La regional porteña de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito convocó este lunes al mediodía a una concentración frente a la Casa de la provincia de Tucumán para exigir que se practique la interrupción legal del embarazo (ILE) a una niña de 11 años que fue violada.
En el edificio ubicado en Suipacha 140, las integrantes de la Campaña convocan a las 12.30 horas a manifestarse para que la Justicia tucumana permita la realización del aborto a la menor que cursa un embarazo de por lo menos 5 meses a raíz de haber sido abusada sexualmente por la pareja de su abuela, un hombre de 65 años que fue detenido.
La niña vivía con ellos hace seis años por disposición de la justicia (su madre perdió la guarda cuando su pareja abusó de sus dos hijas mayores) y en un momento en que quedó sola con su abuelastro, fue violada.
"Dos fiscalías, dos defensorías de menores, un juzgado de familia, el sistema de salud público de Tucumán, el Estado y grupos de fundamentalistas anti-derechos ejercen presión para someter a la niña a una internación aislada innecesaria con el fin de obstaculizar su acceso al derecho de interrumpir la gestación", reza la convocatoria. "Forzar a una niña a continuar con un embarazo resultado de un abuso sexual y someterla a prácticas médicas riesgosas como la cesárea, es tortura".
La fiscal Adriana Giannoni, que decidió actuar de oficio, informó que espera una confirmación oficial sobre el estado de salud de la niña y precisiones sobre el tiempo de gestación para decidir si se interrumpe el embarazo o no.
"Estoy encima de este caso de manera personal. Tengo una cercanía con la niña y su madre. La niña quiere continuar con su embarazo. Consideramos los riesgos pero ella es grande de contextura, tiene más de 50 kilos", indicó en tanto el secretario de Salud provincial Gustavo Vigliocco en declaraciones a Radio Con Vos. Sin embargo, fuentes judiciales señalaron a Página 12 que la menor dijo a una psicóloga del hospital donde está internada una frase que consta en su historia clínica: "Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo".
"Buscan imponer la maternidad, aún cuando la niña y su familia expresaron claramente la intención de interrumpir el embarazo, en el marco de los establecido por el artículo 86 del Código Penal en la interpretación del Fallo F.A.L emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación", destacaron en la convocatoria, sobre el protocolo nacional que permite la ILE sin judicialización.
También se exige "la destitución de cada uno de los actores que fueron cómplices de la obstaculización del ejercicio de este derecho".
"Es indignante que, una vez más, filtren datos de la paciente y su familia, exponiéndoles al juzgamiento social, en una práctica que debiera ser reservada e inmediata en cualquier hospital y centro de salud del país", concluyeron.
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