Se cerraron los últimos tres legajos judiciales que estaban en trámite por los crímenes cometidos por la Triple A

El primer atentado realizado por la Alianza Anticomunista Argentina, la banda de ultraderecha conocida como Triple A, fue el 21 de noviembre de 1973. El por entonces senador radical por Chubut Hipólito Solari Yrigoyen se salvó de morir al explotar una bomba que destruyó su auto, un Renault 6.

Pasaron casi 46 años desde aquel momento hasta que la jueza federal María Eugenia Capuchetti firmó una resolución declarativa en la que determinó que el atentado contra Solari Yrigoyen lo hizo la Triple A y su autor "mediato" fue José López Rega, ministro de Bienestar Social durante los gobiernos de Héctor J. Cámpora, Raúl Lastiri,  Juan Domingo Perón e María Estela "Isabel" Martínez, la viuda del General.

Fue López Rega- fallecido en junio de 1989 mientras estaba detenido-quien armó, financió y encubrió a la Triple A, la banda parapolicial creada desde el Estado que perseguía y mataba "comunistas". Aquel grupo armado de derecha se presentaba como forma de contrarrestar el crecimiento de las organizaciones armadas de izquierda y, replicando el modelo de bandas militares de otros países, infundir terror en la población.

La resolución declarativa fue firmada por la jueza que está a cargo-desde mayo de este año- del caso más antiguo que se tramita en la justicia federal. Si bien no se pudo identificar a los autores del hecho que afectó a Solari Yrigoyen, se le pudo adjudicar la responsabilidad mediata a López Rega como jefe de la banda.

En la segunda resolución declarativa de Capuchetti se expidió en el caso del asesinato de Luis Norberto Macor, militante de Montoneros que fue secuestrado de su casa en La Plata el 6 de agosto de 1974. Su cuerpo acribillado fue encontrado cerca del arroyo El Gato, entre Punta Lara y la capital de la provincia de Buenos Aires. Según reconstrucciones periodísticas, el asesinato de Macor fue cometido por la Triple A con la asistencia de otra banda paramilitar de ultraderecha de aquellos años: la Concentración Nacional Universitaria (CNU). López Rega fue considerado autor mediato del crimen sin que se pudiera dar con los que apretaron el gatillo.

La jueza Capuchetti también firmó una resolución declarativa en el caso del asesinato de Silvio Frondizi, hermano del ex presidente de la Nación Arturo Frondizi. A Frondizi-abogado de presos políticos e intelectual marxista- lo secuestraron el 27 de septiembre de 1974. Se lo llevaron de su casa. Previo al secuestro los integrantes de la banda armada desde el Estado balearon e hirieron -luego moriría- a su yerno Luis Mendiburu, quien intentó impedir el secuestro. El cadáver de Fondizi apareció horas más tarde en Ezeiza cerca de un predio estatal cuya vigilancia estaba a cargo del ministerio de Bienestar Social que encabezaba López Rega.

Esos crímenes también fueron cometidos por la Triple A y en resolución declarativa se considera a López Rega el autor mediato porque no pudo identificarse a la patota que realizó el operativo. Mediante un comunicado enviado al diario Crónica,  la Triple A se había adjudicado el asesinato de Frondizi. No quedaban dudas, pero la certeza judicial recién se plasmó hace unos días cuando se cerró el legajo en el que se investigaba el secuestro y asesinato de Frondizi y la muerte de su yerno.

En las resoluciones de Capuchetti, a las que Infobae accedió a través de fuentes judiciales, se señala que "el presente pronunciamiento no tiene carácter de una acción punitiva, sino que resulta meramente declarativo" y se dicta "a los efectos de conocer la verdad de los hechos, y así satisfacer esa necesidad tan profunda del ser humano de saber lo que realmente sucedió, y que la autoridad judicial así lo declare". "Durante el transcurso de esta investigación -sigue diciendo el escrito-, se han recabado numerosos testimonios de personas que han relatado todas las circunstancias vividas -y también oídas-, con la emoción y la tristeza de haber sido testigos directos -e indirectos- de estos hechos aberrantes por los que atravesó nuestro país y sociedad.  Se han expresado con dolor, temor, reviviendo el sufrimiento causado por las situaciones vividas y por no conocer la verdad de lo ocurrido.  Y ciertamente, debemos como Poder del Estado dar esa respuesta".

La causa se abrió en por la denuncia que hiciera en 1975 el abogado –militante en la defensa de los derechos humanos, fallecido en 2012- Miguel Ángel Radrizzani Goñi.  Había denunciado a López Rega y a los comisarios Rodolfo Almirón y José Ramón Morales, responsables operativos de la Triple A. La denuncia la hizo luego de leer una nota en el diario La Opinión en la que se explicaba, a partir de un informe oficial, el funcionamiento de la Triple A.

Durante estas más de cuatro décadas, la causa estuvo en manos de varios jueces. El fiscal que originalmente acusó a López Rega cuando fue detenido era Aníbal Ibarra y el actual fiscal del caso es Eduardo Taiano.

En las resoluciones firmadas por Capuchetti se recuerda algo que se determinó en el expediente sobre los crímenes cometidos por la Triple A: "Tales hechos fueron considerados de Lesa Humanidad en la resolución dictada por este Juzgado el 26 de diciembre de 2006  en razón de las motivaciones que habrían tenidos sus autores, que se enmarcaban en cuestiones ideológicas, y que ellos fueron cometidos al amparo del Estado y con garantía de impunidad, constituyendo la antesala e inicio del plan sistemático que desde el aparato del Estado se desarrollara en el período comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983".

Por entonces el juez del caso era Norberto Oyarbide. Ese mismo juez-quien renunció a su cargo en 2016- había pedido, en febrero de 2007, la extradición de la ex presidente "Isabel" Martínez para juzgarla por su responsabilidad en los crímenes cometidos por la Triple A. Aquel pedido fue rechazado por España, donde vive la ex presidente desde que salió del país durante la dictadura militar  que en 1976 derrocó a su gobierno.

Según fuentes judiciales, se abrieron más de 600 legajos por distintos crímenes cometidos por la Triple A. Con las tres resoluciones declarativas firmadas a fines de agosto Capuchetti cerró todos los legajos que estaban abiertos. La causa sigue abierta porque un integrante de la Triple A- Salvador Siciliano- fue localizado en Brasil y ese país rechazó el pedido de extradición presentado por las autoridades judiciales argentinas.

Cuarenta años después de los hechos, parte de la investigación finalizó con la condena a cuatro años de prisión por asociación ilícita de Jorge Héctor Conti y Carlos Alejandro Villone, acusados de ser el enlace entre López Rega y los integrantes de la Triple A. También fueron condenados Norberto Cozzani, Rubén Arturo Pascuzzi, y Julio José Yessi.

En cambio, López Rega, Almirón y Morales murieron impunes.