La Sala II de la Cámara Federal porteña rechazó el pedido de excarcelación realizado por Sebastián Romero, el militante de izquierda que en diciembre de 2017 había sido retratado en la Plaza de los Dos Congresos disparando un mortero casero contra la policía en una marcha organizada contra la reforma previsional impulsada por el gobierno de Mauricio Macri.
Romero, ex delegado gremial en General Motors, ex precandidato a diputado nacional y dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PTSU) en Rosario –que se convirtió en un fenómeno en redes sociales al ser apodado “gordo mortero”– fue detenido a fines de mayo pasado en la ciudad uruguaya de Chuy, en la frontera con Brasil.
Romero fue extraditado en junio pasado desde Uruguay. Había estado prófugo desde el mismo día de los incidentes por los cuales se le había dictado el pedido de captura. Fue imputado por intimidación pública, daños y resistencia a la autoridad. Nada se sabe de dónde estuvo entre 2017 y 2020.
El caso está radicado en el juzgado federal 12, que que cuando se inició la causa estaba a cargo de Sergio Torres -hoy juez de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires-. Hasta hasta fin de mes, el expediente estará en manos del juez Rodolfo Canicoba Corral, que subroga en el juzgado de Torres y presentó su renuncia a la magistratura. Interviene en la causa la fiscal Alejandra Mángano. Romero quedó detenido luego de haber sido hallado en Uruguay y extraditado a la Argentina. Canicoba Corral rechazó el pedido de excarcelación con el respaldo de la fiscal Mángano debido a que existe peligro de fuga.
La defensa de Romero apeló ante la Sala II de la Cámara Federal porteña, que está integrada por los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, y que resolvieron hoy rechazar la excarcelación de Romero. Los jueces argumentaron que los hechos por los que fue imputado Romero son graves y que persiste el peligro de fuga.
La resolución firmada por Irurzun y Bruglia a la que accedió Infobae señala que “de acuerdo con lo que surge de las actuaciones, el imputado, con el propósito de eludir el accionar de la justicia, habría abandonado su hogar y lugar trabajo, logrando salir del país e ingresar al Uruguay -presuntamente a través de la República Federativa de Brasil- sin dejar rastros formales de su itinerario. Y ello aconteció no obstante los esfuerzos concomitantes destinados a encontrarlo, los que incluyeron numerosas tareas de investigación, la emisión de una orden de captura internacional y el ofrecimiento de una recompensa para quienes aportaran información relativa a su paradero”.
En la resolución Irurzun y Bruglia se refirieron al dictamen de Mángano en el que se opuso a la excarcelación: “A su vez, se advierte que la Fiscal destacó que al producirse su detención, el recurrente había modificado su aspecto físico con el alegado fin de ‘dificultar su captura', y que se habría mantenido oculto en el extranjero sin hacer uso del dinero depositado en su cuenta bancaria. Tal ponderación, sumada a la complejidad de las maniobras que debieron desplegarse para garantizar la huida en las condiciones destacadas, llevaron a la Fiscal y al propio Juez de grado a inferir que el nombrado habría gozado de la asistencia de terceros”.
Para concluir los camaristas señalaron que “vale aclarar que la defensa no ha puesto en duda los episodios aquí relatados, ni ha negado la fuga emprendida por el nombrado tras conocer la existencia de esta causa”. Es por eso que Romero seguirá detenido.
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