la Argentina se convirtieron en trincheras sangrientas. Con la policía actuando fuera de la ley y los matones que partían a la luz del día hacia violentas incursiones, el clima de muerte imperó hasta que se produjo el golpe de estado de 1976 y los militares decidieron copiar un sistema que les parecía muy eficiente.
Sobre el pasado siempre hay diferentes interpretaciones. La memoria es un archipiélago móvil. Pero las declaraciones están registradas, los decretos firmados. Y algunas condenas ejecutadas. Podemos priorizar unos hechos, omitir otros, por las razones que cada uno elija. Pero lo importante, lo realmente importante es que no hay un monopolio u oligopolio ni de la memoria ni del olvido porque, como dice el filósofo italiano Remo Bodei, “La memoria es un campo de batalla”.
*Autores de Perón y la Triple A. Las 20 advertencias a Montoneros (Sudamericana, 2015)
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